La digitalización ha transformado profundamente la vida cotidiana de millones de mexicanos. Hoy, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas digitales son herramientas indispensables para estudiar, trabajar y comunicarse. Sin embargo, este avance tecnológico también ha traído consigo riesgos importantes, entre los que destaca el ciberacoso.
Todos sabemos lo valioso y necesario que es cambiar nuestras contraseñas cada cierto tiempo, no dejarlas grabadas en nuestros navegadores, realizar la verificación en dos pasos y usar el reconocimiento facial o la huella digital en nuestros equipos. Esas medidas ayudan y muestran una sociedad más consciente de sus riesgos digitales; pero a pesar de ello, el Módulo sobre Ciberacoso 2025 del INEGI nos ofrece datos para reflexionar.
En 2025, el 20% de las personas usuarias de internet de 12 años y más vivió alguna situación de acoso cibernético. Son alrededor de 19.4 millones de personas. En términos políticos, esa cifra ya no pertenece al terreno de las anécdotas personales, pues lo que nos indica en concreto es que una de cada cinco personas usuarias de internet enfrentó hostigamiento, mensajes ofensivos, amenazas, suplantación, insinuaciones sexuales no deseadas o exposición de información.
La medición nacional tuvo una baja ligera frente a 2024, cuando el indicador fue de 21%. Esa variación ayuda, aunque conviene leerla con prudencia. El ciberacoso se mueve por territorios, edades, géneros y contextos sociales. Su comportamiento también se explica por la vida comunitaria, la educación digital, la confianza para denunciar, la respuesta de las plataformas y la manera en que cada sociedad local procesa el conflicto.
Los estados con mayor prevalencia en 2025 fueron Durango, Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro y Michoacán. En todos ellos, casi una cuarta parte de las personas usuarias de internet reportó haber vivido ciberacoso. El dato tiene una fuerza pública evidente. Cuando la violencia digital alcanza esa escala, la conversación deja de pertenecer solo a padres de familia, escuelas o plataformas. Entra al campo de la política pública, porque afecta confianza, participación, salud emocional y ejercicio de derechos.
La Ciudad de México pasó de 18% en 2024 a 23% en 2025. Es valioso por representar una tendencia y sobre todo porque en nuestra capital se concentra la vida pública, intensidad mediática, movilización política, discusión social y una presencia digital permanente. Esa combinación vuelve más visible cualquier forma de agresión en línea. La ciudad opera como un gran tablero de interacción, donde el debate, la queja, la burla, la denuncia y el ataque pueden mezclarse con enorme rapidez.
Hay también entidades con reducciones importantes. Yucatán bajó de 29% a 18%; Chiapas, Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora también mostraron descensos relevantes. En seguridad digital y convivencia social, los buenos resultados pueden enseñar tanto como las alertas. Vale la pena revisar qué cambió en esos territorios, qué prácticas comunitarias funcionaron, qué campañas tuvieron más aceptación o qué condiciones sociales ayudaron a contener la agresión digital.
Por otro lado, 21% de las mujeres usuarias de internet reportó ciberacoso, frente al 19% de los hombres. La diferencia numérica parece moderada, pero el tipo de violencia suele ser distinto. Para muchas mujeres, la agresión digital aparece vinculada con insinuaciones sexuales, hostigamiento persistente, exposición de datos personales, ataques a su imagen o intentos de expulsarlas de la conversación pública. En la pantalla se reproducen violencias que ya existen fuera de ella.
Aquí se encuentra una de las claves del problema. México ha avanzado en seguridad de acceso, mientras la seguridad de la convivencia digital sigue en construcción. La contraseña protege una cuenta; la cultura cívica protege la relación entre personas. La verificación en dos pasos reduce fraudes; la educación digital ayuda a contener abusos. La biometría cuida la identidad; la responsabilidad social cuida la conversación.
Hay medidas elementales que conviene volver costumbre. Ante un enlace desconocido, lo primero es detenerse. Un mensaje urgente, una promoción demasiado atractiva, una supuesta alerta bancaria o una liga enviada desde una cuenta extraña pueden abrir la puerta a robo de identidad, extorsión o acceso indebido a información personal. La seguridad digital empieza muchas veces en ese segundo de pausa antes de tocar la pantalla.
