Quien quiere ver en el recurrente tema de la extracción del “Mayo” Zambada solamente un episodio entre México y EU, en el mutuo y desigual combate contra el crimen organizado (como sacar una muela infectada o un tumor) está viendo –por insuficiencia, conveniencia o disimulo--, sólo una parte del fenómeno.
El tema de fondo es la imbricación del neo sistema político en el control de algunas regiones del país, como lo ha señalado insistentemente el gobierno de los Estados Unidos. No desde ahora; desde antes con los Demócratas.
No debemos olvidarlo; quien autorizó al FBI, a la DEA y la CIA --obviamente-- la Operación Beechcraft (King Air 200), fue –entre cabeceos y coyotitos-- el presidente Joe Biden de quien Salazar era representante.
¿Le debemos creer a los americanos el control de la tercera parte del país por grupos delictivos sólo porque lo dicen con una enorme resonancia mediática? No. De ninguna manera.
Los americanos (como los políticos de todo el mundo) mienten sistemáticamente. Y si no, ahí están los frecuentes dichos del presidente Donald Trump quien un día dice blanco y al siguiente negro. Y en ambas ocasiones miente, pero juega como si se creyera su falsa verdad.
Ken Salazar –impunemente y por órdenes expresas--, ha mentido con frecuencia y con insistencia.
El martes con todas sus letras se le dijo mentiroso. El miércoles sus palabras refrescaron la pradera porque aseguró jamás haber tenido evidencia de ligas, contactos, tratos, convivencia o relación de algún otro tipo entre el ex presidente López y los grupos criminales.
De un día para otro pasó de falsario mendaz a garante de buena conducta presidencial.
--¿Por qué creerle?
El problema ahora es un gobierno atorado con sus propios enredos como –por ejemplo— el incumplimiento del artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional, por cierto, adicionado por Andrés López (2020) al texto promulgado por Vicente Fox.
Ese artículo dice:
“…Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los Agentes Extranjeros en territorio nacional”.
Cuando a la presidenta le preguntaron sobre esto, respondió con un desdeñoso y evasivo, “no se trata de eso”.
--¿De qué no se trata? ¿De cumplir la ley o de suspender la cooperación o ambas cosas o ninguna?¿Entonces de qué sí se trata?
El martes, cuando parieron las montañas, la presidenta le trasladó los detalles a las investigaciones de la FGR pero ayer se supo cómo en relación con este mismo enredo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (también presente en la conferencia del martes), reservó toda su información. Por un lado, entreabren la puerta y por otro la cierran.
“…La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por cinco años (R) toda la documentación relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico del Gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázares, también de Morena.
“…esa información podría “afectar la confianza y confidencialidad necesarias para el intercambio de información entre autoridades de ambos países”.
“La divulgación de esta información podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano, al revelar elementos sensibles de los mecanismos de cooperación, análisis de información, estrategias de coordinación intergubernamental y consideraciones para la conducción de la interlocución diplomática entre México y Estados Unidos.
Ayer –en sentido contrario a la clasificación confidencial--, la señora presidenta (con A), dijo:
“…Hoy la Fiscalía, entiendo que va a dar una conferencia de prensa, hay que esperar la conferencia de prensa de la Fiscalía o un comunicado, pero nos informaron que el día de hoy, con relación a lo que presentamos el día de ayer, va a ser un comunicado.”
Del texto restrictivo de la cancillería se debe analizar un fragmento: “La divulgación de esta información podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano”. Suena muy extraño.
¿Menoscabar la conducción de las relaciones internacionales (habilidad mexicana esa de conducir las relaciones) o causar daño a las relaciones mismas? No queda claro, pero solicitarle claridad a esta administración es pedirle peras al olmo.
Cuando los americanos filtran o expresan directamente el control nacional por parte de los cárteles, la respuesta es siempre la misma: es un tema de promoción electoral allá.
Con ese recurso se podrían hasta detener las balas, como querían los fanáticos cristeros en el año 29 del siglo pasado: con una estampita de Jesús en el ala del sombrero y unas letritas, detente bala, el sagrado corazón me protege.
La insistencia en el dominio criminal y a veces el co-gobierno no es un invento reciente por parte de los EU. Ahí radica todo, en el fácil fraseo: si ustedes no lo hacen lo hacemos nosotros.
El ex jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen D. Van Herck (2020-2024) fue quien primero midió el problema mexicano en términos territoriales:
“…Drogas, migración, tráfico humano, todos son síntomas de organizaciones criminales transnacionales que a menudo operan en áreas no gobernadas, entre un 30 a 35 por ciento, de México…”
Pero después, con todo y el cambio de gobierno, el nuevo responsable del mismo Comando, Greg Guillot en una audiencia senatorial reveló --más allá del diagnóstico-- los sobrevuelos de aeronaves y drones estadounidenses en territorio mexicano, con permiso del Pentágono, no del gobierno nacional.
Al ser interrogado por el senador Roger Wicker, el general Guillot aseguró que “recientemente se permitió extender sus capacidades de inteligencia y vigilancia para hacer frente” a este problema (fentanilo fronterizo) y Wicker lo interrumpió para precisar si dicha autorización había sido otorgada por México.
“No, por el Departamento de Defensa”, afirmó Guillot.
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