Hay un México que ya no cabe en los municipios, que desborda las alcaldías, que ignora fronteras partidistas y que sufre, todos los días, la ausencia de una autoridad que lo gobierne como lo que es, una metropoli. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo la “Mesa Interparlamentaria para la Gestión y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas en México: Avances y Retos en materia Territorial y Urbano”, en el que participaron representantes de entidades federativas, legisladoras y legisladores, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, académicos y especialistas.
Para entender su dimensión, dos definiciones son clave. City Population define la aglomeración como una ciudad central y localidades vecinas vinculadas, mayormente, por zonas edificadas de manera más o menos continua, algunas con más de una ciudad central. Demographia, por su parte, las define como huellas urbanas, extensiones de urbanización sobre el entorno natural, sin considerar los límites políticos que generalmente asociamos con áreas metropolitanas. En ambos casos, la conclusión es la misma, la ciudad real ya rebasó a la ciudad legal.
Por eso, la mesa interparlamentaria para la Gestión y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, convocada por la Comisión de Zonas Metropolitanas, es potencialmente, el punto de quiebre entre 20 años de parches y el inicio de un verdadero Estado Metropolitano. Se trata de fortalecer el proyecto de Ley General de Zonas Metropolitanas. Y la clave está en coadyuvar. Porque el proyecto ya existe, pero estaba huérfano de territorio. Hoy, tras año y medio recorriendo el 60% de las zonas metropolitanas del país, regresa a San Lázaro con voz de calle, no solo de escritorio.
El acierto es poner los problemas reales al centro, agua, vivienda social, educación, movilidad y ordenamiento territorial. No son temas de agenda, son temas de supervivencia urbana. Coincido con la visión expuesta en la Mesa, sin coordinación y sin recursos, no hay metrópoli, hay suma de feudos. La experiencia de quien ha gobernado una zona metropolitana lo confirma. Un municipio solo, no puede resolver el agua que comparte con otros cinco, ni el transporte que cruza tres estados.
Aquí es donde está el nudo de la reforma, si la nueva Ley no crea un Fondo Metropolitano Concurrente, con candados, fiscalización y evaluación de impacto real, nacerá muerta. El viejo fondo fracasó por opaco y discrecional. No podemos repetir el error. La trampa que debemos evitar, es pensar que el problema es técnico, porque es de gobernanza. El riesgo de esta Ley es crear una superburocracia sin dientes. Las mesas de trabajo lo delinearon bien, se necesitan instancias con facultades de deliberación, ejecución y seguimiento, no solo consultivas. Necesitamos Agencias Metropolitanas técnicas, con capacidad ejecutiva y dejar de lado las cuotas políticas.
Desde la investigación sobre factores de la producción, el dato es contundente, las zonas metropolitanas concentran más del 75% del PIB nacional y más del 60% de la población. La Ciudad de México es la octava aglomeración más poblada del mundo, Monterrey la 91 y Guadalajara la 95. Gobernarlas con un marco municipalista de 1917 es condenarlas al colapso. Es como querer operar el metro con un reglamento de tranvías
Los datos del INEGI son cruciales, sin información homologada no hay planeación. Hoy cada municipio mide la pobreza, la movilidad y el agua a su modo. La propuesta de un Sistema de Información Metropolitana homologado, con indicadores comunes sobre movilidad, suelo, riesgo hídrico y servicios, es la columna vertebral de la Ley, pues, sin datos, no hay dinero bien gastado. Si esta LXVI Legislatura quiere trascender bajo el lema de “Soberanía y Justicia Social”, esta Ley debe contener al menos estos elementos no negociables:
Planeación más allá del trienio. Las mesas de Planeación Territorial deben tener visión de largo plazo, a 20 o 30 años. Las agencias metropolitanas deben estar blindadas de los cambios de alcalde y gobernador, con participación real de la academia, el sector privado y la sociedad civil.
Financiamiento permanente, no sexenal. Un mecanismo con base jurídica sólida, que no dependa de pretextos del Presupuesto de Egresos. Sin dinero etiquetado, la coordinación es una carta de buenas intenciones.
Personas al centro. Como subraya la exposición de motivos, el derecho a ciudades habitables e incluyentes debe ser el fin. No más vivienda social a 50 kilómetros del empleo, sin agua y sin transporte. La movilidad y el agua no son servicios, son derechos metropolitanos.
La Mesa Interparlamentaria es la culminación de un trabajo serio. Pero ahora viene lo difícil, legislar contra la inercia del poder local que no quiere ceder y de una fragmentación que nos sale más cara que la coordinación. Si esta ley logra traducir recursos en servicios, datos en decisiones y acuerdos en infraestructura, estaremos frente a la reforma urbana más importante del siglo. Si no, será una más en la larga lista de diagnósticos que ya conocemos de memoria.
La metrópoli no puede esperar más. Porque mientras discutimos si le toca al municipio, al estado o a la federación, millones de personas siguen perdiendo tres horas en transporte, sin agua en la llave o pagando una vivienda impagable. Es momento de pensar en la posibildad de un nuevo orden de gobierno metropolitano. Es hora de gobernar la ciudad real, no la ciudad legal.