Diseñada para apoyar a empresas con Actividades Vulnerables en el cumplimiento de sus obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), la plataforma tecnológica en México, BlackPLD, es cuestionada por parte de personas físicas y morales quienes señalan posibles afectaciones patrimoniales y regulatorias por clasificaciones cuyo sustento, aseguran, no siempre pueden conocer ni controvertir.
El cuestionamiento se centra en el funcionamiento del ranking de riesgo relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Los inconformes explican que las evaluaciones de esta plataforma están dirigidas a un entorno en el que empresas con actividades vulnerables, así como notarios y corredores públicos, deben identificar y gestionar riesgos regulatorios.
Sin embargo, los señalamientos de los afectados apuntan a la necesidad de conocer qué información sustenta esas clasificaciones y qué mecanismos existen para cuestionarlas cuando se consideran incorrectas.
De acuerdo con los señalamientos que deberán documentarse mediante casos concretos, algunas personas y empresas consideran que las evaluaciones pueden generar descrédito, complicaciones regulatorias y consecuencias patrimoniales.
La preocupación radica en que una clasificación de riesgo pueda influir en decisiones comerciales o de cumplimiento sin que la persona señalada conozca con claridad qué datos fueron considerados, cómo se verificaron o qué criterios determinaron el resultado.
Explican que una alerta de riesgo no equivale, por sí misma, a una resolución de autoridad ni demuestra que una persona o empresa haya cometido una infracción. La distinción es relevante porque las herramientas privadas de evaluación pueden servir como insumo para detectar posibles riesgos, pero sus resultados deben interpretarse de acuerdo con el alcance y la calidad de la información que los sustenta.
Los inconformes también señalan dificultades para establecer comunicación con los responsables de la plataforma y obtener explicaciones sobre las clasificaciones que les conciernen. Según estos testimonios, la falta de respuesta a solicitudes de aclaración complicaría la posibilidad de corregir datos imprecisos, desactualizados o atribuidos a una persona equivocada.
Entre los aspectos que requieren esclarecerse están las fuentes de información utilizadas, los procedimientos de verificación, los criterios para asignar niveles de riesgo y las vías disponibles para presentar pruebas en contrario. También es necesario determinar si existen mecanismos para rectificar información y comunicar oportunamente las correcciones a quienes hayan recibido una evaluación previa.
La controversia plantea una cuestión de responsabilidad: cuando una herramienta tecnológica genera indicadores que pueden influir en decisiones comerciales o regulatorias, ¿qué mecanismos garantizan que sus resultados sean trazables, verificables y susceptibles de revisión?
Otro punto por aclarar es la relación de Carlos Ortiz Pacheco con la creación y operación de BlackPLD, así como la identificación de la entidad responsable de la plataforma y sus canales formales de atención. Estos elementos deben establecerse documentalmente antes de atribuir responsabilidades específicas.
Recalcaron que la postura de BlackPLD resulta indispensable para contrastar los señalamientos, conocer la metodología que utiliza y establecer qué procedimientos aplica para atender reclamaciones. Entre las preguntas pendientes están cómo valida la información, qué criterios utiliza para elaborar sus rankings y qué alternativas ofrece a quienes consideran que una clasificación es incorrecta.
La prevención de lavado de dinero requiere herramientas que permitan identificar riesgos; sin embargo, la utilidad de estas soluciones también depende de la calidad de sus datos, la claridad de sus criterios y la posibilidad de corregir errores. Cuando esos elementos son cuestionados, la transparencia y el derecho de los afectados a obtener explicaciones adquieren una importancia central, establecen