En México, la cultura física y la práctica del deporte son derechos reconocidos en el artículo 4º constitucional y el Estado debe promoverlos, fomentarlos y estimularlos. En cumplimiento de esta atribución, se emitió en 2013 la Ley General de la materia que distribuye facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y regula la participación del sector social y privado.
En ese sentido, la actividad deportiva es de interés general, su normatividad es de orden público y su gestión es responsabilidad del Estado bajo el principio de la subsidiariedad, es decir, esta debe desarrollarse con la mayor libertad posible, con base en la organización de la sociedad civil e impulsada por las autoridades más cercanas a las personas. La intervención de los gobiernos locales y nacionales debe ser permanente, planeada y vinculada a políticas públicas diseñadas e implantadas con participación ciudadana y social.
La actividad deportiva requiere de infraestructura (inversión pública y privada), recursos financieros del presupuesto gubernamental y provenientes del mercado e instrumentos normativos que generen confianza y apuntalen una gestión pública transparente e incluyente. Además, es importante que haya una estrategia compartida entre los gobiernos y las autoridades de las asociaciones deportivas para que haya una práctica del deporte que efectivamente contribuya al bienestar social.
El deporte es, según la ley mexicana, “una actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones”. El fútbol es el deporte más extendido en el mundo y con una gran afición como practicantes y espectadores. En México, hay más de 56 millones de aficionados y casi nueve millones de futbolistas en activo, más de 350 mil con registro y casi 10 mil profesionales. Es un deporte que no discrimina, se practica por cualquier persona y en cualquier espacio; tiene finalidades recreativas y educativas; realizable por personas con discapacidad; promueve la mejora de la calidad de vida; puede sujetarse a una relación laboral o practicarse con altas exigencias técnicas en competiciones nacionales e internacionales.
La actividad del fútbol es libre, pero se realiza con normas dictadas por órganos rectores y se organiza en asociaciones o sociedades deportivas, que pueden asumir cualquier naturaleza jurídica. En el plano global, la FIFA es una persona de derecho privado que organiza una actividad de interés público mundial como es la práctica del fútbol y se integra con 6 confederaciones regionales y más de 211 asociaciones nacionales, que se integran en un Congreso, que emite las normas que rigen al deporte más popular.
En términos de la gobernanza global, es un organismo no gubernamental internacional que admite asociaciones que representan a Estados soberanos (bajo el criterio de la FIFA) y se constituyen conforme a las normas de su país. Los derechos y obligaciones son igualitarios para todos sus integrantes sin importar el desarrollo deportivo y el requisito principal para pertenecer es cumplir con la normatividad vigente. Este tipo de organismos conforman un “poder blando”, que generan instituciones propias y una autoridad paralela a los Estados nacionales y organismos internacionales derivados de tratados internacionales, como la ONU.
La gobernanza de la FIFA busca equilibrios entre sus socios, gobiernos, empresas, aficionados y consumidores de fútbol, que tienen representación dentro de los diversos comités. Su calidad de asociación sin fines de lucro ocasiona que los excedentes financieros se canalicen dentro de sus propias estructuras globales, regionales y nacionales y en el fomento y desarrollo del fútbol en el mundo. La posibilidad de influir en lo gobiernos nacionales e imponer modelos de gestión pública en este deporte proviene de que casi 5 mil millones de personas se declaran aficionadas al fútbol.
La FEMEXFUT también es una persona privada sin fines de lucro y no es parte de la administración pública, pero se rige parcialmente por la Ley General de Cultura Física y Deperte, como asociación deportiva nacional, además es colaboradora del gobierno federal, rectora de una actividad pública y depositaria de una representación de más de 56 millones de aficionados. Sin embargo, su transparencia y gobernanza es de baja calidad si se compara con la FIFA.
Los déficits de la gestión pública del fútbol consisten en que, a pesar de que la gobernanza de la FIFA ha evolucionado y es más incluyente, todavía es baja la representación democrática porque sus miembros, las asociaciones nacionales, son controladas por un reducido grupo de empresarios y no rinden cuentas a sus representados, como sucede con la FEMEXFUT. Además, los controles contra la discriminación son limitados y el trato laboral para la mayoría de los futbolistas no cumple con los mínimos de dignidad en el trabajo.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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