Tras el señalamiento realizado por el gobierno de Donald Trump en el que se menciona el presunto involucramiento de Rubén Rocha Moya y nueve políticos y servidores públicos sinaloenses con la delincuencia organizada, el tablero político nacional ha sufrido fuertes sacudidas que han colocado en jaque al gobierno y su partido. A las de por sí delicadas afirmaciones realizadas por el gobierno estadounidense, se ha sumado la entrega voluntaria a las autoridades de aquel país las de los ex secretarios de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y de Finanzas, Enrique Díaz Vega. Piezas clave en el entramado político del gobernador con licencia, la rendición de Mérida y Díaz no puede entenderse sino como la confirmación de los señalamientos y la búsqueda de mejores condiciones de negociación a través de la figura de testigos colaboradores.
Cuando se conocieron las acusaciones en contra de los funcionarios sinaloenses y la solicitud de Estados Unidos para detenerlos y ponerlos a disposición de las autoridades de aquel país, sin razón jurídica para ello, pero con fundamento político, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno norteamericano pruebas de las afirmaciones. Hoy, tras la entrega de Mérida y Díaz, parece que las pruebas han cruzado la frontera y pronto engrosarán los expedientes a partir de los cuáles la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York realizó las acusaciones. Necesariamente, las semanas y meses por venir serán el momento en el que conoceremos las evidencias que sostienen los señalamientos del involucramiento del narcotráfico en la política sinaloense y, quizá, de otras entidades federativas. Cuando esto suceda, en el gobierno y en Morena enfrentarán la necesidad de definir una estrategia que trascienda de la negación de los hechos para asumir, en uno u otro sentido, una actitud distinta a la que hasta ahora han mostrado.
¿Cuáles son las principales posibilidades cuando esto suceda? Primero, reconocer que el gobierno de Rocha Moya estaba podrido y que la vinculación entre algunos de sus principales actores y la delincuencia organizada es un hecho por demás condenable, pero contenido al ámbito local. Segundo, asumir que la penetración del narcotráfico ha afectado la dinámica política en distintas zonas y momentos y que ello ha incidido en la conformación de gobiernos, por lo cual es necesario realizar una limpia que devuelva la honorabilidad y honestidad al ejercicio del poder. Tercero, negar la veracidad de los señalamientos aun cuando existan pruebas que los confirman, argumentando una conspiración internacional que busca desestabilizar a un gobierno progresista y de avanzada para apoderarse de territorios, mercados y, sobre todo, de narrativas.
Entendiendo la lógica a partir de la cual se ha construido la posición política de Morena y de este y el anterior gobierno, creo que lo natural sería atender a la primera y tercera posibilidad. Claudia Sheinbaum, como presidenta y “jefa moral” de su partido, puede minimizar los costos que esto acarreará al gobierno y a Morena achacando toda la responsabilidad al grupo de Rocha Moya y buscando desligar de estas prácticas a otros gobernadores, legisladores, funcionarios locales y líderes políticos. Puede, también, asumir que se trata de una conjura mundial encabezada por las élites estadounidenses que quieren debilitar a la transformación iniciada por López Obrador por lo incómodos que han resultados para los intereses de esas mafias que controlan la economía mundial y que buscan apoderarse de los recursos naturales de nuestro país. En caso de optar por la primera opción, muchos de quienes aún confían en la llamada Cuarta Transformación dejarán de hacerlo por lo ingenuo del argumento. En el segundo caso, solo los más radicales se envolverán en una bandera más parecida a un patrioterismo chafa que a un argumento medianamente racional.
La presidenta Sheinbaum ha afirmado en reiteradas ocasiones que el dilema político de su gobierno no radica, ni ahora ni antes, en mandar señales de distancia y rompimiento con su antecesor. Puedo entender esta afirmación como parte de un discurso político que busca mostrar unidad y continuidad en un movimiento y su proyecto político. Sin embargo, hoy la realidad trasciende a la construcción del discurso político y la actitud que la presidenta decida asumir definirá si los costos asumidos por el gobierno de López Obrador serán saldados por ella o si, en cambio, será capaz de separarse de aquél para definir una ruta propia no solo en su relación con Estados Unidos, sino en la imagen que la ciudadanía se forme de su gestión. Con las implicaciones que cada caso pueda tener, la decisión depende solo de ella.
Profesor de la UNAM
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