Ha sido una práctica común en los últimos años, sobre todo en materia de economía, acompañar un diagnóstico más o menos certero de la situación y de las necesidades del país, con una propuesta fiscal-presupuestal que no responde a ese diagnóstico. Ha sido el caso, de nuevo, con la presentación, a principios de mes, de los Precriterios Generales de Política Económica, que servirán de base para la elaboración del paquete para el ejercicio fiscal 2027.
El documento señala, por un lado, la volatilidad económica resultante de los conflictos geopolíticos en curso; por otro, apunta a las fortalezas de la economía mexicana, como su relación privilegiada en las cadenas de valor de América del Norte, la sostenibilidad de la deuda externa y el relativo buen estado de las finanzas públicas.
Luego hace una lista de propósitos, en los que describe lo que llama, con más de una pizca de sal partidista, el “modelo de desarrollo con bienestar”, como pilares de la política económica a seguir. Estos son: el fortalecimiento del ingreso de los hogares, la inversión pública en infraestructura estratégica y la responsabilidad fiscal.
Más tarde señala algunas de las carencias en dos de esos tres pilares. Por una parte, está el reconocimiento tácito del estancamiento en la creación de empleos en el sector formal, que ha derivado en que casi todos los nuevos puestos de trabajo (netos) están en el informal. Por otra, admite que en años anteriores la inversión pública ha caído de manera constante, con una disminución importante el año pasado, de 19 %. Si a esta reducción sumamos la de la inversión privada, encontramos que hay una anemia económica, que se traduce en bajas tasas de crecimiento del producto y del empleo.
En esas condiciones, medidas como las del aumento salarial y las transferencias “directas y políticas” (así dice el documento) resultan insuficientes para el propósito de fortalecer el ingreso de los hogares, por la sencilla razón de que con poca inversión no se crean los empleos formales necesarios, y los subsidios sólo palían la situación, sin proyectar la economía hacia un crecimiento sostenido y de más calidad social.
Uno pensaría, luego de leer el diagnóstico, que el propósito para el año próximo es el de detonar fuertemente la inversión pública y generar mejores condiciones para que la inversión privada se recupere. Pero no. Es casi lo contrario.
El cálculo es que el gasto neto presupuestario tendrá una reducción real del 4.1% y el gasto programable, una de 6.8%. La intención, reducir el déficit fiscal y el endeudamiento público neto. Hay un aumento marginal en la inversión en infraestructura, pero éste se acompaña con reducciones en los presupuestos para salud y educación (que es una forma de golpear el Estado social). El fetiche de la austeridad antiinflacionaria sigue incólume.
Para decirlo de otra forma: “los tres pilares del modelo de desarrollo con bienestar son dos: la disciplina fiscal”.
Hay tres maneras elementales de solucionar el asunto, y cada una tiene sus bemoles. Una es la contratación de más deuda, con los problemas asociados de que la volatilidad de los mercados puede hacerla más cara y de que esa deuda implica una reducción de posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazo. Otra es el aumento en los precios de los bienes y servicios que proporciona el Estado, pero es algo que puede disparar la inflación (lo que hemos vivido recientemente es que el Estado rasca donde puede, con molestias para los usuarios y efectos mínimos en las finanzas).
Una tercera es abordar con seriedad una reforma fiscal redistributiva, que apunte sobre los ingresos de una minoría ínfima, y no atosigue a una clase media que no pertenece al mundo de los privilegiados. En ese sentido, no bastan los avances en materia de combate a la evasión y elusión fiscales: son necesarias medidas adicionales.
El problema de ese tercer camino, que es el que realmente daría solidez a un proyecto de crecimiento con menor desigualdad social, es político por partida triple. Los empresarios en México se enfrentan ya al problema de la inseguridad. También, al de la falta de certidumbre jurídica, aumentado por la mal pensada reforma judicial. Y no es menor el asunto de la corrupción en distintos niveles de gobierno, que merma sus ganancias. Sin avanzar para resolver esos tres problemas, su previsible oposición a una reforma fiscal, no sólo será feroz, sino que encontrará también justificantes. Creo que la gran mayoría de los empresarios preferiría pagar más impuestos a cambio de que le quitaran de encima esas tres lacras.
Lo que hacen los Precriterios es no solucionar el asunto, sino mover la cobija de un lado a otro, dentro de una política de austeridad que sigue obedeciendo a las consignas básicas neoliberales. Quito a salud para darle a infraestructura ferroviaria; quito a educación para darle al mantenimiento de la red eléctrica; quito a medio ambiente para darle a las becas Rita Cetina, y así.
Buen diagnóstico y mala receta. Es como si una mujer va al doctor y, al final de la consulta, éste le dice: “señora, usted tiene una crisis severa de anemia, que le causa esa fatiga intensa, episodios de dolor, infecciones frecuentes y retraso en el crecimiento… le voy a recetar, como siempre, una pastillita de paracetamol”.
Twitter: @franciscobaez