La procuración de justicia en México no admite más inercias. La ciudadanía exige resultados, cercanía y, sobre todo, confianza. En ese contexto, la Fiscalía General de la República presenta una ruta de diez ejes que busca transformar de fondo su operación, pasar de una institución reactiva a una Fiscalía estratégica, inteligente y con sentido social.
El punto de partida es interno. Ninguna transformación externa es viable sin una estructura orgánica eficiente y funcional. Se plantea una reorganización que elimine duplicidades, reduzca burocracia y alinee áreas sustantivas con objetivos de persecución penal.
A ello se suma un compromiso ineludible: igualdad sustantiva y paridad de género. No como cuota, sino como principio de operación. Una institución que investiga violencia contra mujeres no puede reproducirla en sus estructuras.
Como tercer pilar está el Servicio Profesional de Carrera de la FGR. Profesionalizar significa que el ingreso, permanencia y ascenso dependan del mérito, la capacitación y la evaluación, no de la discrecionalidad. Sin capital humano certificado, cualquier modelo fracasa.
Coordinación del discurso a la operación, la fragmentación institucional ha sido el cultivo de la impunidad. Por eso, este eje apuesta por el aprovechamiento real de los esquemas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por una participación activa en el Gabinete Federal de Seguridad Pública.
Se impulsa la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia como espacio de homologación de criterios, y se fortalece la presencia en Consejos Locales y Mesas de Paz. La coordinación no es una reunión mensual, son instancias de Coordinación y Mesas Interinstitucionales con metas, indicadores y responsabilidad compartida entre FGR, fiscalías locales y autoridades estatales y municipales.
El Fortalecimiento de las Fiscalías en las entidades federativas. La justicia federal no puede construirse de espaldas al territorio. Se requiere presencia institucional y despliegue estratégico, con reubicación de sedes y subsedes donde ocurre el delito, no donde conviene administrativamente.
La intervención en los 61 municipios prioritarios y la modernización de infraestructura van de la mano con la creación de Células de Inteligencia en el país dependientes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El objetivo es la trazabilidad de procedimientos penales en todas sus etapas, reorganizar el sistema de informes e implementar planes de investigación alineados al nuevo modelo de inteligencia. Las “Salas de Mando” permitirán supervisión en tiempo real y decisiones basadas en datos, no en intuición. Todo ello exige profesionalización del capital humano e investigaciones transversales que rompan el esquema tradicional.
En el Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia se juega el cambio de paradigma, transitar de la averiguación tradicional a la Operación Estratégica, Mercados Criminales y Tecnología. Implica clasificación de asuntos por complejidad, gobernanza tecnológica y que los productos de inteligencia tengan valor como prueba judicial.
La alineación del Sistema Informático Nacional Interoperable es clave para que FGR, fiscalías locales y policías hablen el mismo lenguaje digital. Se fortalece la investigación financiera y patrimonial para pegar donde más duele: en el dinero del crimen. Y se transforma Justici@Net en un recurso estratégico, no en un repositorio. La meta es contar con carpetas de investigación integradas con inteligencia desde el primer minuto.
Modernización de la AIC deja de ser solo policía operativa. Con el fortalecimiento del Centro Federal de Inteligencia Criminal y la creación de Unidades de Fusión Operativa, se convierte en el cerebro de la persecución penal. Su mandato: Operación Estratégica, Mercados Criminales y Tecnología, para desarticular estructuras, no solo detener narcomenudistas.
Priorizar lo que más daña, no todos los delitos son iguales. Por eso se implementan modelos de priorización y segmentación criminal para reorientar recursos hacia los delitos que más afectan al pueblo, homicidio, extorsión, feminicidio y desaparición. Es el tránsito a una persecución penal eficaz y estratégica, que mide impacto social, más allá de solo carpetas iniciadas.
Estrategias nacionales. La violencia contra las mujeres exige una Estrategia Federal para la Persecución Penal del Feminicidio con asistencia científica a fiscalías locales. Pero va más allá, incorporar la perspectiva de género en toda investigación y entender el género como factor criminológico.
En paralelo, se establecen estrategias nacionales para la atención de la extorsión y para la búsqueda de personas desaparecidas. Dos delitos que rompen el tejido social y que requieren unidades especializadas, tecnología y coordinación con familias y colectivos.
Las víctimas como eje de actuación. Ningún modelo es legítimo si revictimiza, por eso se coloca la atención a víctimas y protección de derechos humanos como eje transversal, con un enfoque de justicia restaurativa. La reparación del daño, la verdad y la no repetición son tan importantes como la sentencia.
Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas la legitimidad se gana adentro. Se establece integridad y control ético del personal, fiscalización y control operativo de indicios para evitar siembras y pérdidas. Transparencia y rendición de cuentas no son discurso, son sistemas de datos abiertos, auditorías y sanción efectiva. La ruta está trazada, los diez ejes no son un catálogo de buenas intenciones, son condiciones mínimas para que la FGR recupere la confianza ciudadana.
El país no necesita más diagnósticos. Necesita una Fiscalía que investigue con inteligencia, actúe con legalidad y atienda con humanidad. Ese es el nuevo paradigma, Nuestra responsabilidad es la República, su pueblo, su soberanía, nuestros recursos naturales y nuestra cultura. Y lo estamos haciendo porque no hay tiempo que perder,