Algunas instituciones se justifican en nombre de la seguridad, pero al final terminan revelando el verdadero rostro de toda una época. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos nació con el discurso de proteger las fronteras y hacer cumplir la ley migratoria. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en el símbolo de una política excluyente y racista que normaliza la criminalización de migrantes y la deshumanización de quienes cruzaron la frontera buscando sobrevivir. Tan solo en lo que va de 2026, 18 mexicanos migrantes han fallecido en los violentos operativos raciales llevados a cabo por esta policía migratoria, a los que se suman más de cuatro decenas de personas de otras nacionalidades quienes han perdido la vida en redadas o incluso, encontrándose en algunos centros de detención de ese cuerpo paramilitar. El asesinato de personas migrantes no es una simple estadística administrativa, representa el regreso de los tiempos de oscuridad.
Cada fallecimiento es un fracaso del Estado de derecho y una violación del principio más elemental de cualquier democracia, expresado en la obligación de proteger la vida de quienes se encuentran bajo su custodia. Cuando una persona es detenida, el Estado asume una responsabilidad absoluta sobre su integridad física y psicológica. Si esa persona muere mientras permanece bajo vigilancia gubernamental, la explicación de los hechos nunca puede reducirse a un accidente burocrático. Detrás de cada caso existen historias de familias separadas, nula o insuficiente atención médica, condiciones de detención inhumanas y arbitrarias, así como una serie de procedimientos que diversas organizaciones internacionales han señalado como incompatibles con estándares básicos de derechos humanos. Ninguna política migratoria puede considerarse exitosa cuando su funcionamiento termina asociado a la muerte de quienes pretendía procesar administrativamente.
Pero el problema trasciende al ICE. La institución refleja una concepción política de la migración basada en el miedo y el terror. El migrante deja de ser una persona para convertirse en una amenaza, una carga económica, un riesgo sanitario o un enemigo potencial. Esta transformación simbólica es precisamente el terreno donde florece la persecución intolerante. El racismo del siglo XXI rara vez utiliza el lenguaje biológico del pasado. Se expresa mediante discursos sobre la “ilegalidad”, la “invasión”, la “seguridad nacional” o la “protección cultural”. La nacionalidad, el idioma, el color de piel o el origen étnico, funcionan como marcadores que justifican un trato desigual o violento sin necesidad de recurrir explícitamente a las categorías raciales del pasado. No obstante, el resultado es siempre el mismo: la
creación de seres humanos considerados descartables, enjuiciables o no dignos de protección.
La historia no se repite de manera idéntica, pero si puede reproducir algunas de sus experiencias, prácticas y mecanismos más peligrosos. Resulta indispensable recordar la enseñanza más dramática que las sociedades de nuestro tiempo heredaron del siglo XX, representada por la constatación de que ningún sistema persecutorio comienza con campos de concentración. Todo inicia mucho antes, cuando el Estado deja de ver seres humanos y comienza a clasificar a las personas según su utilidad, su origen o su supuesto peligro. Adolf Hitler no construyó el régimen nazi únicamente con violencia. Lo edificó sobre un proceso sistemático de deshumanización. Antes de las deportaciones masivas existieron campañas propagandísticas para convencer a millones de personas de que determinados grupos humanos representaban una amenaza para la nación. Antes del exterminio hubo manipulación de conciencias. Antes de la barbarie hubo burocracia. Antes del asesinato hubo indiferencia.
La migración no constituye una amenaza existencial para las democracias. La verdadera amenaza aparece cuando un sistema acepta que la dignidad humana depende de un documento, de una nacionalidad o del lugar de nacimiento. Las fronteras pueden proteger un territorio, pero nunca convertirse en el lugar donde se abandona la conciencia moral de la sociedad.