Soy de Acapulco. Lo digo antes que cualquier cargo público o responsabilidad política. Soy de este puerto y de este pueblo. Por eso, lo que ocurrió la madrugada del 25 de octubre de 2023 con el huracán Otis no lo viví a la distancia ni como una nota más. Lo viví con la angustia de quien veía cómo una ciudad entera quedaba devastada en cuestión de horas. De un día para otro, el puerto que conocíamos amaneció irreconocible: sin luz, sin comunicación y con miles de familias tratando de entender la dimensión de lo que acababa de pasar.
En las horas posteriores hice más llamadas de las que probablemente había hecho en toda mi vida. A mi mamá, a mi papá, a familiares. Ninguna entraba. No había tono, no había señal, no había forma de saber nada. Acapulco quedó incomunicado en las horas más críticas de la emergencia y esa experiencia fue la que me hizo llevar esta discusión al terreno legislativo.
Así surgió la iniciativa que el pasado 15 de abril presenté ante la Cámara de Diputados junto con mis compañeras y compañeros Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Javier Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, y el diputado Gerardo Olivares Mejía, del Partido del Trabajo. La propuesta parte de una lección concreta que dejaron Otis y otros desastres recientes: cuando las telecomunicaciones colapsan, también se debilita la capacidad del Estado para responder con rapidez, coordinar ayuda y mantener comunicada a la población.
La propuesta reforma el artículo 75 de la Ley General de Protección Civil y adiciona una fracción XIV al artículo 102 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por primera vez, dos ordenamientos que se miraban de lejos, el de protección civil y el de telecomunicaciones, se articulan para dar respuesta pronta ante el desastre.
Además, la iniciativa plantea, dos medidas: la primera es la creación de Puntos Públicos de Conectividad de Emergencia, pensados como pequeñas islas con conexión satelital y energía autónoma instalados en plazas, parques y puntos comunitarios estratégicos para que la población pueda mantenerse comunicada aun cuando la infraestructura tradicional colapse.
La lógica es sencilla: en medio de una emergencia, poder enviar un mensaje, pedir ayuda, localizar familiares o coordinar brigadas puede marcar una diferencia decisiva. Estos puntos forman parte de una infraestructura ligera, replicable y de rápida instalación, pensada para municipios expuestos de manera recurrente a huracanes, sismos e inundaciones. Porque si algo dejó claro Otis, es que la comunicación no puede volver a fallar en las horas más críticas.
La segunda medida establece obligaciones específicas para los concesionarios de telecomunicaciones a fin de garantizar la continuidad del servicio cuando su infraestructura resulte afectada por un huracán, un sismo u otra emergencia. Si las telecomunicaciones son esenciales para la vida cotidiana, lo son todavía más en momentos de desastre. Mantener operativas las redes no puede considerarse un asunto secundario cuando de ello dependen la coordinación institucional, los servicios de emergencia y la comunicación entre millones de personas.
El régimen transitorio fija ritmos claros y exigibles: 180 días naturales para que el Ejecutivo Federal emita los lineamientos respectivos y hasta doce meses, contados a partir de la publicación de esas normas, para que los concesionarios pongan en funcionamiento los mecanismos. La instalación priorizará a los municipios con mayor exposición a riesgos, entre los que se ubica, por supuesto, Acapulco.
No estamos legislando sobre una hipótesis, sino sobre una realidad que México ha vivido una y otra vez. El país registra, en promedio, más de treinta desastres naturales declarados cada año. Ahí están Ingrid y Manuel en 2013, Patricia en 2015, el sismo del 19 de septiembre de 2017, las inundaciones de Tabasco, Otis, John, Erick. Cambian los nombres y las regiones, pero hay algo que se repite en cada emergencia: cuando fallan las telecomunicaciones, también se deteriora la capacidad de respuesta. La falta de comunicación vuelve más lenta la coordinación institucional, dificulta las labores de rescate y deja a miles de familias sin información en las horas más críticas.
Esta iniciativa también forma parte de la visión de fortalecimiento institucional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, una visión que entiende la prevención, la planeación y la capacidad técnica del Estado como elementos centrales para enfrentar los desafíos del país. Prepararse mejor implica reconocer vulnerabilidades, invertir en prevención y fortalecer la capacidad de las instituciones para actuar con rapidez y coordinación cuando la población más lo necesita.
Desde Acapulco, esa discusión dejó de ser teórica hace mucho tiempo. La experiencia que vivimos durante Otis hoy busca traducirse en legislación federal, no para administrar el recuerdo de una tragedia, sino para que ninguna otra comunidad vuelva a enfrentar en desconexión las horas más críticas de una emergencia.