La confianza pública no se decreta, no puede imponerse por mandato constitucional, ni construirse únicamente con nuevas instituciones. La confianza se gana todos los días, con decisiones claras, con explicaciones oportunas y con la certeza de que quien ejerce una responsabilidad pública está dispuesto a rendir cuentas frente a la sociedad.
Por eso considero que la instalación de la Autoridad Garante en Materia de Transparencia del Poder Judicial de la Federación representa un paso de enorme relevancia para esta nueva etapa de la justicia mexicana.
La transparencia no debe entenderse como una concesión de la autoridad hacia la ciudadanía, pues se trata de un derecho humano y, al mismo tiempo, un deber irrenunciable del Estado frente al pueblo.
Durante mucho tiempo se sostuvo la idea de que la independencia judicial exigía distancia, reserva y un grado considerable de aislamiento institucional, pero hoy sabemos que esa visión debe superarse.
Sabemos que mientras mayor sea la autonomía de una institución, mayor debe ser su obligación de explicar sus decisiones, transparentar sus procesos y someterse al escrutinio público.
Las instituciones democráticas no se fortalecen cuando nadie las observa; se fortalecen cuando responden con razones, con Derecho y con integridad.
En el Tribunal de Disciplina Judicial, la confianza de la gente constituye uno de nuestros bienes más valiosos. No basta con dictar sentencias jurídicamente correctas, es necesario que la sociedad conozca, comprenda y evalúe nuestro trabajo.
La sospecha de corrupción y de impunidad encuentra terreno fértil precisamente en la oscuridad, de ahí que abrir las puertas de juzgados y tribunales permite reconocer el trabajo honesto y profesional de miles de personas servidoras públicas que diariamente cumplen con su responsabilidad.
La transparencia tampoco se limita a abrir archivos o responder solicitudes de información. Significa convertir datos en información útil; explicar las decisiones en un lenguaje comprensible; proteger adecuadamente los datos personales, sobre todo de víctimas, infancias y grupos vulnerables; y conseguir que cada persona pueda entender qué hace una institución y por qué lo hace.
Si la justicia no se explica, corre el riesgo de alejarse de las personas que debe proteger.
Por eso, reitero mi convicción de que la reputación de las instituciones no se construye con declaraciones solemnes, sino con hechos: una solicitud atendida a tiempo, una sentencia comprensible, una explicación suficiente, una actuación pública verificable.
En el Tribunal de Disciplina Judicial estamos comprometidos con ello, por eso, el pasado jueves 6 de agosto, quedó instalada nuestra Autoridad Garante en materia de transparencia, que presidirá la magistrada Indira Isabel García Pérez.
La opacidad no puede formar parte de la nueva justicia mexicana. La confianza ciudadana exige instituciones abiertas, responsables y capaces de rendir cuentas. Ese es el rumbo que debemos seguir si aspiramos a que la justicia se ejerza verdaderamente de cara a la nación.
Magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación