La presidenta Claudia Sheinbaum dio un golpe en la mesa que retumbó hasta la Casa Blanca al documentar que Ken Salazar carece de autoridad moral para emitir juicios sobre México.
La mandataria le volvió a exigir cuentas al gobierno de Estados Unidos, particularmente al exembajador norteamericano en México y al FBI sobre la que ya se la extracción ilegal de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.
Con una dignidad inquebrantable, Sheinbaum volvió a salir en defensa de la soberanía nacional, y exhibió las mentiras de Salazar —un halcón de la era de Joe Biden que operó a favor de corporativos gringos y encubrió la intervención ilegal de agencias de su país— y de la oficina de investigación norteamericana.
Para el gobierno mexicano, este episodio marca un punto sin retorno en las condiciones de la cooperación binacional.
La mandataria ordenó a la cancillería que le solicite a la Fiscalía General de la República toda la información con que cuente el gobierno de Estados Unidos sobre los hechos.
La seguridad y el fentanilo como armas geopolítica.
Detrás de este choque subyace una realidad estructural mucho más profunda: el narcotráfico y la seguridad son utilizados por Washington como sofisticados instrumentos geopolíticos manipulados a su absoluta conveniencia.
En este complejo diseño, la caída del “Mayo” Zambada le permitió al gobierno de Estados Unidos dar el paso definitivo para catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y culpar directamente al Cártel de Sinaloa como el principal introductor de fentanilo en su territorio, elevando esta crisis de salud pública al rango de una amenaza por armas de destrucción masiva.
Pero esta narrativa no busca la justicia real, sino construir el andamiaje legal indispensable para justificar futuras intervenciones unilaterales de corte imperialistaen territorio mexicano.
Al catalogar a las organizaciones criminales como un peligro inminente para su seguridad nacional, Washington genera intencionalmente escenarios de inestabilidad y siembra el miedo en la opinión pública internacional.
El objetivo de fondo es promover ante la comunidad global la supuesta “necesidad” de un control territorial extranjero en suelo mexicano, desnudando la histórica naturaleza intervencionista de Estados Unidos como el principal invasor de las naciones soberanistas del mundo.
Se trata de una inercia hegemónica que opera para beneficio de sus intereses económicos y políticos.
Sin embargo, Sheinbaum ha comenzado a desmontar esta falsa narrativa de “narcoestado” que el gobierno estadounidense le quiere endilgar a México.
El trasfondo extractivista y el despojo territorial.
La violencia desatada en Sinaloa tras la captura de los capos constituye, bajo este prisma, la acción más cínica de instrumentación del crimen organizado para avanzar en la agenda comercial y económica de Estados Unidos.
El control territorial impulsado desde el extranjero no busca pacificar la región, sino limpiar el terreno para beneficiar a grandes intereses corporativos estrechamente vinculados al extractivismo industrial.
En diversas regiones serranas clave de la entidad sinaloense, el violento acoso del narco amenaza de forma directa a comunidades que habitan las zonas donde existen ricos yacimientos de tierras raras, minerales que hoy resultan altamente estratégicos para el desarrollo de la tecnología global y la transición energética.
Al desplazar a la población local, se desarticula cualquier asomo de resistencia social o comunitaria, abriendo de par en par la puerta para que empresas gringas consoliden y expandan su presencia en el estado sin mediación ni cuestionamientos legales.
Las mentiras de Ken Salazar.
La mandataria federal recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió información oficial a la embajada sobre la extracción de Zambada, pero Ken Salazar negó categóricamente que alguna agencia estadounidense hubiera participado en dicho operativo.
No obstante, el cinismo diplomático quedó al descubierto gracias a una nota periodística que confirmó que el avión utilizado para el secuestro está hoy expuesto en Nuevo México en una feria de seguridad donde el FBI se atribuye con orgullo la autoría del operativo.
«¿Entonces quién mintió?», preguntó Sheinbaum de manera tajante ante los medios, recalcando que la participación de agencias extranjeras en estos términos viola flagrantemente la Constitución mexicana y tratados internacionales suscritos por ambas naciones.
El peso de la ley y los pactos en la sombra
El panorama bilateral se vuelve aún más turbio cuando se analizan los pactos que se operan en la sombra.
Tras la polémica extracción de los capos, se confirmó que 17 familiares de Joaquín Guzmán López y, apenas unos días después, familiares de Ovidio Guzmán fueron recibidos formalmente por el gobierno norteamericano en su territorio.
Ante esta sospechosa cadena de eventos, Sheinbaum lanzó un cuestionamiento demoledor: «¿Quiénes son los que acuerdan con el crimen organizado?», resaltando. la postura del segundo piso de la transformación: «Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con algún integrante de la delincuencia organizada».
Para la presidenta, esclarecer la verdad histórica de este caso es vital porque el respeto, la veracidad y la franqueza son pilares esenciales para confiar en un gobierno vecino.
Dignidad ante la presión
Al ser cuestionada sobre si México se encuentra bajo una intensa presión por parte de Washington, la jefa del Ejecutivo federal cerró la discusión con una frase contundente que define el nuevo estándar de la política exterior mexicana frente a su socio del norte:
«Estados Unidos puede presionar lo que quiera, la diferencia está en cómo responde el gobierno mexicano».
Con esta postura, queda claro que la soberanía nacional no se negocia bajo ninguna narrativa de impunidad ni sometimiento económico.
Y ¿quiénes son narcogobierno? El mexicano que abate a narcos como el Mencho o los EUA que pactan con “el Mayo” y con los hijos de “El Chapo” Guzmán?