Vivimos una época donde la democracia se erosiona cada vez más. No es necesario un golpe de Estado u otra acción de este nivel para minarla, basta debilitar a las instituciones que fueron creadas, como una exigencia de la ciudadanía para que existiera igualdad en las contiendas electorales, pluralismo político y aplicar sanciones cuando hubiera una irregularidad o falta grave.
En democracia importa que existan instituciones sólidas, con conocimiento técnico, pero también con legitimidad y credibilidad. Esto se materializa con nuestras decisiones y acciones, cuando esto no ocurre viene el debilitamiento.
Los institutos electorales son un legado de voces que exigieron respeto al voto, sistema electoral que se ha ido configurando para corregir errores del pasado.
Se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE). Y en cada entidad federativa existe un instituto electoral, que desde 2014 se denominan Organismos Públicos Locales, quienes son las autoridades administrativas que organizan elecciones.
La Constitución establece que estos órganos electorales deben regirse por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, transparencia y una máxima publicidad. Cada decisión debe estar ampliamente consensuada, pero bajo el marco de los citados principios.
¿Qué decisiones toma una autoridad electoral? Son muy variadas, van desde el registro de candidaturas hasta la integración de sus órganos internos, como las direcciones de área o jefaturas de unidades.
Y aquí destaca que es muy alto el costo de no tener transparencia en estos procesos de designaciones, pues se afecta la confianza ciudadana.
Por ejemplo, en un reciente procedimiento para definir la titularidad de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) advertí ciertos vicios, como la aplicación de criterios de ponderación que derivaron en sesgos.
En este procedimiento de selección se equiparó el ejercicio de una suplencia o ser encargado de despacho, con la titularidad formal de una dirección, mientras en las entrevistas se registraron elementos de subjetividad, al no conocerse la puntuación total de todos los y las participantes.
Además, la difusión del aviso para inscribirse al procedimiento no fue amplia y en la información proporcionada a los y las aspirantes nunca se les indicó cuál sería la puntuación máxima a obtener en cada etapa del procedimiento, ni cómo se otorgarían los puntos de la valoración curricular, o cuáles serían las competencias que se valorarían en las entrevistas.
Los resultados de las puntuaciones de aspirantes, por cada etapa del procedimiento, tampoco fueron públicos, como sí ocurre en otros concursos de autoridades electorales.
En suma, la falta de un procedimiento que garantizara una ponderación más objetiva en el análisis de quien resultaría en ser el mejor perfil, dificultó conocer al o la aspirante mejor evaluada, de entre quienes cumplieron los criterios de idoneidad.
Para mayor contexto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) indica que entre 2023 y 2025 se registró una caída en la confianza ciudadana hacia los institutos electorales, al bajar del 54.7 al 48.1 por ciento.
Por ello, se advierte que las instituciones electorales no se sostienen automáticamente, sino a través de sus decisiones, además de la observación y exigencia ciudadana. De ahí la importancia de rechazar la opacidad que daña gradualmente a la democracia.