Cada semana, desde esta tan importante tribuna como es La Crónica De Hoy, he insistido en un tema que los funcionarios públicos prefieren evadir, la creciente desconexión entre los estándares internacionales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y la realidad operativa de las instituciones mexicanas encargadas de perseguir estos delitos.
Hoy quiero hablar de un riesgo que no es especulativo, sino inminente: la posible inclusión de México en la “lista gris” del FATF-GAFI. Y quiero hacerlo no con alarmismo, sino con la precisión técnica que exige un tema de esta magnitud, la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) está a la vuelta de la esquina. Los plazos corren y los informes preliminares no son alentadores. México arrastra deficiencias estructurales en múltiples áreas, identificación de beneficiarios finales, aplicación efectiva de sanciones, intercambio de información con otras Unidades de Inteligencia Financiera, y capacidad operativa para convertir los Reportes de Operaciones Sospechosas en investigaciones judiciales que realmente conduzcan a condenas.
¿Qué significa estar en la lista gris?
No es una sanción simbólica, es un colchón de plomo para la economía nacional, los países incluidos en esta categoría son considerados jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de PLD/FT. Las consecuencias son inmediatas y devastadoras:
• Encarecimiento del crédito internacional. Los bancos corresponsales, particularmente estadounidenses, aplican mayores controles y exigen garantías adicionales para operar con entidades mexicanas.
• Fuga de inversión extranjera directa. Los fondos de inversión y las empresas globales evitan jurisdicciones señaladas por el FATF-GAFI, por el simple riesgo reputacional y operativo.
• Mayores costos de transacción. Cada operación financiera internacional se vuelve más lenta, más costosa y sujeta a revisiones exhaustivas.
• Daño reputacional. México sería percibido como un paraíso para el lavado de dinero, lo que afecta la imagen del país en foros internacionales y su capacidad de negociación comercial.
Y aquí quiero ser claro: no es un problema de soberanía ni de injerencia extranjera, es un problema de eficacia institucional, el FATF-GAFI no impone estándares caprichosos, son el resultado de décadas de experiencia global en el combate al crimen financiero. Países como Panamá, Nigeria o Turquía han estado en esa lista y saben perfectamente el costo que implica.
¿Qué está fallando en México?
En mi experiencia en la SHCP, en la ASF y en la Comisión Presidencial de los Fideicomisos Extintos, he visto de cerca cómo las herramientas existen, pero la voluntad política para aplicarlas es intermitente, cuando no inexistente.
La UIF genera Reportes de Operaciones Sospechosas, pero su capacidad para convertirlos en expedientes judiciales robustos es limitada, La Fiscalía Anticorrupción recibe denuncias, pero los procesos se eternizan, el intercambio de información con otros países miembros del Grupo Egmont es, en el mejor de los casos, insuficiente.
¿Qué necesitamos hacer?
Primero, asumir que el problema existe. Mientras los funcionarios minimicen el riesgo, seguiremos sin tomar decisiones.
Segundo, fortalecer la UIF. Dotarla de autonomía operativa real, recursos técnicos y personal especializado.
Tercero, implementar la Recomendación 24 del FATF-GAFI, que exige registros públicos actualizados y accesibles de beneficiarios finales de empresas y fideicomisos. Sin transparencia, no hay fiscalización posible.
Cuarto, y más urgente, crear mecanismos efectivos de coordinación entre la UIF, la FGR y la Fiscalía Anticorrupción, para que el conocimiento financiero se traduzca en acciones judiciales.
México no puede darse el lujo de ser colocado en una lista que encarecerá nuestra economía, ahuyentará la inversión y nos exhibirá como un país que no toma en serio el combate al crimen financiero.
No es una cuestión de política. Es una cuestión de supervivencia económica.