La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) advirtió que durante los gobiernos de Morena se han desmantelado y desaparecido alrededor de 24 programas e instituciones de apoyo al sector agropecuario y rural, situación que, aseguró, ha dejado a pequeños y medianos productores sin suficientes herramientas para mantener sus actividades.
Álvaro López Ríos, secretario general de la UNTA, señaló que actualmente los trabajadores del campo enfrentan un “vacío estructural” debido a la falta de créditos, subsidios tecnológicos y mecanismos de protección ante los cambios climáticos y las variaciones de precios en los mercados.
El dirigente explicó que la falta de financiamiento público, la eliminación de esquemas de comercialización y el retiro de apoyos para incorporar nuevas tecnologías han provocado un estancamiento en la producción de granos básicos.
De acuerdo con sus declaraciones, México actualmente produce solamente el 42 por ciento de los granos y oleaginosas que necesita, situación que, desde su perspectiva, representa un retroceso en los objetivos de autosuficiencia alimentaria planteados por el Gobierno federal.
Como ejemplo de esta problemática, López Ríos mencionó que las importaciones mexicanas de granos, oleaginosas y sus derivados aumentaron 1.8 millones de toneladas durante los primeros nueve meses de 2026, según un informe del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Además, señaló que las compras de maíz en el extranjero podrían alcanzar casi 26.5 millones de toneladas en 2027, frente a los 25.6 millones estimados para 2026.
El representante de la UNTA indicó que productos como maíz, trigo, frijol, sorgo, arroz y soya registran menores volúmenes de producción, menos superficie cosechada y rendimientos inferiores a los de administraciones anteriores.
Entre los programas e instituciones que dejaron de operar, mencionó la Financiera Rural, que anteriormente funcionaba como una banca de desarrollo pública y otorgaba créditos con intereses bajos y condiciones adaptadas a los ciclos agrícolas.
Explicó que, tras su desaparición, muchos agricultores tuvieron que recurrir a bancos comerciales, intermediarios informales y prestamistas locales, lo que incrementó el riesgo de endeudamiento y de perder sus tierras.
También señaló que la cancelación de coberturas de precios dejó a los productores expuestos a los cambios del mercado internacional, mientras que la desaparición del Fonden y los subsidios al seguro catastrófico redujeron la protección ante fenómenos naturales que pueden destruir las cosechas.
A esto se suma, dijo, el recorte de 60 programas y subprogramas relacionados con la tecnificación del campo, lo que frenó la modernización de las actividades agrícolas y disminuyó las posibilidades de mejorar la productividad.
López Ríos consideró que los programas sociales actuales, que entregan recursos económicos directamente a los beneficiarios, no son suficientes para cubrir los gastos reales de producción, como combustible, maquinaria, fertilizantes y transporte.
Advirtió que esta situación también afecta a las familias mexicanas, debido a que la dependencia de alimentos importados puede provocar un aumento en los precios de productos básicos como tortillas, pan, harinas y alimentos para el ganado.
Finalmente, el secretario general de la UNTA alertó que el encarecimiento de los alimentos ha provocado que algunas familias reduzcan sus compras y sustituyan productos como carne y leche por opciones más económicas, incluso alimentos ultraprocesados con menor valor nutricional.
Ante este panorama, la organización consideró necesario recuperar los mecanismos de financiamiento, protección y apoyo tecnológico para fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia alimentaria del extranjero.