El 18 de agosto de 1971, sin disparar un sólo tiro, sin control del espacio aéreo del Distrito Federal, a la luz del atardecer mediante el mínimo trabajo de pintar un helicóptero con los colores de la Procuraduría General de Justicia del DF, un autogiro Bell 260 bajó en Santa Martha Acatitla y se llevó tranquilamente a Joel David Kaplan, un agente de la CIA recluido en la penitenciaría por homicidio quien invitó a la fuga del siglo a su socio Carlos Antonio Contreras Castro, un falsificador internacional de mediana talla.
Los ineptos guardias de la cárcel miraron atónitos y pasivos el descenso y el despegue de la aeronave. Nadie sabía qué había ocurrido. Todo el personal carcelario, incluyendo al director, un médico militar de nombre José Luis Campos Burgos fue investigado y todos fueron exonerados. Más ruido, menos nueces. Como ahora.
La violación de la soberanía (toda acción patrocinada desde una agencia foránea contra las instituciones nacionales o el territorio así debe ser catalogada, sea como sea) se trate el espacio aéreo, la seguridad penitenciaria, y hasta del (des) control civil de la aviación en zonas urbanas, se consumó en un tiempo ideal: doce segundos.
Luego huyeron del país.
Kaplan jamás fue procesado en EU ni mucho menos extraditado. Todo el mundo aquí puso el grito en el cielo, pero no ocurrió nada. Absolutamente nada.
Después de haberse reído durante años de los mexicanos y su gobierno (hasta una entrevista le dio a mi difunto amigo Jaime Almeida para la TV) Kaplan se murió de viejo.
Se podrá decir, aquello fue un caso policiaco ajeno a la política. Como si así tratáramos el asesinato de Melesio Cuén.
Pero ya sabemos, se trate de conseguir armas y un barco para iniciar una guerrilla en Cuba o sacar a un agente de la CIA de la prisión o secuestrar a un médico para exprimir la confesión de cómo torturaron y mataron a un espía de la DEA infiltrado en el narco mexicano y asesinado por narcotraficantes, todo pasa por la política, como las fugas del “Chapo” de Almoloya y Puente Grande o la “extracción” del Mayo Zambada.
En todo hay colusión.
Como los otros casos ya no tienen ninguna importancia --ni como ejemplos-- el gobierno mexicano ha emprendido una labor hilarante: dar a conocer –a retazos, entre quejas, lamentos, denuncias, enojos, exaltación nacionalista, acusaciones y ocultamiento de datos locales-- una investigación para confirmar lo ya sabido: el gobierno de Estados Unidos (FBI, DEA, CIA, Etc.) con ayuda de políticos involucrados, empezando por el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y terminando con el también ex rector de la UAS, el asesinado Melesio Cuén, se llevó de este país a un delincuente de alto calibre a quien la justicia mexicana mantuvo tranquilo durante 50 años.
Ayer, tras varios anuncios y aplazamientos, derivación de responsabilidades informativas entre la cancillería, la presidencia y la fiscalía, la señora fiscala (también con A), Ernestina Godoy, salió a leer el libreto de un culebrón maravilloso y lleno de indignadas imprecisiones, obviedades y limitaciones, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciaba la apertura parcial de los archivos del caso, recientemente reservados por 5 años, pero con una transparencia limitada: nada más poquito. No se vaya alguien a enterar de lo inconveniente.
Ha dicho la fiscala Ernestina (con A):
“…de confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país (conducta prevista como grave delito en la Ley de Seguridad Nacional) todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves.
Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa la transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales.
“Frente a este escenario, la fiscalía general de la República realiza ya nuevos actos de investigación (porque los anteriores no son de investigación; son de confirmación).
“Por principio de cuentas, hemos solicitado mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, en términos de lo previsto en el tratado bilateral en la materia, una serie de
requerimientos de información para que el gobierno (de EU, obviamente) proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos”.
Aquí la firmeza se afloja. Pido pan; no me dan.
“Es importante recordar que desde que ocurrieron los hechos el 25 de julio de 2024, la fiscalía general de la República ha iniciado siete carpetas de investigación relacionadas y derivadas con este caso, por los siguientes hechos posiblemente constitutivos de delitos (¿Y?).
“El homicidio de Héctor N, el secuestro de Ismael N, la desaparición de dos escoltas de Ismael N y contra la Procuración de Justicia por alteración de la escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común (de RRM, nada)”.
Pero la parte más conmovedora es esta retahíla, y de ella se encargó Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial viene ahora:
“...A la fecha, se han emitido por parte de la Fiscalía, a través del Área de Asuntos Internacionales, 16 oficios recordatorios, insistiendo al Departamento de Justicia (de EU) en la necesidad de que nos acopien, nos proporcionen la información faltante.
“Desafortunadamente, no podemos y, en particular, el de la voz como titular de la Fiscalía Especializada, de la cual depende la Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales, no puedo
abundar en el contenido sustantivo de la solicitud formulada por nosotros, ni en la respuesta correlativa por parte del Gobierno de Estados Unidos”. Pero lo estamos haciendo, conste.
Obviamente no se necesita el talento de un competente fiscal especializado en control competencial o ya en el extremo ni siquiera de un barrendero de la banqueta para entender las cosas: si se han girado 16 recordatorios de atención a las solicitudes de información sensible, es porque nadie los ha tomado en cuenta. Por más y como les griten, ¿me estás oyendo, inútil?
México grita y Estados Unidos no oye. O no le importa.
En el embrollo de revelar y guardar información, el caso del piloto de la aeronave ahora exhibida en un museo de Texas, como si fuera el “Granma” en el malecón habanero, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR nos habla de un real misterio:
“El piloto fue deportado (o sea, estaba allá) , siguió operando cometiendo delitos en México (o sea más; estaba aquí) , es la información que consta, fue detenido (aquí) por portación de arma y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos (allá)”. Además, le gustaba jugar al turista como es cosa vista.
Raúl Armando Jiménez no deja pasar la oportunidad de convertir un informe en un entramado pedagógico muy notable. Nos dice:
“… Efectivamente, una columna vertebral del derecho
internacional (el dicho derecho tiene varias columnas vertebrales como corresponde a los vertebrados mutantes), es la buena fe, no solamente como una conducta de naturaleza ética, sino que es una norma imperativa que tiene que prevalecer en todos los ámbitos de las relaciones internacionales. Uno de tales ámbitos, destacadamente, significativamente, es el ámbito de
la diplomacia internacional.
“La buena fe está claramente proyectada como una regla de observancia obligatoria en el contexto de las relaciones diplomáticas y consulares internacionales. Este principio fue
claramente violentado por el embajador en su momento, Ken Salazar, porque de acuerdo a la información que se está acopiando en la respectiva carpeta de investigación, su afirmación en el sentido de que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses en el operativo en cuestión, resulta falsa de toda falsedad.
“…las consecuencias --sí debo precisar esto-- no son necesariamente ), penales, (tampoco innecesariamente; es más ni siquiera son) y no lo son, número uno, porque los embajadores en el desempeño de su representación diplomática gozan de lo que se conoce técnicamente en derecho internacional como la inmunidad diplomática internacional, de tal manera que lo que ocurre en el desempeño de su función no puede ser investigado, perseguido o castigado.” Total, no era penal.
Y ya se oye como verdad verdadera, oiga, hombre, no hay derecho, no hay que ser así, pues digo vamos a poner por caso, ¿no? Por si acaso, pues es como si yo en lugar de darle un peso le doy un billete de a dos cincuenta o le juego al Infantino y le quito la tarjeta roja, ¿verdad?; no hay derecho, hombre, cómo hay gente incriminosa…”
Lo lamentable de este asunto es su atascamiento.
Desde tiempos del ex presidente López estamos pidiendo y pidiendo en tono de rogativa, una confesión de parte, un reconocimiento de sus arbitrariedades, una autoinculpación de sus violaciones, y ellos ni nos ven ni nos oyen. Eso duele.
Lo triste es el intento de cubrir la desigualdad mexicana ante los abusos ultra conocidos del gobierno de los Estados Unidos contra México desde hace muchos años.
Gritamos, nos quejamos, nos lamentamos y ellos se alzan de hombros y responden con más presiones de todo tipo.
Y mientras tanto la patria a dieta: agua y ajo.