Lo que podría interpretarse como una reprimenda del embajador de Estados Unidos en México, no deja de llamar la atención al afirmar que, sin certeza jurídica, seguridad y un entorno libre de corrupción, el sector privado norteamericano pensará dos veces antes de hacer nuevas inversiones. Advirtió al gobierno de la 4T que sólo cumpliendo con esas condiciones las inversiones que vienen del norte fluirán como el agua, de lo contrario no llegarán.
Estas duras palabras del embajador las pronunció en una semana en la que las relaciones entre México y EU no han sido tersas. Su intervención se dio con motivo de un evento de apertura de un gigantesco proyecto energético en Los Mochis, Sinaloa, con una inversión de 3,300 millones de dólares en el proyecto llamado Mexinol, que será la planta de producción de metanol de bajas emisiones más grande del mundo.
Para el diplomático una cosa es clara cuando afirma que la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción. Si queremos que proyectos como este tengan éxito y nuestro futuro compartido sea prometedor, la corrupción y la extorsión no pueden tener cabida en México para que nuestras empresas se sientan seguras al arriesgar sus capitales.
El problema se agrava por el nuevo frente del Gobierno Federal ante la iniciativa privada al favorecer un debate sobre una iniciativa que plantea aplazar para el año 2028 las elecciones de jueces que están convocadas para junio del próximo año. Los comicios judiciales ponen en duda la capacidad y eficiencia de los nuevos juzgadores en procesos mercantiles y judiciales.
La dura declaración se da cuando en la misma semana pudimos observar la confrontación del gobierno de la 4T con el gobierno de EU por la presencia de agentes de la CIA en un operativo local en Chihuahua donde varias personas perdieron la vida al desbarrancarse el coche en el que viajaban. La participación de los agentes tuvo como objetivo el desmantelamiento de un narco laboratorio en la sierra Tarahumara. Para la realización del operativo contaron con el apoyo del director de la agencia estatal de investigación de la Fiscalía de Chihuahua y otro elemento del ministerio público del estado.
Este hecho ha generado además un conflicto entre el gobierno de la 4T y la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, de extracción panista, ya que según el Gobierno Federal Maru Campos habría violado la constitución al permitir la entrada de los agentes norteamericanos. El reclamo se centra en que los dos agentes entraron al país, uno en calidad de visitante sin permiso para realizar actividades y el otro con pasaporte diplomático, pero ninguno de los dos contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en el territorio nacional.
Este acontecimiento avivó la polémica en el congreso donde algunos legisladores como el senador Javier Corral, ex panista y acusado por la Fiscalía de Chihuahua de diversos delitos realizados cuando fue gobernador, aprovechó la oportunidad para lanzarse contra la gobernadora y el fiscal del estado; lo mismo hicieron otros legisladores para, según ellos, defender al oficialismo. La realidad es que sólo se trató de politiquería barata.
Salta a la vista el deseo del embajador Johnson de distinguirse de su antecesor, el embajador del sombrero Ken Salazar, a quien sustituyó en mayo del 2025 y que en diversos círculos políticos de los EU se le criticó por no cumplir con sus obligaciones de defender los intereses del gobierno e iniciativa privada norteamericanos.
Lo cierto es que las críticas que hizo en Sinaloa, la semana pasada, el embajador Johnson al gobierno de la presidenta Sheinbaum llamaron la atención entre el mundo de la política y diplomacia mexicanas porque desde que llegó a México para sustituir a Ken Salazar, sólo se había pronunciado para reconocer y expresar su apoyo a las acciones del gobierno mexicano. Su amplia experiencia como ex director de la CIA y ex embajador en El Salvador, donde el presidente Bukele ha logrado cifras récord contra la delincuencia, le da bastantes elementos para hacer juicios sobre el desempeño de un gobierno como el de México.
Las duras expresiones del embajador en Los Mochis seguramente estuvieron motivadas por voces de influyentes políticos norteamericanos cercanos al presidente Trump, que le sugirieron no caer en la misma postura de su antecesor Ken Salazar, porque ello provocaría malestares de empresarios de gran poder económico que se sienten afectados por políticas del gobierno de la 4T que limitan el radio de acción de sus empresas ubicadas en México.
@fer_martinezg