La seguridad metropolitana tiene una oportunidad histórica con gobiernos del mismo signo político para superar la visión patrimonialista del territorio la cual ha creado una línea invisible aprovechada por la delincuencia en la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México.
Esta premisa define el argumento central de la transformación actual: la seguridad compartida no depende de la expansión del estado de fuerza físico ni de la rigidez de las divisiones políticas, sino del desarrollo de capacidades operativas unificadas.
El avance metropolitano pasa por la mejora del entramado tecnológico capaz de homologar la velocidad de respuesta institucional con velocidad mayor al desplazamiento del crimen.
Transitar hacia la conformación de un C5 Metropolitano —no un búnker de concreto compartido, sino un ecosistema digital interconectado— representa un esquema de gobernanza multinivel como los expuestos por el teórico Jan Kooiman, quien define estas interacciones dinámicas como la vía indispensable para resolver problemas complejos insolubles de forma aislada.
La seguridad interconectada opera, así, con una noción similar a los sistemas micorrizas de los bosques, aquellas redes subterráneas uniendo raíces distantes y hongos para compartir nutrientes, alertar sobre amenazas y garantizar la supervivencia colectiva. Una lógica biológica aplicable a la seguridad.
La delincuencia ha explotado la frontera metropolitana aprovechando la ausencia de estrategias de colaboración tecnológica inmediata. Una banda de robo de vehículos, por mencionar el ejemplo más común, sustrae una unidad en Cuajimalpa o Álvaro Obregón para ocultarla minutos después en una bodega de Toluca, forzando un lento trámite de colaboración judicial entre fiscalías, y sabiendo que la asimetría en las bases de datos de videovigilancia y los diferentes sistemas de radiocomunicación pueden afectar el rastreo de rutas de escape.
En ese contexto, las dos entidades más pobladas del país tienen la oportunidad de tejer una red neuronal aérea, digital, operativa, orientada al intercambio sistemático de videovigilancia, lectores de matrículas y frecuencias de radiocomunicación en zonas limítrofes prioritarias.
La visita que tuvimos este fin de semana con la Jefa de Gobierno Clara Brugada al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca sienta las bases operativas para un cambio de paradigma.
Acompañada por los secretarios de Gobierno y Seguridad, César Cravioto y Pablo Vázquez, así como la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde; el titular de la ADIP, Emiliano Calderón, y el coordinador del Gabinete de Seguridad, Manuel Oropeza, la mandataria abrió la puerta a una alianza estratégica con el equipo mexiquense para mejorar la capacidad de respuesta.
Este acercamiento institucional con el secretario de Gobierno del Edomex, Horacio Duarte, y el de Seguridad, Cristóbal Castañeda, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez, así como con el encargado del despacho del C5, Hugo Barajas, configura un tablero de diplomacia policial enfocado en la construcción de paz regional.
Diseñar una estrategia desprovista de rigideces políticas resulta indispensable para contrarrestar economías criminales adaptables. Romper el aislamiento burocrático dota de herramientas a la vigilancia tecnológica, agilizando órdenes de aprehensión interestatales, facilitando cateos conjuntos contra el robo de vehículos y autopartes, extorsión o despojo en los bordes conurbanos.
La tecnología de los C5 —el de la CDMX con más de 119 mil cámaras que lo hacen el más robusto de América y el Edomex con 20 mil— son en el insumo principal de investigaciones sólidas destinadas a combatir la impunidad.
Esta arquitectura institucional transforma la antigua línea de aislamiento fronterizo en espacio común de construcción de seguridad.