La extorsión tiene un aliado silencioso: el miedo. Y cuando ese miedo impide denunciar, el delito no solo se mantiene, se fortalece.
No es menor que hoy la autoridad lo reconozca abiertamente: muchas víctimas no denuncian por temor. De hecho, se estima que 8 de cada 10 casos no llegan a denunciarse. Durante años, el combate a este delito se construyó sobre cifras incompletas, sobre una realidad donde lo que no se denunciaba simplemente no existía. Hoy, aceptar ese subregistro no es debilidad, es dimensionar el problema como realmente es.
Porque la extorsión no solo lastima el bolsillo; asfixia la vida cotidiana. Es el cobro de piso, la llamada que paraliza, la amenaza que condiciona. Es uno de los delitos que más profundamente “ahorcan” a la sociedad.
En ese contexto, los datos recientes muestran un giro: 335 personas detenidas por extorsión, un incremento de 45% en detenciones y hasta 170% más respecto a 2019. A la par, la línea antiextorsión ha recibido más de 4 mil 500 reportes, donde casi 9 de cada 10 casos son tentativas que no se concretan gracias a la denuncia oportuna.
¿Hay más delito? No necesariamente. También puede significar algo más importante: que se empieza a denunciar más y que el miedo comienza (aunque sea poco a poco) a romperse.
Y ahí está el verdadero punto de inflexión.
Ninguna estrategia será suficiente si las víctimas siguen enfrentando solas a quienes las intimidan. Por eso, exhortar a denunciar no puede quedarse en discurso; debe traducirse en acompañamiento real, protección efectiva y resultados visibles. Denunciar tiene que dejar de ser un riesgo y convertirse en defensa colectiva.
Los esfuerzos institucionales -reformas legales, nuevas unidades, inteligencia financiera- reflejan que este delito es prioridad. Pero hay algo igual o más importante: la construcción de un pacto.
Porque la extorsión no se combate solo desde el gobierno. Se enfrenta desde la comunidad, desde comerciantes, vecinos y una sociedad que decide no normalizar el miedo. Un pacto así no es solo una firma: es el mensaje de que nadie está solo.
Al final, la batalla no se ganará solo con más leyes o más policías. Se ganará cuando denunciar deje de dar miedo… y cuando la sociedad decida no callar nunca más.
Por cierto:
1. OJO. En ciertos círculos del sector público y privado comienza a comentarse que la alimentación institucional dejó de ser un tema menor para convertirse en un punto crítico de operación del Estado. No es casualidad: cuando millones dependen a diario de estos sistemas, cualquier falla deja de ser técnica y se vuelve social. En ese contexto, hay quienes apuntan a que modelos integrados (como los que ha venido empujando Grupo Kosmos de Jack Landsmanas) empiezan a marcar la pauta sin hacer demasiado ruido. Se habla de una lógica donde la operación pesa más que el discurso: trazabilidad, cadena de frío, control sanitario y tecnología como columna vertebral. No es menor si se considera que hasta un tercio de los alimentos se pierde en el camino, según estimaciones internacionales. Una empresa que se ha visto como ejemplo es La Cosmopolitana que aparece en las conversaciones como un caso que ilustra hacia dónde podría moverse el sector: menos fragmentación y más sistemas medibles, donde la consistencia diaria vale más que la expansión. Porque al final, en hospitales, escuelas o programas sociales, no hay margen para improvisar. Y ahí es donde, dicen, realmente se define quién puede operar… y quién no. Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta