En México, hablar de actividad física no puede realizarse a partir de un enfoque de “estilo de vida” en clave individual, sino de condiciones sociales de posibilidad: tiempo disponible, seguridad en el entorno, acceso a infraestructura pública, ingresos, cuidados no remunerados y del modo en que el Estado incumple sus obligaciones respecto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
En efecto, los resultados del MOPRADEF 2025, presentados recientemente por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), ayudan a ver con nitidez esa trama: apenas 41.7% de la población de 12 años y más realizó deporte o ejercicio en su tiempo libre, con una brecha persistente entre mujeres (37.4%) y hombres (46.7%).
Es importante señalar que, aun cuando creció la proporción de personas físicamente activas, disminuye el cumplimiento de los niveles mínimos para obtener beneficios en salud: entre población adulta urbana, el porcentaje con actividad suficiente bajó respecto de 2024, y la caída fue particularmente severa en mujeres (de 67.8% a 58.3%, -9.5 puntos). Es decir: no basta con “moverse algo”; importa cuánto, con qué intensidad, cuántos días, en qué condiciones, y sobre todo quiénes pueden sostenerlo. A la desigualdad de género se suma la de la edad. El grupo de 12 a 19 años es el más activo en tiempo libre (52.7%), mientras que en el grupo de 60+ baja a 37.6%. Asimismo, entre quienes sí realizan actividad física, el 72.6% lo hace tres o más días por semana.
El MOPRADEF también permite observar una fractura territorial. Entre la población activa, el porcentaje con nivel suficiente es mayor cuando el ejercicio ocurre en instalaciones de uso restringido (privadas, de estudio, trabajo o domicilios: 70.3%) que cuando se hace en lugares públicos (50.2%). EL mensaje para la política social es claro: el mercado y lo privado “protegen” mejores condiciones de práctica deportiva, mientras que lo público queda como espacio de suficiencia menor.
Y a ese mapa se le superpone una realidad que en México es imposible omitir: la inseguridad. Pedirle a alguien que “salga a caminar” sin considerar el riesgo percibido y real equivale a convertir una recomendación sanitaria en una carga moral. La evidencia sobre percepciones de inseguridad muestra niveles persistentemente altos y, en el ámbito urbano, esa percepción modifica rutinas y reduce el uso del espacio público. En efecto, cuando la calle y los parques se vuelven “territorios de riesgo”, el mensaje que recibe la sociedad es simple: muévete menos, enciérrate más. No es casual, por eso, que investigaciones recientes sobre comportamientos de movimiento en población escolar y adolescente señalen que en entornos urbanos operan barreras como inseguridad y falta de espacios públicos.
Otra capa del problema es el tiempo. Entre la población inactiva, el motivo principal es el “cansancio o falta de tiempo por trabajo o estudio” (32.2%), seguido de problemas de salud/edad (18.4%) y de “cansancio o falta de tiempo por labores domésticas o de cuidados” (17.6%). Aquí aparece una de las raíces más constantes de la desigualdad: la economía del cuidado, altamente feminizada, que devora tiempo, energía y posibilidad de autocuidado.
Todo esto se conecta, de manera directa, con la epidemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. La ENSANUT documenta, en adultos, una prevalencia de obesidad de 37.1% y de sobrepeso de 37.4%, es decir, un país donde la “normalidad” corporal estadística se ha desplazado hacia una condición de riesgo metabólico masivo. En paralelo, análisis del propio INSP ubican la hipertensión en magnitudes cercanas a tres de cada diez personas adultas en ese periodo, con brechas en diagnóstico, tratamiento y control que agravan el daño evitable. En un país así, promover actividad física no es “política de deportiva”, sino auténticamente de vida o muerte.
Sin embargo, hay una trampa recurrente en el discurso público: suponer que la actividad física se resolverá con campañas, exhortos o “retos” en redes. El propio MOPRADEF muestra que existen instalaciones públicas en la colonia para únicamente el 66.1% de la población; y aun donde existen, 55.4% reporta que no hay personal instructor o condiciones adecuadas. Es sin duda una infraestructura desigual; y si a eso se suman inseguridad, precariedad del tiempo y transporte hostil, el resultado es predecible: el espacio público no funciona como plataforma de derechos, sino como un privilegio con acceso irregular.
Finalmente, es imposible hablar de ejercicio sin hablar de malnutrición en su doble rostro mexicano: carencias alimentarias persistentes y dietas hipercalóricas de baja calidad. La medición de pobreza 2022 de CONEVAL reporta que la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se ubicó en 18.2% de la población (23.4 millones de personas). Esa carencia no sólo limita la energía disponible para la actividad física; también empuja hacia alimentos baratos, ultraprocesados y bebidas azucaradas, que consolidan el terreno biológico de la obesidad y la diabetes.
Siendo un problema es estructural, la respuesta también debe serlo: seguridad pública que recupere parques, calles y trayectos; infraestructura deportiva pública bien mantenida, iluminada y con acompañamiento; corresponsabilidad de cuidados y servicios que liberen tiempo; política alimentaria que haga accesible lo saludable y desincentive lo dañino; y un enfoque explícito de derechos en todas las etapas de la vida. Reducir la mortalidad por cardiopatías y diabetes debe partir del reconocimiento de que el ejercicio no es un asunto solo de voluntad individual, y que el Estado debe reorganizar el entorno para que moverse sea lo universalmente normal, seguro y posible.
Investigador del PUED-UNAM