Entre los muchos errores por los cuales el Partido Revolucionario Institucional se derrumbó tras recuperar el poder con su carismático candidato Enrique Peña sobresale, quizá en primer lugar, la errática fórmula de seguridad interna indebidamente confiada a Miguel Ángel Osorio desde la secretaría de Gobernación hasta superar en cifras --con miles de muertes violentas--, a la otra desgracia, la del periodo de Felipe Calderón cuyas limitaciones personales desde antes eran conocidas por todos.
La política de (in) seguridad permitió un grave paso: las autodefensas.
Si bien su institucionalización ocurrió principalmente en Michoacán, durante el virreinato de Castillo (otro inepto de tomo y lomo) también el Estado abdicó de su responsabilidad y permitió a los “ciudadanos” armarse hasta los dientes dizque para su defensa contra los delincuentes, cuando muchos de ellos representaban a esos mismos criminales, pero con el disfraz de oveja del pueblo digno y heroico.
Ese fue el caso, por ejemplo, de Nestora Salgado quien acusada de secuestro como comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ascendió en la escala social y política hasta ocupar un escaño en el Senado, obviamente por Morena.
En Michoacán las cosas fueron de mal en peor.
A pesar de la opinión interna de altos mandos de las fuerzas armadas, como el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina, la alianza oculta de las autodefensas con los grupos a los cuales supuestamente debían combatir, era evidente.
“Todos están comprometidos con las mafias”, me dijo.
A fin de cuentas la madera de la cuña dejó a cada quien en su lugar. Castillo era un pillo. O es, porque no ha muerto.
“ (El País).- Una de las figuras más polémicas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018), Alfredo Castillo, enviado especial del presidente para resolver una de las graves crisis del sexenio, las autodefensas de Michoacán, y máximo responsable del deporte mexicano durante los Juegos Olímpicos en 2016, ha sido inhabilitado este martes por el organismo de control de los funcionarios para ocupar un cargo público en los próximos 10 años.
“La sanción se deriva de una auditoría que desvela que Castillo ocultó un patrimonio de más de 18 millones de pesos (casi un millón de dólares)”.
En aquellos años, cuando la terrible violencia michoacana había querido ser controlada --sin conseguirlo-- mediante la ruptura de los gobiernos municipales con La Familia o los Caballeros Templarios o cualquiera de los grupos (el michoacanazo fallido de Calderón), la incapacidad desvió el ineludible compromiso del Estado para proporcionar seguridad mediante el uso de su fuerza legítima y en teoría monopólica terminó cediendo su responsabilidad a grupos indefinidos y hasta delimitados en parcelas. Cedió a una fuerza ilegítima.
El resultado no podía ser peor.
Los dirigentes fueron cooptados o asesinados. La violencia en Michoacán, después de tantos años, sigue. El asesinato --por ejemplo-- del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo es una de las muchas evidencias.
En aquel contexto un alcalde se jugó la vida con una denuncia:
Guillermo Valencia, presidente municipal de Tepalcatepec, Michoacán, afirmó hace 12 años la responsabilidad de Juan José Farías Álvarez, “El abuelo”, en el control del sindicato criminal “Cárteles Unidos”.
Ahora, dos sexenios después “la justicia de Estados Unidos (AN) presentó una acusación formal por tráfico de drogas contra un hijo y un sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, exlíder de los autodefensas que negoció con el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto y fundador del grupo delictivo Cárteles Unidos.
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un jurado federal del Distrito de Columbia presentó el pasado 1 de julio una acusación formal en contra de Juan José Farías Mendoza, “Juanjo”, y de Israel Vega Farías, “Papo”, por los delitos conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con el fin de exportarla a Estados Unidos, así como por portar y poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y artefactos explosivos, para cometer y facilitar el narcotráfico, entre otros.
“Juanjo” de 31 años y “Papo” de 37 son originarios de Tepalcatepec, Michoacán, y se les considera miembros de alto rango de Cárteles Unidos, un grupo criminal que el 20 de febrero de 2025 fue designado como Organización Terrorista Extranjera con alcance global, bajo una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“De acuerdo con la acusación que presentó el Fiscal Federal Francis Hamilton III (Tercero) para el Distrito Este de Tennessee, el grupo Cárteles Unidos es actualmente “uno de los productores de metanfetamina más importantes del mundo, capaz de fabricar varias toneladas al mes que luego distribuyen a través de una amplia red en ciudades de Estados Unidos como Dallas y Houston en Texas, Sacramento y Los Ángeles en California; así como en Atlanta, Kansas City, Denver y Chicago”.
Si el consumo de fentanilo se mide por miligramos, la definición americana de un cártel productor de esta droga entre toneladas de metanfetaminas resulta de la mayor importancia.
Al conocer la acusación de los Estados Unidos contra los familiares cercanos de quien siempre señaló como líder de la banda, Valencia dijo:
“Esta es (R) la confirmación de lo que yo en su momento dije, pero no es una novedad. Desafortunadamente tuvieron que pasar 12 años para que el tiempo pusiera a cada quien en su lugar”.
En 2014, “era alcalde y fui amenazado de muerte: llegó un comando de supuestas autodefensas porque yo siempre lo comenté: las únicas autodefensas legítimas eran las de Hipólito Mora (asesinado) , pero en Tepalcatepec había otro tipo de intereses detrás… llegó un comando a la Presidencia Municipal, todo está grabado. Hay videos de eso, de cuando llegaron a amenazarme y que si volvía me iban a matar.
“¿Y qué hice? Pues pedirle al Gobernador (Fausto Vallejo) y al Presidente de la República (Enrique Peña) apoyo y seguridad para desempeñar mi cargo".
“Valencia contó que, años atrás, le había enviado un escrito al entonces Presidente Felipe Calderón para pedirle que designara a un militar como director de Seguridad Pública, que asumiera el mando de la seguridad en el municipio. Pero siempre fui ignorado, tanto por Peña como por el Gobierno de Calderón.
“Y ahora lamento que después de tanto tiempo, tenga que pasar esto. Del señor ese, ‘El Abuelo’, ya dije lo que tenía que decir, pero ellos no me permitieron retornar…”