Donald Trump afirmó esta semana que el T-MEC es importante para México y Canadá, pero no para Estados Unidos. Es evidente que, con esa afirmación, el presidente de los EEUU busca colocarnos en una posición de necesidad y presentar a la economía estadounidense como capaz de prescindir del acuerdo. Sin embargo, los propios datos de su gobierno muestran algo muy diferente: México es hoy el principal socio comercial de bienes de Estados Unidos y también el primer destino de sus exportaciones. La relación es asimétrica, pero no unilateral. Después de tres décadas de integración productiva, ninguno de los tres países puede desarmarla sin asumir costos de oportunidad que pueden resultar en graves afectaciones para las economías de cada Estado.
El pasado 1 de julio, Washington decidió no aceptar la extensión del tratado por un nuevo periodo de 16 años, pero eso de ninguna manera significa que el T-MEC se haya terminado. Todo lo contrario, el acuerdo continúa vigente y, conforme a sus propias reglas, entrará en revisiones anuales mientras los tres gobiernos no alcancen un entendimiento para extenderlo. La diferencia jurídica es importante, pero también lo es su consecuencia económica: la incertidumbre puede mantenerse durante años y convertirse en un instrumento recurrente de presión sobre inversiones, cadenas productivas y decisiones empresariales. Además, esa situación resultará favorecedora para México si el siguiente año la negociación ya no es con la gestión de Trump y es algo que pocos analistas están tomando en cuenta.
Por otra parte, los acontecimientos de los últimos días muestran, al mismo tiempo, la utilidad y los límites de este tratado. Estados Unidos impuso un arancel adicional de 10 por ciento a productos mexicanos mediante una investigación de la Sección 301, pero dejó fuera a las mercancías que cumplen las reglas del T-MEC. Al respecto, Marcelo Ebrard ha señalado que alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando sin arancel. Entonces, el acuerdo sigue funcionando como un escudo para la mayor parte del comercio; no obstante, no ha impedido que Washington recurra a su legislación interna para gravar automóviles, acero, aluminio y otros sectores estratégicos.
Como país, no podemos ignorar que cerca de 83% de nuestras exportaciones de mercancías se dirige al mercado estadounidense. Por tanto, una modificación abrupta de las condiciones comerciales afectaría plantas, proveedores, transportistas, productores agrícolas, empleos e ingresos familiares. Pero reconocer esa dependencia no obliga a asumir una posición de indefensión. Consideremos que tan solo entre enero y mayo de 2026, fuimos el primer socio comercial de bienes de Estados Unidos, su principal proveedor y el mayor comprador de productos estadounidenses. Nuestro vecino necesita alimentos, dispositivos médicos, autopartes y manufacturas mexicanas, del mismo modo que nuestra economía requiere maquinaria, energía, componentes e inversión provenientes de ese país.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del secretario de Economía, ha construido hasta ahora una posición de prudencia activa, buscando preservar el tratado, reducir los aranceles entre socios y coordinar la producción regional de medicamentos, tecnología, componentes y bienes estratégicos. En este sentido, la política diplomática no se ha enfocado a responder cada declaración con una confrontación que termine dañando a quienes trabajan y producen en ambos lados de la frontera. Tampoco aceptando cualquier condición para conservar el acceso al mercado; pues negociar con serenidad exige saber qué debe protegerse y qué capacidades nacionales deben fortalecerse.
La discusión más delicada se encuentra en las reglas de origen. Estados Unidos ha propuesto que una proporción determinada del contenido de los automóviles sea fabricada específicamente en su territorio, además de endurecer los requisitos frente a componentes provenientes de otras regiones. México ha rechazado esa cuota nacional. Detrás de los porcentajes hay una disputa mucho más profunda: dónde se localizarán las plantas, quién desarrollará la tecnología, qué proveedores participarán y en qué país permanecerán los empleos mejor remunerados. No estamos frente a una discusión técnica reservada a los negociadores. Está en juego el lugar de México en la siguiente etapa industrial de Norteamérica.
México puede beneficiarse de una región que reduzca dependencias externas, pero solamente si la nueva integración no nos reserva el papel de plataforma de ensamblaje y bajos salarios. El éxito no debe medirse por el número de fábricas que cruzan la frontera, sino por la investigación que se realiza aquí, las tecnologías que se desarrollan, las pequeñas y medianas empresas que se integran como proveedoras y el valor que permanece en nuestras comunidades. Una política industrial mexicana debe elevar la productividad y, al mismo tiempo, traducirla en mejores ingresos, derechos laborales efectivos y oportunidades para las nuevas generaciones.
El tratado seguirá siendo el espacio económico más importante para México. Defenderlo es sensato porque protege empleos, inversiones y una red productiva que ya forma parte de la vida cotidiana de Norteamérica. Pero conservarlo no puede ser el único objetivo. La verdadera medida del resultado será cuánto conocimiento, trabajo digno y valor agregado consigue retener nuestro país. Un acuerdo comercial abre mercados; una estrategia nacional decide qué país construimos dentro de ellos.