Hoy conmemoramos en México el Día Nacional de las Personas Mayores y resulta ser un buen momento para reconocer una de las grandes conquistas sociales de nuestro tiempo: vivir más años. Durante los últimos cincuenta años nuestra esperanza de vida pasó de alrededor de 58 a 75.5 años. Detrás de esos años ganados existen décadas de construcción pública como hospitales, vacunación, agua potable, saneamiento, seguridad social, educación, derechos laborales y mejores condiciones de vida.
La longevidad es vista solo como fenómeno demográfico, cuando también es una conquista política y social; pues vivir más pasa por luchas colectivas que ampliaron nuestros derechos y permitieron que bienes sociales alcanzaran a millones de personas.
Hoy somos alrededor de 17.1 millones de mexicanas y mexicanos de 60 años y más, equivalentes a casi 13 por ciento de la población. Para 2040 seremos cerca de 28 millones, una quinta parte del país, y hacia 2050 podríamos superar los 33 millones. En el transcurso de una generación México estará habitado por una sociedad mucho más longeva.
Este cambio nos plantea una cuestión profunda ¿qué hacemos con los años de vida que hemos conquistado y cómo evitamos que la desigualdad determine también la manera en que envejecemos?
Porque podemos vivir el mismo número de años y llegar a ellos en condiciones profundamente distintas. Influyen el ingreso acumulado por décadas, el tipo de trabajo que realizamos, nuestra alimentación, el acceso a los servicios de salud, a una vivienda digna e incluso a la posibilidad de recibir cuidados. Las desigualdades de la vida pueden acompañarnos hasta la vejez y, en ocasiones, hacerse todavía más visibles.
Por eso, ha sido trascendente que México haya colocado la seguridad económica de las personas mayores en el terreno de los derechos. La Pensión para el Bienestar dejó de concebirse como una ayuda condicionada y adquirió carácter constitucional. Este cambio contiene una definición política importante después de una vida de trabajo, la sociedad reconoce una responsabilidad colectiva con quienes llegan a esta etapa de la vida.
Sobre ese piso podemos construir una agenda más amplia. El ingreso es fundamental y convive con otras dimensiones igualmente decisivas, tales como conservar la autonomía, cuidar la salud, recibir apoyo cuando sea necesario, vivir en entornos accesibles y continuar participando plenamente en nuestra comunidad.
En esta dirección también comienza a transformarse la atención pública. Salud Casa por Casa lleva servicios preventivos directamente a los hogares de personas mayores y personas con discapacidad. Para mayo de este año se habían realizado más de 18 millones de visitas domiciliarias. El principio detrás de esta política es muy importante, ya que permite acercar el Estado a la vida cotidiana de las personas, antes de que una complicación termine en una sala de urgencias.
Esta perspectiva será cada vez más necesaria. Hemos ganado muchos años de esperanza de vida y ahora debemos procurar que sean también años de vida saludable. Ahí se encuentra una de las siguientes fronteras de nuestro sistema de bienestar, prolongar la autonomía y la capacidad funcional durante el mayor tiempo posible.
El reto será diferente en cada parte del país. Para 2040, las personas mayores podrían representar alrededor de 27% de la población de la Ciudad de México, mientras que en Chiapas representarían poco más de 13%. Nuestro envejecimiento tendrá ritmos territoriales distintos y requerirá respuestas igualmente diferenciadas en salud, vivienda, movilidad, servicios y organización comunitaria.
La comunidad constituye otra pieza central. En México existen alrededor de 2.5 millones de hogares formados por una sola persona mayor. Vivir solo puede expresar autonomía y capacidad de decidir sobre nuestra propia vida, pero también puede derivar en aislamiento cuando desaparecen las redes cotidianas. Los centros culturales, deportivos y educativos, los espacios públicos y las redes vecinales adquieren en una sociedad longeva un valor que supera ampliamente la recreación: sostienen pertenencia, participación y vínculos humanos.
Necesitamos también modificar culturalmente nuestra idea de la vejez. Una persona que llega a los 65 años puede tener por delante veinte o treinta años de vida. Puede continuar trabajando si así lo desea, estudiar una nueva carrera, enseñar, emprender, participar en organizaciones comunitarias, crear, viajar, transmitir conocimientos y comenzar nuevos proyectos.
Una sociedad que margina esa experiencia pierde capital humano, memoria y capacidad colectiva. La participación de las personas mayores en la vida económica, cultural y política debe formar parte de nuestra concepción de ciudadanía.
Ahí está el cambio de fondo. Durante mucho tiempo pensamos las políticas para las personas mayores fundamentalmente desde la asistencia. Hoy podemos construirlas desde los derechos, la autonomía y la participación. Esto implica reconocer que el bienestar en la vejez comienza mucho antes de cumplir 60 años y depende de las condiciones que una sociedad construye durante todo el ciclo de vida.
La izquierda mexicana ha colocado en estos años una idea fundamental en el centro de la política social, los derechos sociales deben acompañarnos a lo largo de nuestra vida y su ejercicio debe depender cada vez menos de nuestra capacidad económica. La universalización de la pensión para las personas mayores forma parte de esa transformación. El siguiente horizonte consiste en profundizarla mediante salud preventiva, cuidados, vivienda adecuada, movilidad accesible, espacios comunitarios y oportunidades reales de participación.
El envejecimiento de México será uno de los grandes cambios sociales de las próximas décadas. Podemos anticiparlo desde ahora y convertirlo en una oportunidad para construir instituciones más humanas, comunidades más solidarias y ciudades capaces de acompañarnos durante todas las etapas de la vida.
Y existe una razón política y personal para hacerlo, estamos construyendo el país en el que nosotros mismos vamos a envejecer. Las instituciones que fortalezcamos, las calles que hagamos accesibles, los servicios de cuidado que creemos, las redes comunitarias que preservemos y los derechos que consolidemos serán también parte de nuestra propia vejez.
El tamaño de este compromiso ya se refleja en las finanzas públicas, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria calcula que México destinará 2.3 billones de pesos a pensiones contributivas y no contributivas, equivalentes a 6% del PIB y a casi una cuarta parte del gasto neto total.
Los años adicionales que hoy disfrutamos fueron conquistados por generaciones que ampliaron derechos y mejoraron nuestras condiciones de vida. Nuestra generación tiene ahora otra responsabilidad histórica, conseguir que esos años puedan vivirse plenamente con independencia del ingreso, el género o el territorio. Hemos conquistado más años de vida. Ahora debemos convertir esa longevidad en otra conquista social que es el derecho de todas y todos a envejecer con salud, autonomía, comunidad y dignidad.