Se llamaba Aleyda Romero Victorio. Tenía veintiún años, había llegado de San Martín Cuautlalpan, en Chalco, y trabajaba cuidando a los niños de una casa en Atizapán. La noche del 1 de septiembre la asesinaron ahí, junto a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto a Ana Paula Barragán, la esposa de él, embarazada de cuatro meses, y junto a Sofía, la hija de ambos, de tres años. Su hijo de seis sobrevivió.
Al día siguiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México difundió su comunicado, donde enumeró a las víctimas así: un masculino de 38 años, productor musical y compositor, de iniciales J.S.M.O.; su esposa, de 35 años y en estado de gestación; la hija de ambos, de tres años; una femenina de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado.
A Aleyda no la hicieron pertenecer a nadie. Al perro sí: fue inscrito como mascota de la familia, mientras que ella, la joven que cuidaba a esos niños, quedó reducida a un sexo y una edad. Ni siquiera le concedieron la ocupación por la que estaba en esa casa.
Podría alegarse que la autoridad debía ser cautelosa con los nombres. Pero el mismo documento nombró a Diego Sebastián “N”, detenido esa mañana, con su vínculo y su papel en los hechos. A quien la ley obliga a proteger, por su presunción de inocencia, se le concedió más que a la víctima. La parquedad con Aleyda no fue una regla: nada impedía escribir que era una mujer de veintiún años que trabajaba en esa casa.
Lo que siguió fue amplificación. La primera nota nacional con hora verificable apareció a las 12:16, y para las 14:13 circulaban siete piezas de alcance nacional en las que Jonathan tenía nombre y Aleyda no. A la una de la tarde ya había dos perfiles dedicados a quién era él, y hacia las seis y media un video tituló el hecho como el asesinato de Jonathan y tres personas más. Las tres personas más eran Ana Paula, Sofía y Aleyda. Las redacciones no inventaron esa jerarquía, la recibieron hecha.
Pero tampoco se limitaron a heredarla. Hacia las 18:37 la propia banda Camilo Séptimo difundió el nombre de Aleyda, de modo que a partir de ese momento la falta de información deja de explicar nada; y sin embargo, una hora después, El Heraldo de México publicó un titular que anunciaba que se revelaba la identidad de la empleada, sin usar el nombre que acababa de revelarse. A las 02:46 del día siguiente otro medio nacional seguía escribiendo “empleada doméstica”. Para entonces ya no faltaba el dato: sobraba la etiqueta.
Podría parecer un problema de formas, pero no lo es. Un nombre no es un dato administrativo: es la manera de reconocer que quien murió era alguien y no algo, con vida propia y no sólo una función dentro de la vida de otros. Nombrar a los muertos es lo más elemental que puede hacerse por ellos, y a esas alturas ya lo único. Cuando el Estado escribe “una femenina de 21 años”, no está siendo impreciso: está decidiendo que esa persona no requería ser nombrada como tal. La pregunta, entonces, no es por qué Aleyda Romero apareció tarde en la cobertura, sino qué hace que a unas víctimas se les reconozca de entrada esa condición y otras tengan que ganársela.
Ante esa pregunta hay una respuesta clásica. En 1986, el criminólogo Nils Christie mostró que una sociedad no reconoce a todas sus víctimas por igual: reserva ese reconocimiento para quienes se ajustan a una imagen previa de lo que una víctima debe ser. Alguien vulnerable, ocupado en algo respetable, sin culpa en lo ocurrido y agredido por un desconocido. A esa imagen la llamó víctima ideal, y quien se ajusta a ella recibe ese estatus sin discusión, mientras que el resto tiene que reclamarlo.
Aleyda Romero reunía todos esos rasgos y aun así no encabezó ninguna cobertura. En realidad, el molde sí operó en el boletín, sólo que no para ella. Ana Paula aparece como esposa y madre embarazada; Sofía, como hija de tres años; Jonathan, con su oficio. Los tres llegan al documento con un lugar reconocible y una relación que los sostiene. A Aleyda, que estaba en esa misma casa y murió de la misma manera, la Fiscalía no le encontró ninguno.
Y nadie tuvo que exigirlo. La familia de Jonathan tampoco llamó esa mañana a reclamar que lo nombraran: la lista ya venía escrita así. La asimetría no se produjo porque unos supieran defender a sus muertos y otros no. Se produjo antes, en el momento en que alguien decidió qué merecía escribirse acerca de cada cuerpo.
Un día después, en San Martín Cuautlalpan, la tía de Aleyda habló con la prensa, su familia exigió justicia y su pueblo la despidió con música de viento. Todo lo que la Fiscalía no encontró para escribirlo estaba ahí desde siempre: un nombre, una casa, una comunidad entera que sabía quién era.
No bastó con que dejara de ser “la empleada”. Cuando por fin la nombraron, la cobertura la volvió legible como la nana que salvó al niño, pese a que su familia declaró a La Jornada que no podía confirmarlo y pese a que la Fiscalía no lo había establecido.
Esa figura —la sirvienta que se sacrifica por los niños de la casa— tiene genealogía. En 2013, Séverine Durin y Natalia Vázquez estudiaron a la heroína-sirvienta de las telenovelas mexicanas: la joven humilde y abnegada cuyo sufrimiento termina premiado con el ascenso social. La cobertura tomó de ahí la abnegación y el sacrificio, pero le quitó el final. A Aleyda le pidió la entrega de la heroína sin la recompensa que la vuelve narrable, y encima una entrega que nadie ha podido confirmar.
No hace falta imputar clasismo a funcionarios ni a periodistas concretos, y quizá sea peor así. Basta con que un formato burocrático reparta atributos según la posición social de cada cuerpo, y con que la prensa lo reproduzca porque llega hecho y hay que publicar. Nadie decidió que Aleyda Romero Victorio valiera menos: alguien redactó una lista en la que el perro pertenecía a una familia y ella era una femenina de 21 años.
Tuvo que cruzar dos pruebas que a los demás se les ahorraron: dejar de ser “la empleada” y demostrar después, con una historia que nadie ha confirmado, por qué merecía ser recordada. La pregunta incómoda no es por qué tardamos treinta horas en nombrarla, sino por qué, cuando por fin lo hicimos, necesitábamos que hubiera salvado a alguien para concederle el derecho a ser llorada.