Durante años, las víctimas de despojo en la Ciudad de México no solamente perdieron casas, terrenos o departamentos. También quedaron atrapadas entre ministerios públicos, expedientes interminables, conflictos familiares, documentos antiguos y autoridades que se pasaban la responsabilidad unas a otras. Mientras los propietarios intentaban demostrar lo evidente, quienes ocupaban ilegalmente los inmuebles ganaban tiempo.
Frente a esa crisis, el Gobierno de la Ciudad de México decidió responder.
La estrategia presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene un mérito que debe reconocerse: no reduce el despojo a un simple pleito entre particulares. Lo trata como un problema de seguridad, procuración de justicia, certeza jurídica y, en algunos casos, de corrupción institucional.
La propuesta reúne a la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica, el Poder Judicial, el Registro Público de la Propiedad y el Colegio de Notarios. Además, fija metas concretas: 15 días para asegurar y restituir un inmueble cuando exista certeza documental, y 30 días para judicializar los casos.
No es menor. En el servicio público, poner plazos también significa asumir responsabilidades.
La creación de una Defensoría Jurídica de la Propiedad representa otro avance importante, especialmente para quienes no tienen los recursos necesarios para contratar abogados o enfrentar procesos que pueden extenderse durante años. También resulta positivo que se anuncien investigaciones contra servidores públicos, notarios o redes que pudieran estar involucradas en operaciones fraudulentas.
De acuerdo con las cifras oficiales, el Gabinete Interinstitucional contra el Despojo ha revisado más de mil asuntos en 13 meses. De ellos, 388 fueron clasificados formalmente como despojo y se lograron 317 restituciones o aseguramientos. Los números muestran que existe capacidad de respuesta, pero también revelan la complejidad del problema: dos de cada tres denuncias corresponden en realidad a disputas civiles, familiares o sucesorias.
Por eso, la rapidez deberá estar acompañada de precisión. Restituir tarde una propiedad puede significar una injusticia; entregarla apresuradamente a quien no corresponde también.
La estrategia parte de un diagnóstico correcto y reconoce una crisis que afecta directamente el patrimonio construido por las familias durante décadas. Eso habla de un gobierno que escucha, reacciona y busca coordinar instituciones que durante demasiado tiempo trabajaron de manera aislada.
Ahora viene la verdadera prueba.
Responder a una crisis también es gobernar. Pero una respuesta no se mide únicamente por la contundencia del anuncio, sino por lo que sucede cuando una familia llama al 911, presenta sus escrituras y espera que la autoridad le devuelva, en verdad, lo que alguien intentó arrebatarle.
Por cierto:
1. TÓMALA. Nos cuentan que en Morena ya estaría tomada la decisión de expulsar a las diputadas Nay Salvatori y Grace Palomares, luego de las expresiones ofensivas en las que señalaron que los adultos mayores “huelen a baúl” y “ya se están pudriendo”. Los comentarios provocaron indignación dentro y fuera del partido, sobre todo porque chocan de frente con uno de los sectores que Morena asegura defender y reconocer como pilar de su movimiento. La dirigencia no estaría dispuesta a permitir que el episodio quede solamente en una disculpa pública o en un simple llamado de atención, pues el costo político podría ser mayor si se toleran expresiones discriminatorias provenientes de sus propias representantes. De confirmarse la expulsión, Morena buscaría enviar un mensaje claro: la irreverencia en redes sociales tiene límites, especialmente cuando se convierte en desprecio hacia millones de adultos mayores. Las legisladoras quisieron hacerse las graciosas, pero el chiste podría terminar costándoles la militancia.
Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta