México es un país inapropiado para la niñez. Es una interpelación y una denuncia que deben repetirse todas las veces que sea necesario, hasta que cesen las condiciones de maltrato, descuido, abuso, violencia y olvido institucional; hasta que nos convirtamos en un país que dé pleno cumplimiento a los derechos de niñas y niños y, con base en ello, abra un horizonte promisorio para una nueva generación capaz de cimentar un país de igualdad, justicia y dignidad para todas y todos.
Los gobiernos de Morena han hecho gala de un descuido abominable de las niñas y los niños. Su política para las infancias se ha reducido al reparto de becas, sin criterios racionales ni mecanismos efectivos de distribución. Esas transferencias impactan positivamente en el ingreso de las familias con niñas y niños escolarizados, pero dejan fuera a los casi tres millones de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años que no están matriculados en ningún sistema educativo.
El peor resultado de este abandono, ante la mirada silenciosa del SIPINNA y del Sistema Nacional DIF, es el incremento de la mortalidad infantil en tres de los cuatro indicadores reportados en el Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal. En efecto, la tasa de mortalidad infantil se ubica, como estimación preliminar para 2025 y 2026, en 12.6 y 12.1 defunciones de menores de un año por cada mil nacidas y nacidos vivos. En 2015, el indicador fue de 13.7; es decir, en diez años la reducción ha sido tremendamente lenta y profundamente desigual entre las entidades de la República.
En el caso de la mortalidad de menores de cinco años por enfermedades respiratorias, el panorama es peor. En 2018, cuando llegó el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, el indicador reportado por el informe de la presidenta de la República fue de 14.5 decesos por cada 100 mil niñas y niños de ese grupo de edad; en 2015 se había situado en 17.2. Sin embargo, las estimaciones preliminares lo colocan en 15.3 para 2025 y en 15.9 para 2026.
En cuanto a la mortalidad de niñas y niños por enfermedades diarreicas, 2026 presenta el peor resultado de la serie que comienza en 2015. En 2018, cuando iniciaron los gobiernos morenistas, el indicador fue de 5.3 decesos por cada 100 mil menores de cinco años. En 2024 ascendió a 6.6; en 2025, a 8.1, y para 2026 se estima preliminarmente en 9.9: casi el doble de lo registrado al inicio de este periodo político.
¿Qué significa que una niña o un niño muera por causas cuya prevención depende de condiciones elementales de cuidado? La pregunta no puede agotarse en la evaluación de un indicador ni en la comparación administrativa entre periodos de gobierno. Cada una de esas muertes revela la forma concreta en que está constituido nuestro mundo común. Hace visible qué lugar ocupan las infancias en el orden de nuestras prioridades y cuál es la intensidad real de la obligación que asumimos frente a su vulnerabilidad.
Debe subrayarse que ese nivel de descuido no consiste solamente en la ausencia de acciones públicas responsables. Es una manera de percibir y organizar la realidad. Se descuida aquello que no es considerado como urgente; aquello cuya presencia puede ser aplazada sin que el orden cotidiano se altere. Más allá de manifestarse como insuficiencia presupuestaria, desarticulación institucional o precariedad de los servicios, el abandono se instala como una disminución de la sensibilidad: hay vidas cuyo sufrimiento deja de interrumpir el funcionamiento normal de la sociedad.
Por ello, el problema de las infancias mexicanas comienza en el hecho de que la niña y el niño son reconocidos predominantemente como beneficiarios, integrantes de un hogar o destinatarios de una transferencia; pero cuando la acción pública se organiza sólo alrededor de esas clasificaciones, la infancia concreta queda fragmentada entre instituciones y padrones. Su vida aparece por partes, mientras su vulnerabilidad permanece entera.
La beca entrega dinero, pero no puede respirar por una niña enferma; tampoco sustituye el agua limpia, la alimentación suficiente o la atención médica oportuna. Paradójicamente hoy más niñas y niños son “derechohabientes de las transferencias”, pero simultáneamente más niñas y niños fallecen por causas prevenibles.
Cuando una sociedad admite la muerte evitable de sus integrantes más frágiles, produce una forma extrema de desigualdad: distribuye de manera diferenciada la posibilidad misma de permanecer en el mundo. Algunas infancias reciben protección, tiempo, atención y futuro; otras quedan sometidas a una espera peligrosa, en la que una consulta tardía, un medicamento ausente o una institución indiferente pueden decidirlo todo. La pobreza aparece así, es una privación material y una reducción del derecho elemental a la supervivencia.
El descuido de la niñez expresa así, una crisis de la percepción política pues el Estado difícilmente reconoce a las infancias en su fragilidad concreta. Entre ser registrado y ser cuidado existe una distancia que resulta mortal; y en ello se localiza el fracaso más profundo de una política que presenta la transferencia monetaria como prueba suficiente de compromiso social.
Un país apropiado para la niñez comenzaría por devolver a cada niña y cada niño la capacidad de interpelar al conjunto de las instituciones. Su vulnerabilidad tendría que ordenar las prioridades públicas, anticipar los riesgos y obligar a intervenir antes de que el daño se consume. Mientras las muertes evitables continúen sin percibirse como la revelación de un mundo injustamente organizado, México debe seguir siendo denunciado, simple y llanamente, como un país inapropiado para la niñez.