El próximo 10 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dará el banderazo de salida al Proceso Electoral Federal 2026-2027, rumbo a la jornada electoral del 6 de junio de 2027. Un día después, el 11 de septiembre, comenzará también el Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027 en el Estado de México, uno de los 32 procesos locales que se desarrollarán de manera concurrente a la elección federal. La magnitud del desafío electoral es considerable: estarán en disputa 19 mil 609 cargos de elección popular en todo el país. Además, en el ámbito federal se renovará la Cámara de Diputados, integrada por 500 curules: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.
Como se ha expuesto en otros espacios, el trabajo de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no comienza con el arranque formal del proceso electoral. Por el contrario, la mayoría de los institutos electorales locales —entre ellos el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)— llevamos meses preparándonos para los desafíos que plantea esta elección. Sin embargo, las condiciones para hacerlo no han sido las mismas en todas las entidades. Por ello, considero pertinente poner el acento en las tensiones que rodean este proceso electoral. Aunque son diversos los desafíos que acompañan el inicio de los comicios, uno de ellos merece especial atención por sus posibles efectos sobre el desarrollo de las distintas etapas del proceso: la situación presupuestal de los organismos públicos locales electorales.
En este contexto, el INE, en el Informe sobre la Situación Presupuestal de los OPLE 2026, con corte al 10 de julio, identificó al OPLE de Colima como el único organismo en situación de alto riesgo, debido a que su presupuesto para este año fue recortado en 53.25 % respecto de lo solicitado. Por su parte, los OPLE de Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán registraron un nivel de riesgo moderado, una condición que podría traducirse en desafíos operativos importantes de cara al inicio de los próximos comicios.
Desde esta perspectiva, la suficiencia presupuestal no puede entenderse únicamente como un asunto administrativo. Ningún andamiaje institucional puede funcionar adecuadamente sin los recursos necesarios, no sólo por el riesgo de erosión de la capacidad operativa y logística, sino porque también se pone en juego la percepción de imparcialidad que sostiene la legitimidad de las elecciones ante la ciudadanía. En otras palabras, la situación presupuestal de los OPLE y su fortalecimiento institucional no son un tema menor, ya que trascienden el ámbito administrativo. Sus efectos se reflejan directamente en la calidad, la integridad y la legitimidad de las elecciones, así como en su capacidad para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
De ahí que el verdadero desafío de la integridad electoral no se ponga a prueba únicamente el día de la jornada comicial, sino a lo largo de cada una de las etapas que conforman el proceso electoral. La democracia no comienza cuando se instala una casilla ni termina cuando se cuentan los votos; se construye mucho antes, en las condiciones institucionales que permiten organizar elecciones auténticas. Por ello, garantizar que los OPLE cuenten con recursos suficientes no es sólo una decisión presupuestal, sino una apuesta por la certeza, la equidad y la confianza ciudadana que sostienen la legitimidad democrática.