También hace falta hablarlo en casa. Las familias suelen conversar sobre horarios, dinero, escuela, trabajo o salud, pero dejan la vida digital en una zona ambigua, como si cada quien tuviera que resolverla a solas. Abrir conversaciones sobre ciberacoso, suplantación de identidad, amenazas, chantajes o difusión de imágenes permite anticipar respuestas. Una familia que ya habló del tema reacciona mejor cuando aparece una crisis.
Los acuerdos pueden ser simples. Si alguien pierde el control de su cuenta, recibe amenazas o sospecha que su identidad fue vulnerada, conviene tener una ruta previa, avisar de inmediato a personas cercanas, resguardar evidencias, cambiar contraseñas, cerrar sesiones abiertas, reportar la cuenta y denunciar ante la policía cibernética. También puede establecerse una palabra clave familiar para confirmar que se está hablando con la persona verdadera cuando llega un mensaje extraño pidiendo dinero, datos, fotografías o ayuda urgente. No es una sofisticación tecnológica, es sentido común organizado.
El ciberacoso obliga a pensar internet como espacio público. Durante años se habló de la red como un territorio aparte, casi sin reglas sociales. Pero lo que ocurre en línea tiene consecuencias en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la reputación, en la salud mental y en la participación ciudadana. Una amenaza enviada por mensaje no se queda en el mensaje. Una humillación viral no se agota en la publicación. Una campaña de hostigamiento puede modificar la vida de una persona.
Las escuelas pueden formar ciudadanía digital desde edades tempranas, con herramientas para reconocer límites, cuidar datos personales, denunciar agresiones y comprender el impacto de lo que se publica. Las familias necesitan acompañar sin minimizar. Las plataformas tienen responsabilidad en la moderación, los tiempos de respuesta y la protección de personas vulnerables. Las instituciones públicas pueden acercar rutas claras de orientación, atención y denuncia, especialmente para niñas, niños, adolescentes y mujeres.
El gobierno tiene un papel relevante, aunque el fenómeno rebasa por naturaleza a cualquier autoridad. La convivencia digital se construye entre Estado, sociedad, empresas tecnológicas, escuelas, familias y usuarios. Esa corresponsabilidad es incómoda porque reparte obligaciones, pero también abre posibilidades. Nadie puede resolver por sí solo un problema que ocurre en millones de interacciones diarias.
La vida digital ya forma parte de la vida democrática. Ahí se organizan causas, se expresan inconformidades, se construyen reputaciones, se informan comunidades y se disputan sentidos. Cuando ese espacio se llena de agresión, muchas personas optan por callar, retirarse o limitar su participación. El daño entonces deja de ser individual y alcanza a la conversación pública.
Los datos del INEGI demuestran que la estrategia para enfrentar el ciberacoso debe ir más allá de las medidas de protección tecnológica. Si bien el uso de contraseñas robustas, autenticación de dos factores y datos biométricos fortalece la seguridad de las cuentas, estas herramientas no eliminan las conductas agresivas que ocurren entre usuarios. El problema tiene una dimensión humana que requiere educación, regulación y una cultura de respeto en los espacios digitales.
Las instituciones educativas deberían incorporar programas de ciudadanía digital que enseñen a niñas, niños y adolescentes a utilizar internet de manera responsable y ética. Del mismo modo, las plataformas digitales deben fortalecer sus mecanismos de denuncia y moderación para actuar con mayor rapidez frente a conductas de hostigamiento, amenazas o difusión de contenido ofensivo.
En conclusión, aunque México registró una ligera disminución nacional en los casos de ciberacoso durante 2025, el problema sigue afectando a casi una quinta parte de la población usuaria de internet. Las diferencias entre entidades federativas demuestran que los avances no son homogéneos y que aún existen regiones donde la violencia digital continúa creciendo. La construcción de espacios virtuales seguros exige una combinación de tecnología, educación y responsabilidad social. Solo así será posible garantizar que internet sea una herramienta de desarrollo y comunicación, y no un escenario para la violencia y la intimidación.