La compleja y agitada agenda nacional absorbe prácticamente toda la atención pública. Los escándalos de la narcopolítica, la violencia persistente y los reiterados errores del gobierno de la República terminan por invisibilizar cuestiones estructurales que son fundamentales para comprender la situación del país. Entre ellas destaca una particularmente relevante: la magnitud y estructura de las unidades económicas existentes en México, pues de su fortaleza, distribución territorial y capacidad productiva depende buena parte de la viabilidad económica nacional en los próximos años. Al respecto debe destacarse la publicación hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Directorio Nacional de Unidades Económicas (DNUE, 2026).
De acuerdo con los datos dados a conocer, en México había, 6.13 millones de establecimientos distribuidos a lo largo y ancho del país. De ese total, 2.56 millones son comercios al por menor, es decir, 41.7% de los establecimientos son pequeños negocios. En segundo lugar, hay una suma de 937,810 establecimientos, clasificados como de “otros servicios”; en tercer lugar, se encuentra la categoría de industrias manufactureras, las cuales suman 656,617 establecimientos; otros 281,996 se dedican a servicios de salud; 171,447 se dedican al comercio al por mayor; 111,817 están dedicados a servicios profesionales de diversa índole; mientras que 68,423 tienen como actividad principal los servicios de esparcimiento.
Otro dato a destacar es la enorme concentración de los establecimientos productivos y comerciales en las entidades con mayor densidad poblacional. Así, encabeza la lista el Estado de México, donde habría casi 821 mil unidades económicas; en segundo lugar, se ubica la Ciudad de México, con 462,732; en tercer lugar se encuentra Puebla, con 410,693 unidades; le sigue en cuarto sitio Jalisco, con 401,813; le sigue en el quinto lugar el estado de Veracruz, con 356,724; mientras que en el sexto puesto está Guanajuato, con 296,441. No muy lejos de ese nivel está Michoacán, con 287,049; Oaxaca, con 280,588; Chiapas, con 250,960; y Nuevo León, con 211,349.
Es interesante observar que no necesariamente las entidades con mayor número de unidades económicas son las que tienen mayor nivel de desarrollo social y productivo. Por ejemplo, mientras que Nuevo León tiene varias decenas de miles de menos unidades económicas que Michoacán, Oaxaca y Chiapas, es una de las entidades con mayor PIB per cápita y con menor porcentaje de pobreza en el país; mientras que Oaxaca y Chiapas son dos de las de mayor presencia de personas pobres en México.
En ese sentido, uno de los hallazgos más relevantes que pueden derivarse del DENUE es que la estructura económica mexicana descansa, fundamentalmente, en las micro y pequeñas empresas. Es ahí donde se concentra la enorme mayoría de los establecimientos productivos y comerciales del país; negocios familiares, talleres, pequeños comercios, servicios personales y unidades económicas de baja escala que sostienen millones de empleos y constituyen, en numerosos municipios, la principal fuente de ingreso para amplios sectores de la población.
Durante décadas, buena parte de la política económica nacional ha apostado a la atracción de grandes inversiones, particularmente vinculadas a las exportaciones manufactureras y a los procesos de integración comercial con América del Norte. Sin embargo, el problema estructural es que ese modelo no logró irradiar de manera homogénea sus beneficios al conjunto del territorio nacional. El DENUE permite observar precisamente esa fragmentación territorial del desarrollo mexicano. Hay estados con cientos de miles de unidades económicas, pero con bajos niveles de productividad, reducida incorporación tecnológica y elevados porcentajes de pobreza laboral.
De ahí que resulte indispensable construir una nueva política nacional de fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se trata de otorgar subsidios o programas dispersos de apoyo, pero, además, de redefinir integralmente la relación entre el Estado y las unidades productivas que sostienen la economía cotidiana del país.
En primer término, se requiere una profunda simplificación regulatoria. En numerosos municipios y entidades federativas abrir o mantener un pequeño negocio implica enfrentar trámites excesivos, criterios discrecionales, cargas fiscales desproporcionadas y múltiples obstáculos administrativos que terminan incentivando la informalidad. A ello debe añadirse el enorme problema del acceso al crédito. Las tasas de interés, las garantías exigidas y la limitada cobertura bancaria impiden que millones de negocios puedan invertir en innovación, infraestructura, digitalización o capacitación laboral.
Más aún, el fortalecimiento de las pequeñas unidades económicas debería concebirse como parte de una estrategia más amplia de recuperación del mercado interno, pues ningún país puede sostener procesos duraderos de desarrollo si amplios sectores de su población permanecen atrapados en condiciones de bajos ingresos y alta vulnerabilidad.
Fortalecer las estrategias de desarrollo regional, así como potenciar al mercado interno implica elevar salarios, mejorar la productividad, ampliar la capacidad adquisitiva de los hogares y construir circuitos regionales de producción y consumo capaces de generar efectos multiplicadores en las economías locales. Y para ello resulta indispensable reconocer que el núcleo real de la economía mexicana no se encuentra únicamente en las grandes plantas industriales o en los grandes corporativos, sino en los millones de pequeñas unidades económicas distribuidas en el territorio nacional.
No debe olvidarse que, detrás de cada pequeño comercio, de cada taller, de cada negocio familiar, existe también una forma de organización social, una estrategia de supervivencia colectiva y, en muchos casos, una expresión concreta de resiliencia frente a décadas de desigualdad estructural. Comprender esa dimensión es indispensable si se quiere construir una política económica capaz de articular crecimiento, bienestar y cohesión social en el México contemporáneo.
Investigador del PUED-UNAM