
El Mundial está enviando un mensaje político y económico que difícilmente podrá ignorar EU cuando este miércoles se decida el futuro del T-MEC, fecha en que los tres países participantes deben comunicar por escrito si desean prorrogarlo por 16 años. Canadá y México ya han hecho público su deseo de continuarlo, la decisión final está en manos de Donald Trump.
Mientras México vive una auténtica fiesta en sus Fan Fest, con plazas llenas de aficionados de diferentes partes del mundo, Estados Unidos enfrenta las consecuencias de una política migratoria que ha terminado por afectar al mayor espectáculo deportivo del planeta.
Y es que las restricciones migratorias, los largos interrogatorios en aeropuertos y la presencia permanente de autoridades han provocado que miles de aficionados reconsideren viajar a territorio estadounidense. El resultado comienza a sentirse en la industria turística, con hoteles, restaurantes y estadios por debajo de las expectativas, al grado de acumular miles de cancelaciones en reservaciones.
En contraste, los Fan Fest de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey registran una alta afluencia de visitantes extranjeros; los aeropuertos operan con una demanda creciente y la derrama económica supera las previsiones iniciales. Incluso numerosos aficionados que asisten a partidos en ciudades estadounidenses prefieren cruzar la frontera para hospedarse en México, donde encuentran mejores precios y menos complicaciones.
Las políticas públicas impulsadas por la administración de Donald Trump están teniendo consecuencias negativas para la economía estadounidense, afectando al turismo y al sector servicios durante el Mundial. Este contexto cobra especial relevancia porque prácticamente al mismo tiempo, comenzarán las conversaciones para decidir si se mantiene el T-MEC en su estado actual o se inician revisiones anuales de aquí a 2036, año en el que vence su vigencia.
El Mundial está demostrando que América del Norte funciona mejor cuando hay integración y no cuando predominan las barreras. El turismo, la inversión y el comercio responden favorablemente a la apertura, mientras que las políticas restrictivas generan costos que terminan pagando las empresas y los consumidores.
PONEN LA LUPA EN CUAUTITLÁN
El presunto quebranto por más de 417 millones de pesos detectado en la administración del exalcalde Aldo Ledezma llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue clara al señalar que cuando existen elementos sobre un posible desvío de recursos públicos, la Unidad de Inteligencia Financiera puede intervenir para seguir la ruta del dinero.
El mensaje enviado desde Palacio Nacional el pasado viernes, cambia el contexto del caso. Ya no se trata únicamente de las observaciones formuladas por las auditorías realizadas por el gobierno de Juana Carrillo, que derivaron en 42 procedimientos administrativos, dos investigaciones por faltas graves y 12 denuncias penales. Ahora también queda abierta la puerta para que las autoridades federales puedan dar seguimiento al origen y destino de los recursos presuntamente desviados.
La declaración presidencial también eleva la presión sobre las instituciones encargadas de investigar el caso en el estado gobernado por Delfina Gómez, ya que ahora existe la posibilidad de una revisión desde el ámbito de la inteligencia financiera.
El expediente de Cuautitlán se convierte en una prueba para el discurso de combate a la corrupción. Si las investigaciones avanzan adecuadamente, el caso podría marcar un precedente sobre la rendición de cuentas. De lo contrario, quedará como un ejemplo más de investigaciones que se diluyen con el tiempo sin ningún resultado concreto.
@fer_martinezg