Frente a la inseguridad y robo de unidades que se registra en las carreteras del país, diputados buscan reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para exentar a los propietarios del pago por el arrastre, salvamento y depósito de vehículos (corralón) cuando sus unidades sean recuperados por las autoridades.
La diputada del PRI, Leticia Barrera Maldonado recordó que en la actualidad la ley no contempla el supuesto de exentar de dichos cobros a las víctimas de delito, lo que genera una doble afectación económica: la pérdida de ingresos mientras la herramienta de trabajo está fuera de operación y la obligación de pagar por maniobras y resguardos que la víctima no provocó.
“Los costos por los servicios auxiliares de arrastre, salvamento y depósito de vehículos (corralón) no puedan ser trasladados al propietario o legítimo poseedor que acredite el derecho sobre la unidad”, reclamó
La también Presidenta de la Confederación Nacional Campesina, recordó que durante 2025 se estimaron más de 16 mil incidentes de robo al autotransporte de carga en los fueros común y federal, ocasionando pérdidas anuales superiores a los 7 mil millones de pesos, además del encarecimiento de primas de seguro y afectaciones severas a la cadena de suministro nacional.
Recordó que el 82 por ciento de estos robos son cometidos con extrema violencia, poniendo en riesgo la vida e integridad de los operadores, por lo que el Estado debe garantizar medidas de reparación integral y protección efectiva acordes con la Ley General de Víctimas y el artículo 20 de la Constitución.
“La recuperación de un vehículo robado debe representar para la víctima la restitución de su patrimonio y el restablecimiento de su actividad productiva, no el inicio de una nueva carga económica”, señaló Barrera Maldonado.
La también Presidenta de la Confederación Nacional Campesina (CNC) advirtió que el 82 por ciento de estos robos son cometidos con extrema violencia, poniendo en riesgo la vida e integridad de los operadores, por lo que el Estado debe garantizar medidas de reparación integral y protección efectiva acordes con la Ley General de Víctimas y el artículo 20 de la Constitución.
Aclaró que la medida no busca eliminar los servicios auxiliares de arrastre ni interferir con el régimen tarifario o investigaciones penales, sino establecer una regla clara y justa de justicia social.
“Quien fue víctima de robo no debe pagar por las consecuencias administrativas derivadas del rescate de su patrimonio”, indicó