Frente al edificio de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un megáfono intenta llenar el vacío en la mañana del 12 de enero. Una aguda voz femenina grabada clama: “Seguimos en la lucha, somos más de 100 trabajadores”. Pero la escena contradice el audio: apenas veinte personas sostienen una manta de plástico. El eco en la fachada busca construir una percepción de fuerza que la realidad no respalda. Mientras tanto, los usuarios del Metrobús, desalojados por el bloqueo en la estación del Metrobús de Ciudad de los Deportes, lanzan insultos: “¡Pónganse a trabajar!”.
La movilización es encabezada por Luz Guerrero, exsubdirectora de Apoyo Jurídico del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Guerrero, como la mayoría de los manifestantes, pertenecía a la Unidad de Competencia Económica, un área técnica de élite que desapareció junto con el órgano autónomo. La paradoja es total: expertos en derecho que hoy enfrentan un callejón sin salida jurídica provocado por sus propias firmas, aunque insisten en dirigir la responsabilidad a la CRT porque, aseguran, heredó los pasivos del IFT. De hecho, fue el pleno del IFT quien los colocó en esta situación al no buscar una excepción a la ley que los ubicara como trabajadores con estabilidad laboral.
Antes de la extinción del IFT derivado de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Guerrero y sus colegas gozaban de un ecosistema laboral envidiable. Como subdirectora, ella realizaba teletrabajo desde Querétaro, con la obligación de asistir a la Ciudad de México solo una vez al mes (cita a la que, según colaboradores, no siempre acudía), dijeron a este medio varios ex compañeros de Guerrero.
No era la única. El 93% del personal del IFT bajo el esquema de libre designación operaba a distancia, disfrutando de prestaciones dignas de países desarrollados: sueldos de hasta 100 mil pesos para directores, seguros de gastos médicos mayores (que costaron al erario 242 millones de pesos entre 2015 y 2024), seguro de separación, becas de posgrado, apoyo para vehículo, comedor institucional y subsidios para internet y electricidad. Hasta la entrega de sillas ergonómicas y pantallas, fueron otra de las prestaciones que favorecieron a este grupo.
El error de los “expertos”
El conflicto actual nace de una pifia. En noviembre pasado, tras la extinción del IFT, los 133 extrabajadores y extrabajadoras de confianza creyeron haber ganado una batalla política. La Secretaría de Hacienda y la CRT parecían dispuestas a indemnizarlos, a pesar de que legalmente eran personal de “libre designación”, sin estabilidad laboral.
Sin embargo, en la prisa por obtener liquidez inmediata, los trabajadores, como lo confirma la CRT y ellos mismos, firmaron un documento que ahora se interpreta como su baja voluntaria para cobrar el Seguro Individualizado de Retiro (SIR) ante la aseguradora MetLife. Este fondo bipartito entregó pagos de entre 1 y 2 millones de pesos a varios de ellos. A través de redes sociales, los propios extrabajadores reconocen que nadie les avisó que no debían firmar ningún documento.
El problema es que, al firmar de “común acuerdo y a entera satisfacción” para cobrar el seguro, legalmente habrían validado su renuncia voluntaria. Los extrabajadores no están de acuerdo y piden retomar el acuerdo político. La CRT y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) ahora sostienen que ese documento impide el pago de una liquidación adicional, pues no hubo un despido injustificado, sino una terminación aceptada por el empleado. Pero el camino al laudo está abierto y el tiempo en los tribunales para dirimir la controversia se agota.
La fractura interna y el “diezmo”
A medida que la vía legal se agota, el movimiento se resquebraja. Casi la mitad de los inconformes ha abandonado el grupo de Luz Guerrero. Algunos, como Adrián Rivero, exdirector de Análisis Jurídico del IFT, decidieron emprender demandas individuales, cansados del desgaste económico y logístico de las protestas públicas y mediáticas. Si los trabajadores del IFT firmaron su baja en octubre y no han presentado una demanda formal ante el Tribunal, su plazo de 60 días naturales para inconformarse por el despido injustificado podría estar por vencer o ya venció, dijo un abogado en materia laboral. Los extrabajadores y extrabajadoras argumentan, sin embargo, que enfrentan una situación diferente por tratarse de una extinción de la fuente de trabajo.
En entrevista, Adrián Rivero confirma que, en su caso, la estrategia colectiva y de resistencia con manifestaciones en vía pública, denuncias mediáticas y en redes sociales ya se agotó.
Rivero confirmó que decidió abandonar el grupo que encabeza Luz Guerrero para buscar una salida individual en los tribunales. Su diagnóstico es claro: el desgaste emocional y económico de las protestas ya no es sostenible, pero, sobre todo, reconoce que la estrategia legal debe ir por otra ruta convencido de que existen elementos para ganar, pero fuera del ruido mediático.
A Luz Guerrero se le cuestiona sobre las conversaciones en chats de WhatsApp del grupo que encabeza en donde la dirigencia en donde participaba junto con Adrián Rivero planteaba cobrar una comisión del 10% de cada liquidación obtenida. En los chats, Guerrero justificaba el cobro argumentando el “desgaste físico e intelectual” de su gestión, señalando que un abogado externo cobraría hasta el 30%. Aunque en entrevista Guerrero asegura que quienes propusieron cuotas ya no están en el grupo, el testimonio de extrabajadores y las capturas de pantalla sugieren que el “diezmo” fue una estrategia central para financiar la confrontación pública y evitar acudir a tribunales.
¿Callejón sin salida?
El pasado 20 de enero, el grupo llevó su protesta a Palacio Nacional buscando la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la respuesta institucional es gélida. La Subsecretaría de Egresos de Hacienda ya advirtió a la CRT que pagar indemnizaciones sin sustento legal derivaría en responsabilidades administrativas para los funcionarios que firmen los ansiados cheques de liquidación.
El TFCA ha sido claro: la CRT está “impedida normativamente” para realizar pagos extraordinarios. Los mediadores de la Secretaría de Gobernación y del Tribunal sugieren que el camino no es el bloqueo de avenidas, sino los juzgados. No obstante, Guerrero se resiste a la vía judicial individual, sabiendo que un proceso de ese tipo podría tardar años y, tras haber firmado la baja voluntaria ante la aseguradora, las posibilidades de éxito son mínimas. Así lo aseguró en entrevista. Ella quiere una decisión política.
Hoy, la que fuera la élite operativa del sector telecomunicaciones en México se encuentra atrapada. Pasaron de gestionar la competencia económica del país desde la comodidad del hogar, a quedar a la deriva por una estrategia legal deficiente. El movimiento que nació con el estruendo de un megáfono se apaga entre divisiones internas y el peso de sus propias firmas.