Por años, la transparencia en México fue utilizada más como discurso que como política pública efectiva. Se le mencionaba en informes y planes de gobierno, pero rara vez se traducía en estructuras sólidas, procesos claros y decisiones verificables por la ciudadanía.
Por ello resulta relevante que, en su primer informe de gobierno, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena “Huacho”, haya colocado los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas como uno de los ejes centrales de su mensaje público.
No es un tema menor, cuando un titular del Ejecutivo decide hablar de apertura gubernamental desde el inicio de su administración, envía una señal política clara, la transparencia deja de ser un componente accesorio y comienza a asumirse como una responsabilidad directa del gobierno.
Durante su informe, el gobernador hizo referencia a acciones orientadas a fortalecer la organización administrativa, mejorar los mecanismos de acceso a la información y avanzar hacia una gestión pública más ordenada más allá del anuncio puntual, lo relevante es el enfoque, el comprender que la transparencia no es solo cumplir con una obligación legal, sino generar condiciones de confianza institucional.
La transparencia no se mide únicamente por portales actualizados o reportes publicados. Su verdadero valor radica en la capacidad del gobierno para documentar decisiones, explicar el uso de los recursos públicos y permitir que la ciudadanía conozca cómo, por qué y para qué se ejerce el presupuesto.
En este esfuerzo, resulta importante destacar el trabajo que desde el ámbito técnico ha venido desarrollando el responsable de la política de transparencia en el estado, Eduardo López Farías, cuya labor ha estado enfocada en fortalecer los procesos internos, dar orden a los flujos de información y consolidar una cultura administrativa basada en la rendición de cuentas.
La experiencia demuestra que los avances reales en transparencia no dependen únicamente de la voluntad política del Ejecutivo, sino de la articulación entre dirección política y capacidad técnica. Cuando ambas convergen, los resultados comienzan a ser visibles.
Yucatán, además, cuenta con una ciudadanía particularmente atenta al desempeño de sus autoridades, pues en ese contexto, los avances señalados en el primer informe adquieren una dimensión mayor, los que establecen desde el arranque del sexenio una expectativa clara sobre el tipo de gobierno que se busca construir.
El verdadero reto, sin embargo, no está en el anuncio inicial, sino en la permanencia. La transparencia se pone a prueba cuando llegan los proyectos estratégicos, cuando el ejercicio del gasto se intensifica y cuando las decisiones se vuelven políticamente complejas.
Es en esos momentos donde se distingue si existe una convicción institucional o solo una narrativa coyuntural.
Avanzar en transparencia implica fortalecer los sistemas de control interno, profesionalizar a los servidores públicos y asumir que la rendición de cuentas no debilita al gobierno, sino que lo fortalece.
Desde la óptica de la fiscalización y del control público, resulta positivo que el tema se coloque en el centro del debate desde el primer año de gestión. Marca una ruta que, de sostenerse, puede traducirse en mejores decisiones, menor discrecionalidad y mayor legitimidad institucional.
La transparencia no garantiza por sí sola buenos gobiernos, pero sin ella ningún gobierno puede aspirar a generar confianza duradera.
El mensaje está dado. Ahora corresponde convertirlo en una práctica cotidiana, medible y verificable.
Porque en los tiempos que vive el país, la confianza ya no se pide, la confianza se construye.