México envejece a pasos agigantados lo que impacta las finanzas públicas y se convierte en una bomba de tiempo para el país pues al aumentar la población en edad de retiro, crecen las obligaciones de pensiones y jubilaciones, así como las necesidades de atención sanitaria, lo que compromete funciones que debe brindar el Estado como la salud para la población mexicana en general.
Las pensiones y jubilaciones absorben la mayor parte del presupuesto de los dos principales institutos de seguridad social del país; el ISSSTE destina el 73% de sus recursos totales a este rubro, mientras que el IMSS dedica el 64%. Esto limita el margen financiero para la atención médica, la infraestructura hospitalaria y el abasto de medicamentos.
De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el gasto presupuestado en pensiones y jubilaciones asciende a aproximadamente 1,704 billones de pesos, equivalente a cerca de 24% del gasto programable federal.
Eso sumado a la Pensión para el Bienestar que se multiplicó casi cuatro veces entre 2018 y 2025. Para 2026 asciende a 6, 400 pesos bimestrales, lo que representa otra fuerte presión para las finanzas públicas.
La investigadora del Departamento de Economía, de la IBERO, Gabriela Luna, advierte que la transformación demográfica avanza más rápido que nuestra capacidad para adaptar el sistema de salud, las pensiones, el mercado laboral y los servicios de cuidado.
De acuerdo a cifras del Conapo y el INEGi la esperana de vida del mexicano es de 75.9 años, lo que representa un reto para las instituciones de salud y las finanzas del Estado Mexicano.
La especialista de la IBEROI advierte que el problema no es vivir más, sino hacerlo con instituciones que no pueden garantizar una vejez digna.
Según el CONAPO, México contaba en 2025 con alrededor de 17.1 millones de personas de 60 años y más, equivalentes a 12.8% de la población.
Sin embargo, la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI registró 19.2 millones (14.7%), un nivel que las proyecciones anticipaban hacia 2030, es decir, este problema demográfico se aceleró y para 2070, se estima una proporción cercana a 34.2%.
Ello mientras la tasa global de fecundidad descendió por debajo del nivel de reemplazo a mediados de la década pasada y se ubica en torno a 1.6 hijos por mujer, mientras que la esperanza de vida, subió de a 68.9 años en 2021 por la pandemia de COVID-19, a 75.9 años.
“México debe prepararse para una sociedad con proporcionalmente menos niñas, niños y jóvenes, y más personas mayores que necesitarán ingresos, atención sanitaria y, en algunos casos, cuidados de larga duración”, advierte la especialista
Pero el problema no para ahí pues México enfrenta esta transición con un mercado laboral caracterizado por una elevada informalidad, estimada en 52 % , desigualdades de ingreso persistentes, trayectorias laborales discontinuas y grandes diferencias en el acceso a la seguridad social.
La académica del IBERO explica que millones de personas han trabajado sin acumular cotizaciones suficientes para obtener una pensión contributiva. Otras llegan a edades avanzadas con enfermedades que requieren atención permanente, pero sin ingresos suficientes para financiarla.
“La pregunta no es cuántas personas mayores tendremos, sino con qué condiciones económicas, de salud, de soporte familiar, de redes sociales y sanitarias, llegarán a esa etapa”, cuestiona
El envejecimiento –agrega-debería ser una etapa estable del ciclo de vida, pero puede convertirse en un detonante adicional de desigualdad cuando la longevidad se crece más rápido que los recursos necesarios para sostenerla.