Desde el día 6 de febrero se levantaron voces de alarma de los pobladores de la costa de Veracruz por rastros de chapopote acarreados por la marea del Golfo. Pronto la alarma se extendió. La mancha negra se corrió hasta el extremo norte de Veracruz y parte de Tamaulipas, en sentido contrario, cruzó la costa de Tabasco y llegó hasta las playas de Campeche.
En total: 935 kilómetros de costa. Las abrumadoras evidencias revelaban que estábamos ante el desastre ecológico de mayor magnitud que haya conocido México. Esta tragedia fue negada sistemáticamente por las autoridades y las protestas de los habitantes de las poblaciones afectadas fueron silenciadas.
Un hecho notable fue la progresión con que se presentaron las evidencias. Las primeras denuncias se remontan a principios de febrero, pero día con día la televisión fue dando cuenta de nuevas protestas, eso abarcó el mes de febrero y no fue sino a mediados de abril que los funcionarios federales reconocieron que la contaminación provenía de la red de ductos de Pemex.
En ese lapso de tiempo muchas autoridades tomaron la palabra para opinar sobre el asunto. Entre ellas destacó por su retórica falsa y su hipocresía la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que no tuvo sensibilidad para entender el malestar popular por el desastre ecológico y se obsesionó en engañar al público con mentiras descaradas. Dijo, primero, que el derrame provenía de un barco contratado por Carlos Salinas de Gortari (presidente de la república entre 1988 y 1984) por ejemplo, que la dimensión del desastre era menor, que el derrame provenía de una embarcación particular –privada—y que se reducía a “gotitas” sin importancia.
Ante el crecimiento del escándalo, y el vacío de explicaciones razonables, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, se vio obligado a tomar la palabra y reconocer, públicamente, que el origen del derrame provenía de un ducto de Pemex y que fue reparado el 18 de febrero. Lo cual parece un absurdo. Según dijo Rodríguez Padilla él nunca fue informado de los acontecido y por consecuencia, había despedido a tres empleados a quienes consideraba los responsables de que no le informaran.
Hoy sabemos que la fuente de contaminación no es única y que los derrames provocados por Pemex son una constante y no algo circunstancial. Mediante una investigación de carácter satelital se comprobó que entre agosto de 2025 y marzo de 2026 se registraron 10 eventos de derrame de petróleo en el Golfo de México, con periodicidad casi mensual, causados, en su mayoría, por barcos identificados y, en algunos casos, por embarcaciones no identificadas o por fallas en la infraestructura de Pemex (Reforma, 18-04-26).
Estas evidencias refutaron categóricamente la serie de mentiras en que incurrieron los funcionarios federales y los directivos de Pemex alrededor de esta catástrofe ambiental. Una de esas mentiras fue afirmar que el director de esta empresa nunca tuvo información sobre el desastre. Hoy sabemos que la empresa petrolera cuenta con un Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos encargado de monitorear permanentemente la red de ductos y que debió registrar –por la disminución de presión—el derrame que estaba ocurriendo. Este sistema, estaba obligado a informar al director de Seguridad y Protección Industrial y éste, a su vez, estaba obligado de consignarlos al director de la Región Noreste que, por su parte, tendría que reportarlos al director del PEP (Pemex, Exploración y Producción) y, finalmente, se transmitiría la información al director general de la empresa. Éste último, estaría obligado a convocar al Consejo de Administración en el cual participan las secretarías de Energía, Semarnat y Marina. Pero este proceso nunca tuvo lugar. ¿Incompetencia? ¿Negligencia? ¿Falla escandalosa del sistema de monitoreo? La respuesta es una combinación de todos esos factores más estos dos: la prepotencia y mediocridad de la nueva clase gobernante.