El FinCEN (por sus siglas en inglés, Financial Crimes Enforcement Network), es la Red de Control de Delitos Financieros de EU, oficina dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora bien, nuestra UIF es la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que funciona como el centro neurálgico para detectar, prevenir y combatir delitos como el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la evasión fiscal. Creada en 2004, su trabajo es el puente entre la información que envían bancos, casas de cambio, empresas de bienes raíces y otros sectores considerados “vulnerables”, y las acciones de las autoridades de seguridad y justicia.
Su labor se mueve en cifras, solo entre enero y junio de 2025 recibió más de 8 millones de avisos de operaciones, entre reportes de montos elevados, movimientos inusuales y actividades que no coinciden con el perfil económico de las personas o empresas. De esos datos analiza patrones, identifica redes y genera inteligencia que se convierte en herramienta para actuar. En lo que va del año, emitió acuerdos para incorporar a 13 personas y entidades a la Lista de Personas Bloqueadas, medida preventiva que impide realizar operaciones financieras, y logró el bloqueo o desbloqueo de recursos por más de 22 mil millones de pesos, 127 millones de dólares y 20 millones de euros en casos vinculados al crimen organizado.
La relación con FinCEN es clave para su funcionamiento, ya que el crimen no entiende fronteras. Ambas instituciones forman parte del Grupo Egmont, la red mundial de unidades de inteligencia financiera, y trabajan de forma coordinada en operaciones contra organizaciones transnacionales. En los últimos meses, esa alianza se ha hecho visible en acciones concretas:
* En 2025, tras las acusaciones de FinCEN contra instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de recursos, la UIF ajustó sus controles y reforzó el intercambio de información para seguir el rastro de los fondos ilícitos.
* Se han llevado a cabo operativos conjuntos contra redes que operan desde México y Estados Unidos, como las acciones contra establecimientos de juego vinculados a cárteles mexicanos donde la información compartida permitió identificar patrones de movimiento de dinero y detener el flujo de recursos ilegales.
* También colaboran en el combate al tráfico de precursores químicos, fentanilo y otros delitos, FinCEN aporta datos de transacciones registradas en suelo estadounidense y la UIF los cruza con movimientos en territorio nacional para desmantelar las rutas de financiamiento.
Su trabajo no está exento de críticas. Algunos sectores señalan que, al ser una dependencia adscrita a Hacienda, podría tener limitaciones en su autonomía operativa, y que en ocasiones las medidas de bloqueo de cuentas se aplican sin que medie una resolución judicial inmediata, lo que genera debates sobre derechos humanos y transparencia. También se cuestiona si los recursos con los que cuenta son suficientes para hacer frente a delitos cada vez más complejos, como los vinculados a las criptomonedas y las finanzas digitales, que han obligado a la UIF a actualizar sus reglas y mecanismos de control.
Pero incluso sus críticos reconocen que su labor es fundamental en un país donde el crimen organizado ha desarrollado estructuras sofisticadas para ocultar sus ganancias, la UIF es el instrumento que permite “seguir el dinero” y desmantelar sus redes.
Hoy, la UIF sigue ampliando su capacidad de análisis, actualiza sus normativas para adaptarse a nuevos modelos financieros y mantiene viva la cooperación internacional. Su tarea no es solo revisar documentos, es garantizar que el sistema financiero mexicano se use para el desarrollo, y no para financiar la violencia, la corrupción o actividades que dañan a la sociedad.
* Especialista en PLD/FT