En México existe la idea profundamente arraigada de que lo público es sinónimo de bueno. Toda inversión pública se asume que responde al interés general y que tiene una misión social. Lo mismo ocurre con las empresas públicas: para muchos ciudadanos, su sola existencia implica que están guiadas por el bienestar colectivo, no por el lucro, y por tanto merecen confianza.
Sin embargo, la economía pública y la evidencia empírica muestran que las cosas no funcionan así. Que un proyecto sea estatal no lo hace automáticamente útil, eficiente o socialmente valioso. Todo proyecto —público o privado— consume recursos escasos, y que sea el Estado quien los administra no elimina la necesidad de saber si esos recursos están generando bienestar o simplemente se están desperdiciando.
Beneficio social y privado
La regla fundamental es sorprendentemente sencilla: un proyecto público solo vale la pena si el beneficio social supera al costo social. Si bien la frase anterior es básica, es importante entender la diferencia entre costos y beneficios privados y costos y beneficios sociales.
El beneficio privado es lo que gana directamente una persona o empresa por tomar una decisión económica -comprar algo, producir, invertir, consumir- mientras que el beneficio social incluye ese beneficio privado más cualquier efecto positivo que dicha actividad genera sobre terceros. De manera similar, el costo privado es lo que paga o sacrifica el agente económico que toma la decisión, pero el costo social incorpora además los efectos negativos que recaen sobre otras personas, empresas, comunidades o el medio ambiente.
Esta distinción es relevante porque, en la vida cotidiana, la mayoría de las decisiones económicas se toman considerando únicamente los beneficios y costos privados. Sin embargo, con proyectos públicos, la decisión debe estar basada en los beneficios y costos sociales. Cuando lo privado y social no coinciden, el Estado suele y debe intervenir para
evitar que una cantidad menor o mayor de esa actividad se realice con respecto a lo que es deseable desde el punto de vista de toda la sociedad.
Para dejar mejor en claro la diferencia entre los beneficios y costos sociales podemos poner como ejemplo la construcción de una carretera. Para la empresa u organismo que la construye, el beneficio privado consiste únicamente en los ingresos que obtiene por los peajes que pagan los usuarios. Pero la carretera genera beneficios sociales como el tiempo que ahorran los usuarios en sus traslados, la reducción en los costos de transporte de empresas o los beneficios de conectar diferentes mercados. Todos esos beneficios son reales, pero no aparecen en los estados financieros de quien construye. Por eso, si solo se considerara el beneficio privado, muchas carreteras socialmente valiosas nunca se construirían. Pero de la misma forma, a los costos privados (construcción, mantenimiento y operación) deben sumarse los costos sociales que incluyen los costos ambientales y la afectación a comunidades locales entre otras cosas.
Este ejemplo muestra por qué es tan importante distinguir entre beneficios y costos privados y sociales: una carretera o un tren pueden ser muy atractivos para ciertos usuarios, pero aun así no ser rentable socialmente. O al revés, pueden generar enormes beneficios sociales que no se perciben directamente y que, por ello, requieren de la participación del Estado para que se lleven a cabo.
El problema
Por lo tanto, cuando se decide utilizar los recursos escasos del gobierno, es necesario asegurarnos que todo proyecto de inversión pública que se lleve a cabo tenga un beneficio social neto positivo y no sólo eso, sino también que haya una priorización con base en los rendimientos netos de cada proyecto. Sin embargo, parece no ser el caso en México a pesar de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así lo dispone. Lo anterior facilita el uso de los recursos públicos en el desarrollo de proyectos sin rentabilidad social y en ocasiones con fines políticos y clientelares
Una razón es que en muchas ocasiones los estudios de análisis costo beneficio son diseñados y elaborados para justificar decisiones ya tomadas, además de que existe mucha opacidad con relación a los mismos estudios y a la metodología usada. Aunque es casi seguro que esto siempre ha pasado, en agosto de este año se publicaron los nuevos “Lineamientos para el ciclo de gestión de los programas y proyectos de inversión, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” en los que parece observarse un relajamiento en la rigurosidad de la presentación de los costos y beneficios sociales. Anteriormente, para obtener el registro en cartera de un programa o proyecto de inversión era obligatorio presentar un análisis costo-beneficio o un análisis costo-eficiencia, documentos que incluían información detallada y permitían evaluar con mayor rigor la rentabilidad social de los proyectos. Hoy ese requisito fue sustituido por lo que se denomina “Ficha de Valoración Estratégica” o “Ficha de Valoración Estratégica Simple” si el proyecto es menor a 800 millones de pesos. El problema es que estas fichas ya no exigen la inclusión de muchos elementos valiosos que sí estaban presentes en los análisis de costo-beneficio. Además, ya no está disponible desde meses atrás en la página de la SHCP la cartera Pública de Inversión en la que se podían consultar los estudios de análisis costo beneficio.
El tren maya es un ejemplo de algunos de los vicios mencionados anteriormente. Si bien se desarrolló un análisis costo beneficio a través de FONATUR, la versión pública de este documento no presenta a detalle la metodología usada ni menciona en ningún apartado los posibles costos ambientales. De igual forma el análisis se llevó a cabo con un costo de 125 mil millones de pesos y no con los 500 mil millones que se estima verdaderamente costó. Posteriormente, el gobierno anunció que se realizó un ajuste al análisis costo beneficio y que el proyecto seguía siendo rentable pero no hay una versión pública de este documento (o al menos no la pude encontrar) ni bajo cuáles criterios metodológicos se desarrolló.
A unos años de su inauguración, la demanda del tren no parece ser la estimada. De acuerdo al diario El País quien tuvo acceso a un informe clasificado de FONATUR, el tren transportaría en su primer año de operación al menos a 74,000 personas diariamente, lo cual claramente no se ha cumplido. Un comunicado reciente de la empresa a cargo dela SEDENA señala que el 17 de noviembre de 2025 se rompió el récord de pasajeros transportados en un día con 7,875. Si la demanda no alcanza los niveles proyectados, el tren maya podría convertirse en un activo deficitario que requiera subsidios anuales continuos para soportar su operación y mantenimiento.
La calidad de la inversión pública es aún más relevante hoy dadas las presiones fiscales del gobierno mexicano y la reducción de la misma (ver gráfica). La inversión pública es y debe ser un detonante de la inversión privada y del desarrollo económico. La discusión correcta se centra en utilizar los recursos públicos de la manera más eficiente y escoger aquellos proyectos de inversión que mayor rentabilidad social tengan.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
El autor es profesor-investigador del Departamento de Economía.