Para la calculadora oposición, la escandalosa revelación según la cual la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, habría autorizado por sus soberanas ganas la intervención de agentes de la CIA en territorio nacional, en contra de la regla establecida obligatoria de observación respecto de la coordinación, no amerita revisión ni en el Congreso estatal ni a nivel nacional.
Con un espíritu de cuerpo ajeno a los principios de la soberanía cuya integridad debió defender Campos, las bancadas opositoras locales, más que las nacionales, se resisten a revisar las consecuencias del caso y acuden a las mismas estratagemas que dicen encontrar en Morena cuando defiende a los suyos: poner el cuerpo, aunque no haya argumentos y así pírricamente gestionar algún control de daños.
A punto de confirmarse una de las condiciones más serias de falta de consistencia entre el decir y el hacer, lo cual la ha llevado a prácticamente rogar entrevistarse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó esa probabilidad, aunque sí le permitió ser recibida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Campos aporta involuntariamente una veta de probabilidades adicionales para la derrota del PAN en Chihuahua a manos del partido hegemónico.
No es una novedad la presencia encubierta y no tan esporádica de los agentes de esa corporación ni en México ni en ninguna otra nación donde existen intereses de Estados Unidos. Los agentes fallecidos en un presunto accidente se habían registrado, uno, con visa diplomática; el otro, como turista. Manuel Buendía construyó parte de su fama como un magnífico columnista cuando en Red Privada, entre 1973 y 1983, dio a conocer los nombres de agentes y jefes de estación de la CIA en México. Sus trabajos fueron compilados por Océano un año antes de su asesinato, ocurrido el 30 de mayo de 1984, por cierto, exactamente un año después de una de esas revelaciones de quien afortunadamente fuera mi profesor.
Buendía describió la manera como la CIA controlaba los excesos de las ultraderechas mexicanas así como contribuía con el gobierno, en poder entonces del PRI, a contener o neutralizar a la insurgencia de izquierda de México y otras naciones latinoamericanas y la cual se incubaba en territorio nacional. No deja de ser válida una observación obvia. Con o sin autorización federal, los organismos de inteligencia de Estados Unidos operan en México. Lo insólito de la gobernadora Campos es admitir, buscar, promover y asegurar esa colaboración pasando por encima de la ley nacional.
La CIA en México, de Buendía, desnudó cómo la agencia utiliza la cobertura diplomática para tejer redes de control que terminan por desestabilizar las instituciones locales. Lo visto ahora en Chihuahua es la versión 2.0 de esa infiltración: agentes con el pretexto de asesorar en tácticas de seguridad, pero en funciones operativas en una zona con presencia de grupos del narcotráfico.
Mientras en la periferia norteña se juega este drama de espionaje e hipocresía, los datos de la realidad interna ofrecen un contraste a favor del sustento de la narrativa de seguridad del gobierno de Sheinbaum. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI muestran una mejora en la percepción ciudadana de inseguridad al pasar de 69.4 por ciento en el último trimestre del año pasado a 67.2 en el primero de este 2026. Falta pasar a una mayoría con optimismo respecto de la seguridad.
En la Ciudad de México, la continuidad y profundidad dada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a la estrategia de seguridad ha llevado a una percepción de 57.9 por ciento, abajo del promedio nacional de percepción negativa situado en alrededor de 61 por ciento. Una mejora de casi dos puntos porcentuales respecto al cierre de 2025.
La soberanía también se ejerce dando resultados medibles a la ciudadanía.