Esta mañana, Los Angeles Times publicó una nueva entrega de la investigación periodística que en semanas recientes reveló acusaciones e investigaciones estadounidenses contra Rubén Rocha Moya. Ahora, Steve Fisher y Kate Linthicum sostienen que dos gobernadores más de Morena habrían perdido sus visas y serían objeto de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.
Las entregas anteriores de esta historia terminaron revelando hechos que posteriormente fueron confirmados. No sabemos todavía cuál será el desenlace judicial de las nuevas acusaciones. Tampoco sabemos hasta dónde llegarán las investigaciones estadounidenses ni qué efectos tendrán sobre la relación bilateral.
Lo que sí sabemos es que la noticia aparece en un momento particularmente sensible para la política mexicana. Hace apenas unos días se aprobó una reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como una cuarta causal de nulidad electoral.
La preocupación por Estados Unidos no es nueva. Nuestra historia latinoamericana está atravesada por presiones diplomáticas, operaciones de inteligencia, financiamientos opacos e intervenciones abiertas y encubiertas. Sería ingenuo olvidar esa historia justo ahora, cuando Washington parece haber desplazado parte de su estrategia contra el crimen organizado hacia funcionarios y gobernantes mexicanos en activo.
La soberanía nacional debe defenderse. Punto.
Lo que merece una discusión más cuidadosa es la respuesta que hemos decidido construir.
Durante décadas, buena parte de la energía política del país estuvo dirigida a construir elecciones capaces de producir victorias y derrotas creíbles. Que quien perdiera aceptara haber perdido y que quien ganara pudiera gobernar con legitimidad. Esa confianza nunca fue completa. Nunca estuvo garantizada. Pero permitió algo fundamental: la alternancia.
México no construyó su democracia porque sus actores políticos confiaran entre sí. La construyó porque necesitaba administrar la desconfianza.
Por eso vale la pena detenerse en la nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. No porque las elecciones no puedan anularse. Claro que pueden anularse. De hecho, el Artículo 41 Constitucional ya contempla tres causales. Y esto es así, porque ninguna democracia está obligada a aceptar resultados que sean resultado de exceso de gastos de campaña, adquisición indebida de cobertura informativa o uso de recursos ilícitos o públicos.
Sin embargo, el asunto es otro. Las causales de nulidad deben ser claras, estrictas y verificables. Pero en la reforma aprobada hay una enorme indeterminación sobre qué significa intervención extranjera. Peor aún es que no se cuente con una ley secundaria que permita precisar la causal y generar certezas. Por lo pronto, la reforma abre más preguntas que brindar respuestas.
¿Qué será considerado injerencia extranjera? ¿Una declaración de Donald Trump? ¿Una acusación judicial presentada en Estados Unidos? ¿Un reportaje publicado en un medio internacional? ¿La cancelación de una visa? ¿Una investigación de la DEA? ¿Una operación de inteligencia? ¿Una campaña digital? ¿Un pronunciamiento de un funcionario extranjero?
La respuesta a estas preguntas no es trivial. De ella dependerá si la reforma funciona como una herramienta excepcional frente a amenazas reales o como una categoría disponible para impugnar políticamente una elección incómoda.
La nueva causal tampoco aparece en el vacío. Llega después de una serie de transformaciones que han modificado de manera importante el paisaje institucional mexicano: reformas al Poder Judicial, desaparición de organismos autónomos, irregularidades en la integración de las autoridades electorales, posibilidad de reelección de magistrados electorales y una discusión cada vez más intensa sobre el papel del Tribunal Electoral. Quizá cada una de estas decisiones pueda defenderse por separado. Lo difícil es no preguntarse qué imagen forman cuando se observan juntas.
A veces las democracias no se rompen de golpe. Se van llenando de zonas grises. De excepciones. De reglas difusas. De decisiones tomadas en nombre del pueblo, pero cada vez más lejos de la capacidad real de los ciudadanos para controlar el poder.
La defensa de la soberanía tampoco debería convertirse en una forma de sospechar automáticamente de todo aquello que incomoda al gobierno. Mucho menos debería servir para cancelar preguntas legítimas sobre corrupción, crimen organizado o vínculos entre autoridades y grupos criminales. Si hay funcionarios mexicanos implicados en delitos, deben ser investigados y juzgados. En México, de preferencia. Con pruebas. Con debido proceso. Con instituciones capaces de sostener una verdad jurídica y no solamente una narrativa política.
Pero si la respuesta frente a la presión estadounidense consiste en ampliar de manera imprecisa las facultades para anular elecciones, entonces la solución empieza a parecerse demasiado al problema que dice combatir.
Defender la soberanía nacional es indispensable. Pero si en el intento terminamos debilitando la certeza de las reglas democráticas, corremos el riesgo de proteger la elección y dañar aquello que le da sentido: la capacidad de los ciudadanos para decidir quién gobierna.