El anuncio realizado por el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Emilia Calleja Alor, para desarrollar 38 nuevas plantas de energía renovable marca un momento importante en la política energética del país. Más allá de los megawatts que se incorporarán al sistema eléctrico nacional, el mensaje de fondo es que la realidad terminó imponiéndose sobre la ideología.
Durante años, el debate energético estuvo dominado por la idea de fortalecer a la CFE mediante una mayor participación del Estado. Sin embargo, las necesidades de inversión, el crecimiento de la demanda eléctrica ha demostrado que resulta prácticamente imposible enfrentar estos retos únicamente con recursos públicos.
Por ello cobra relevancia el modelo anunciado. Los nuevos proyectos se desarrollarán bajo un esquema mixto en el que la CFE conservará el 54 por ciento de participación, mientras que el sector privado aportará el 46 por ciento restante. Se trata de una fórmula que busca aprovechar la capacidad financiera y técnica de las empresas privadas sin renunciar a la rectoría del Estado.
Entre las compañías que desarrollarán estos proyectos de generación eléctrica destacan nombres como Cubico México, que obtuvo cuatro centrales renovables, convirtiéndose en la firma con mayor participación, le sigue Eléctrica Aselco con tres proyectos aprobados. También sobresalen Atlántica Renewable Power México y Solarig, que lograron dos desarrollos cada una. A ellas se suman Thermion Energy, Fisterra Energy y Terralia, además de otras empresas especializadas en proyectos solares y eólicos distribuidos en distintas regiones del país.
Eléctrica Aselco también participa en el desarrollo de la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora, considerada el proyecto solar más importante de América Latina y una de las obras emblemáticas de la actual política energética nacional. Recientemente, un consorcio encabezado por esta empresa obtuvo la adjudicación de la tercera fase del complejo, que aportará 300 megawatts adicionales y más de 100 megawatts de almacenamiento mediante baterías.
Otro aspecto relevante es la ubicación de los nuevos desarrollos. Estados como Yucatán y Campeche, donde el crecimiento económico y turístico ha incrementado significativamente la demanda eléctrica, serán algunos de los principales beneficiados. También se contemplan proyectos en regiones estratégicas del centro y la costa del país, zonas donde fortalecer la infraestructura energética resulta indispensable para sostener el desarrollo económico.
El anuncio del desarrollo de estos proyectos confirma lo que muchos especialistas han señalado desde hace años. La discusión ya no debería centrarse en escoger entre Estado o iniciativa privada. El verdadero desafío consiste en lograr que ambos trabajen de manera complementaria para resolver los problemas del país.
La CFE seguirá siendo el actor principal del sistema eléctrico nacional. Pero la magnitud de los retos que enfrenta México exige sumar inversiones, experiencia y tecnología provenientes del sector privado. El desarrollo energético no puede quedar atrapado en posiciones ideológicas cuando lo que está en juego es la competitividad económica del país.
@fer_martinezg