Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx El autor es profesor-investigador del Departamento de Economía — El 9 de enero, el presidente Donald Trump anunció a bancos y empresas financieras estadounidenses emisoras de tarjetas de crédito que, once días después, deberían cobrar a los deudores de sus tarjetas una tasa máxima de interés de 10%. Con ello, según explicó, quería asegurarse de que los estadounidenses no fueran objeto de abusos por parte de las empresas emisoras de tarjetas de crédito, que cobran tasas de interés de entre 20% y 30%, e incluso superiores. Esta medida estaría vigente por un año. La reacción fue de sorpresa. Representantes del sector financiero comenzaron a argumentar que el presidente no tenía la potestad para imponer tal regulación, pues ello corresponde al Congreso. La amenaza quedó en el aire, sin que hasta ahora se haya traducido en una acción concreta.
Más allá de su viabilidad legal o de su implementación inmediata, el anuncio apunta a un problema económico real que sigue pesando en la agenda política estadounidense: el alza en el costo de vida. El encarecimiento del día a día se ha convertido en una de las principales preocupaciones del electorado estadounidense. Tras registrar una inflación cercana al 8% en 2022, una cifra no vista en décadas, muchos consumidores —poco habituados a este fenómeno— exigieron al entonces presidente Joe Biden que tomara medidas para reducir los precios.
En un inicio, el propio mandatario pareció compartir esa demanda, pero sus asesores le hicieron notar que el objetivo de la Reserva Federal no es revertir el nivel de precios, sino más bien desacelerar su crecimiento. La dificultad para comunicar esta distinción generó frustración social y, según algunos analistas, contribuyó al desgaste político de la administración demócrata. Trump parece haber aprendido de ese episodio y, con el anuncio de un tope a las tasas de interés, enviar una señal de respuesta directa a un electorado presionado por el costo del crédito. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Vanderbilt, una tasa límite de 10% podría representar un ahorro anual cercano a 100 mil millones de dólares en pagos de intereses para deudores con buen y regular historial crediticio.
Si bien un tope a la tasa de interés puede mejorar la situación financiera de ciertos deudores, la evidencia empírica documentada en diversos estudios sugiere que también genera efectos adversos sobre otros segmentos.
En el caso de países en desarrollo, por ejemplo, análisis basados en datos de Kenya y estudios del Banco Mundial muestran que entre estos efectos se encuentran el aumento de comisiones como mecanismo para compensar pérdidas, una reducción en la oferta de crédito para deudores de mayor riesgo y la desaparición de instituciones financieras que atendían a población de bajos recursos, entre otros.
Si bien la imposición de un tope a la tasa de interés probablemente no sea la mejor medida, ello no implica que no deban explorarse otras alternativas para reducir tasas excesivamente altas que no parecen estar plenamente justificadas por el riesgo crediticio.
Detonar la competencia y fortalecer la educación financiera de los consumidores son medidas frecuentemente mencionadas, pero su impacto hasta ahora parece limitado. Para ilustrarlo, conviene observar el caso de México a partir de dos productos que ofrece la banca: el crédito de nómina y los préstamos personales. El saldo de la deuda en estos productos, a octubre de 2025, ascendía a 736 mil millones de pesos, una cifra 10% superior al saldo impago de las tarjetas de crédito.
La principal diferencia entre ambos productos es que, en el crédito de nómina, el empleador se compromete a descontar directamente del salario del trabajador el pago del crédito y a transferirlo a la institución financiera, lo que reduce de manera significativa el riesgo de incumplimiento. Para ilustrar este punto, recurrimos a los datos de estos productos bancarios correspondientes a la etapa 1, que aparecen en la página electrónica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde los préstamos y créditos se presentan clasificados de acuerdo con el ingreso de los deudores.
La etapa 1 agrupa todos los préstamos y créditos otorgados cuyos pagos se encuentran al corriente o presentan un retraso de entre 1 y 29 días. Así, este segmento, que corresponde a la cartera más sana, representaba en el mes de octubre de 2025 más del 95% del total de la cartera de financiamiento de estos dos productos.
A pesar de que este segmento de la cartera de crédito es el más sano, la información presentada en el cuadro muestra la presencia de crédito particularmente caro, especialmente en el caso de los préstamos personales. Muchos de éstos se otorgan a tasas de interés que no guardan una relación clara con la tasa de inflación que registra el país. Tratándose de deudores cuyo riesgo crediticio es bajo, resulta llamativo la magnitud de estas tasas. En este contexto, la evidencia sugiere que las tasas observadas están menos asociadas al riesgo de los deudores y más a la persistencia de estructuras de mercado con baja competencia.
A partir de las lecciones aprendidas de la imposición de topes a las tasas de interés, cuando éstas se mantienen persistentemente elevadas, los gobiernos suelen recurrir a instrumentos alternativos. Entre ellos destacan el fomento de una mayor competencia en el sistema financiero, la facilitación de la portabilidad crediticia, el fortalecimiento de la transparencia de la información y la reducción de riesgos mediante la construcción de burós de crédito más robustos.
Muchas de estas medidas ya se han implementado en México y, aun así, el problema de las elevadas tasas de interés que enfrentan muchos deudores persiste, lo que obliga a explorar medidas adicionales inspiradas en la economía del comportamiento. Entre estas se encuentran la publicación de tasas de referencia “razonables” por parte del regulador, el uso de mecanismos de presión reputacional a través de comparadores públicos, la exigencia de justificar desviaciones significativas respecto al promedio del mercado, y el uso regulado de datos alternativos para mejorar la medición del riesgo. En conjunto, estas estrategias no buscan fijar directamente el precio del crédito, sino acotar el margen para la aplicación de tasas excesivas, como las que actualmente se observan en el mercado.
El anuncio de Donald Trump parece menos una solución estructural y más una respuesta de carácter político al malestar del electorado estadounidense frente al alto costo del crédito. El desafío para Estados Unidos, México y muchos otros países no es fijar un precio máximo, sino construir un marco regulatorio que desincentive el cobro de tasas excesivas sin que ello derive en la exclusión de los deudores de mayor riesgo.