Tres familias de migrantes centroamericanos fueron beneficiados con la justicia mexicana al recurrir a un amparo para que se les brinde un lugar donde vivir durante su estancia en nuestro país, luego de que fueron desalojados de un albergue ubicado en Reynosa, Tamaulipas, bajo el argumento de que el inmueble se encontraba en los bordes del Río Bravo y sería demolido, sin que hubiera mandamiento judicial de por medio.
El juez séptimo de Distrito valoró las pruebas presentadas por el desalojo, y halló que la decisión de dejar a los migrantes de origen hondureña y salvadoreña estaban en condición de vulnerabildad porque no existía un juicio para demoler el inmueble.
En la sentencia de un minuto del Consejo de la Judicatura Federal, se relató que los migrantes se encontraban en situación de vulnerabilidad, por lo que el juzgador concedió garantizar el derecho humano a la protección de la vida y ordenó a las autoridades muncipales de Reynosa, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Sección Mexicana dela Comisión Internacional de Límites de Aguas entre México y EU reubiquen a las familias de migrantes, pues lo que hicieron "es inconstitucional".
La sentencia advierte que en México se protegen los derechos humanos de los migrantes.
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