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De 374 auditorías por aclarar, 296 corresponden a entidades federativas, 42 a municipios y alcaldías, y 36 a instituciones federales, que presentan problemas de comprobación, supervisión y documentación del gasto, incluidos $3,790.30 millones vinculados con organismos electorales

La ruta del dinero. Los $9 mil millones bajo revisión de la ASF

Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Audittoría Superior de la Federación Audittoría Superior de la Federación (La Crónica de Hoy)

Más de $9,000 millones pendientes de aclaración. Municipios que no pudieron acreditar el destino de recursos federales. Empresas con operaciones millonarias y una estructura laboral mínima. Estos fueron algunos de los asuntos expuestos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 30 de octubre, al presentar la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025.

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardiel, dio cuenta de 374 auditorías. De acuerdo con el desglose del portal institucional, 296 corresponden a entidades federativas, 42 a municipios y alcaldías, y 36 a instituciones federales. Los resultados permiten identificar problemas de comprobación, supervisión y documentación del gasto que requieren atención de las entidades fiscalizadas.

El dato municipal merece una lectura particular. En 42 auditorías se reportaron más de $5,200 millones cuyo destino no pudo acreditarse suficientemente. No se trata de una cantidad menor ni de un asunto que pueda explicarse únicamente por expedientes incompletos. La falta de evidencia impide comprobar si los recursos llegaron a su destino, si los bienes fueron recibidos o si los servicios y las obras correspondieron a lo contratado.

En las entidades federativas quedaron más de $1,200 millones pendientes de aclaración, principalmente en educación y salud. Durante las revisiones se reintegraron $1,132 millones a la Tesorería de la Federación, incluidos $553 millones correspondientes al sector salud.

Las devoluciones son relevantes para la recuperación de recursos, pero también obligan a examinar el origen de las observaciones. ¿Por qué determinadas operaciones tuvieron que llegar a una auditoría para ser corregidas? La pregunta corresponde a las áreas financieras, administrativas y de control de las instituciones involucradas.

En el ámbito federal, las observaciones conjuntas por $2,327 millones al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México colocan la atención en la documentación de movimientos financieros y gastos de operación. La aclaración de esos importes dependerá de la evidencia que presenten las entidades dentro de los procedimientos correspondientes.

La presentación incluyó un asunto distinto, por su alcance y periodo de investigación: las operaciones de proveedores relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales.

La ASF informó sobre dos grupos empresariales que realizaron operaciones por $8,870.30 millones con distintas instituciones públicas entre 2014 y 2026. Dentro de ese universo se identificaron $3,790.30 millones vinculados con organismos electorales.

Entre los elementos examinados figuran subcontrataciones entre empresas que participaron en procedimientos de licitación, relaciones comerciales entre sociedades de los mismos grupos y proveedores con registros laborales reducidos o inexistentes.

Una empresa con pocos trabajadores no es, por ese solo hecho, una empresa irregular. La revisión debe establecer si tenía capacidad para cumplir las obligaciones contratadas, quién realizó efectivamente los trabajos y si los pagos corresponden a bienes o servicios entregados.

Tampoco sería correcto presentar los $8,870.30 millones como un fraude acreditado. La cantidad corresponde a operaciones investigadas durante varios ejercicios y no debe confundirse ni sumarse automáticamente a los importes pendientes de aclaración de la Cuenta Pública 2025.

La ASF dio cuenta, además, de investigaciones sobre posibles triangulaciones financieras en Nuevo León y Sinaloa. En estos casos resulta necesario reconstruir las operaciones, identificar a los beneficiarios y comprobar la relación de los movimientos con los contratos respectivos. La existencia de vínculos comerciales o personales no determina, por sí misma, una responsabilidad.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México se mencionaron posibles irregularidades relacionadas con una plataforma tecnológica utilizada en procesos de admisión. La revisión de los contratos, la prestación del servicio y los registros electrónicos resulta necesaria para establecer qué ocurrió.

El auditor superior reportó igualmente 40 denuncias penales presentadas durante los primeros seis meses de su gestión, tres de ellas relacionadas con auditorías en desarrollo. Entre los hechos denunciados se encuentran obras pagadas y no ejecutadas, equipo médico no localizado y documentación presuntamente falsa para acreditar obligaciones de seguridad social.

A ello, se agregan 60 promociones ante autoridades fiscales y de seguridad social para examinar posibles incumplimientos de proveedores. Estos procedimientos tienen alcances diferentes de las observaciones de auditoría y deberán resolverse por las autoridades competentes.

Las cifras requieren cuidado. Un monto observado no equivale necesariamente a un daño patrimonial definitivo; una denuncia no constituye una sentencia, y una recuperación no significa que hayan desaparecido las deficiencias de control que dieron origen al problema.

Hay, sin embargo, una cuestión administrativa que atraviesa los resultados. Las instituciones cuentan con áreas responsables de autorizar, registrar, supervisar y comprobar el gasto. Cuando no existe evidencia suficiente para reconstruir una operación, corresponde examinar en qué momento falló ese proceso.

Una factura puede demostrar que se emitió un comprobante, pero no que se entregó un bien. Un contrato establece obligaciones, aunque no acredita su cumplimiento. Para comprobar el gasto deben relacionarse los registros contables y presupuestarios con la documentación contractual y la evidencia material de lo recibido.

Lo mismo ocurre con los sistemas de información. Su utilidad no depende solamente de registrar operaciones, sino de permitir su seguimiento desde la autorización hasta el pago y la comprobación final. Sin conciliaciones, expedientes completos y supervisión efectiva, la información pierde capacidad para explicar el destino de los recursos.

La segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 deja observaciones que deberán atenderse y procedimientos cuyo resultado todavía está por determinarse. Habrá que distinguir cuáles importes se aclaran, cuáles se recuperan y qué responsabilidades llegan a acreditarse.

Los informes permiten conocer cuánto dinero está bajo revisión. La tarea pendiente es comprobar quién autorizó las operaciones, cómo se aplicaron los recursos y qué recibió cada institución a cambio. Mientras esas preguntas no tengan respuesta documental suficiente, la cuenta seguirá abierta.

Análisis de especialistas del Colegio de la Contaduría Pública de México y presentados a nuestros lectores cada 15 días.

*El autor es presidente de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de la Contaduría Pública de México. Cuenta con amplia trayectoria en auditoría, fiscalización y contabilidad gubernamental.

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