¡Lo que son las cosas… el karma!, y es que resulta de no creerse que justo Bertha Alcalde, la fiscala capitalina que implacablemente el pasado mes de enero acusara al Patronato del Refugio Franciscano, A. C., de maltrato animal en grado penal sobre sus huéspedes, Los Franciscanitos, sin que hasta la fecha haya podido acreditarlo, tenga ahora en su reciente haber la muerte por negligencia y omisión de uno de los valiosísimos K9 más eficientes de la oficina a su encargo. Ello, tras de que además de tenerlo junto a otros elementos caninos prácticamente arrumbado en la azotea del edificio conocido popularmente como “El Bunker”, este agente perdió la vida a causa de una torsión gástrica que además de poderse advertir con suficiente antelación, es producto de un mal manejo, peeeeero… aquí sí que no se escuchará clamor histérico para hacerle justicia a BOSS, bello pastor alemán. Como bien dicen… más pronto cae un hablador que un cojo y, sí o sí, la funcionaria está obligada a dar explicaciones y mejor vida a esos perros que se dice, se comenta y se rumora que no están en un entorno ni mínimamente adecuado y que tampoco cuentan con atención médico-veterinaria y vigilancia 24/7.
Ya en otro asunto, no menos preocupante, me referiré al malísimo, incongruente, atrasado, desubicado, falto de sintaxis e incluso hasta de ortografía y por supuesto de técnica legislativa “proyecto de Dictamen” que pretende servir como LEY GENERAL EN MATERIA DE BIENESTAR, CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES, texto que desde su denominación inicia mal puesto que la preposición “DE” es incorrecta, debiéndose cambiar por una “A” puesto que la protección es a los compañeros animales y no para que los sujetos humanos se protejan de los no humanos. ¿Estamos? Y es que la política mexicana ha perfeccionado en grado mayúsculo el arte de la simulación siendo justo este ejercicio el más reciente en busca de colgarse una medalla dizque vanguardista en la materia, celebrando en el papel y en el discurso oficial un hito histórico (como ya se malgasta el término para cualquier asunto) como es el reconocimiento constitucional de los animales no humanos como “seres sintientes”; sin embargo, basta una lectura superficial al texto compuesto de 127 páginas para que la indignación sustituya al entusiasmo, sin omitir a los apreciados lectores que en lo personal he participado en innumerables proyectos del tipo desde el año 2000 y por lo tanto algo llevo de experiencia en la materia que de inicio hace imposible combinar la “protección” con el “bienestar”, ya que este último concepto aparte de ser objetivo y como así medible, no es más que para referir de forma menos cruel normas para la “explotación, uso y aprovechamiento de los animales domésticos, silvestres y los mal llamados “de abasto”, pero, insisto, con reglas dizque para evitarles sufrimiento o más bien para tratárnoslo de simular y hacernos sentir compasivas personas y por lo tanto lo que en realidad se nos ofrece como una legislación de avanzada termina siendo más una normatividad comercial con regulaciones sanitarias obsoletas y un copia y pega de diversas Normas Oficiales Mexicanas sin el menor rigor técnico. O sea, una mezcolanza jurídica incoherente y actualmente atrasada que queda evidenciada en una descuidada redacción plagada inclusive de un abuso absurdo de referencias en mayúscula o hasta de risa, también de género, por cuanto plantea la nueva figura de “personA médicA veterinariA”. Asimismo su sintaxis es confusa, violentando reglas básicas del lenguaje jurídico que lejos de tratarse de un detalle meramente cosmético, su ambigüedad conceptual abre peligrosos vacíos legales y para la libre interpretación, recordando que para más apuro es ordenamiento que tendrán que poner en práctica, cumplir y hacer cumplir los tres niveles de gobierno y que hay chorral de municipios donde el alcalde o la alcaldA no terminaron ni tercero de primaria, sucediéndose mayormente en las partes donde el abuso y el maltrato a los animales es lo del día. Siendo así cualquier norma carente de precisión sintáctica se convierte en arma de doble filo puesto que cualquiera que se sienta afectado podrá alegar incomprensión o entendimiento no claro y manipular a conveniencia las disposiciones, condición que en una ley de vanguardia debería darse por erradicada. El primer gran corto circuito que me provocó el Dictamen radica en su lenguaje discordante partiendo de que es imposible sostener que un individuo posea la capacidad intrínseca de sentir… sufrir o gozar… para luego, en el siguiente párrafo, normar su estatus como parte de una “colección”, término heredado de una visión patrimonialista y utilitarista ajena totalmente al propósito de la legislación y que de esa forma más bien termina describiendo mercancías u objetos inanimados. Clasificar a seres con la facultad de sentir bajo la misma categoría que pudiera tener una colección de timbres postales no es un descuido menor sino pleno y descarado desconocimiento y hasta negación de una realidad que aunque apenas aceptada siempre ha estado a la vista hasta del más renuente pero allí queda como LA PRUEBA de que el Congreso se niega al uso de los términos que corresponden al nuevo paradigma de la sintiencia. Esa cosificación disfrazada se agudiza aún más con la constante citación del término “uso”, perpetuando así la explotación de los otros animales y reduciendo su bienestar a una fórmula hipócrita donde se permite el confinamiento siempre y cuando el procedimiento cumpla con ciertos estándares estéticos y burocráticos y, bajo esta óptica utilitarista, los intereses de beneficio y propiedad humanos siempre aplastarán a los del resto de los animales. Ante cualquier vacío en tal sentido un juez optará siempre por el derecho humano sobre el de la sintiencia no humana porque la propia ley, así redactada, le otorga las herramientas para tratar a ese “ser sintiente” como objeto de aprovechamiento para diferentes fines y mientras ese texto configura un entramado complejo que lo mismo afecta a la fauna silvestre que a la utilizada en laboratorios u otros andamiajes, la resistencia civil se ha clavado, como de costumbre, en los animales de compañía y centralmente en los perros que por increíble que parezca igualmente son tratados con absoluta soberbia, desconocimiento y hasta frialdad y por tanto bajo la etiqueta de “control poblacional” se autoriza su matanza y al igual la de gatos respondiendo con ello a una lógica de rentabilidad social, contenidos en esta barbaridad los canes-soldado. Siendo así el ciudadano común sí marchará y protestará por los lomitos y michis, más no de igual manera contra las contradicciones técnicas que condenan a los animales “de rastro”, de explotaciones masivas o a los “de experimentación”, corriendo el riesgo de dejar intacto un absurdo legislativo sin metodología; una especie de manual técnico mal estructurado y sin tener en cuenta que sin presupuesto, capacitación y demás recursos cada demarcación optará por transitar hacia lo que le alcance en todo sentido. Afortunadamente tanto desde la presidencia como desde la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se puso un freno al propósito conminando a mesas de trabajo (casi siempre inútiles si no formas parte respetable de algún partido político), pero por lo pronto se avizora una revisión exhaustiva al documento partiendo de que la urgente necesidad de aplicarle congruencia jurídica, lenguaje apropiado y técnica legislativa serán el único camino aceptable. Continuaré al pendiente del tema.
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