El 16 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió la determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027. México aparece en la lista, pero el documento introduce una formulación particularmente sensible: sostiene que las inversiones mexicanas en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar las campañas contra las organizaciones “narcoterroristas”, sus finanzas y sus redes criminales.
Conviene comenzar por una precisión jurídica. México no fue incluido entre los cuatro países -Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia- que, según Washington, “incumplieron de manera demostrable” sus obligaciones internacionales. El documento reconoce también que la inclusión puede obedecer a factores geográficos, comerciales y económicos, incluso cuando un gobierno realiza esfuerzos importantes contra el narcotráfico. Las restricciones a la ayuda se activan propiamente para los países declarados en incumplimiento, conforme a la legislación norteamericana.
Sin embargo, en política internacional, las palabras de una potencia delimitan el campo de lo que después puede exigir. Trump reconoce las incautaciones, la destrucción de laboratorios y el despliegue adicional de fuerzas mexicanas, pero inmediatamente establece una nueva prueba de suficiencia: México deberá invertir más, inspeccionar con mayor intensidad sus puertos y cruces fronterizos, involucrar a empresas privadas en la vigilancia de las cadenas de suministro y perseguir a los servidores públicos que protegen a los cárteles. Estados Unidos se reserva así la potestad de evaluar no sólo los resultados mexicanos, sino también la magnitud y orientación de su presupuesto y posibles mecanismos de financiación, ayuda o cooperación en la materia.
Los Estados no actúan fundamentalmente por amistad, gratitud o afinidad moral, sino conforme a sus intereses y a la correlación de fuerzas. Washington considera que el fentanilo constituye una amenaza para su seguridad nacional y utiliza su poder diplomático, financiero, comercial y militar para trasladar parte creciente de los costos de esa amenaza hacia México.
La exigencia presupuestal tendrá consecuencias. Si el gobierno mexicano acepta el diagnóstico de Trump, deberá aumentar los recursos destinados a inteligencia, aduanas, puertos, fiscalías, fuerzas armadas y persecución financiera. Pero en una hacienda pública sometida a presiones crecientes, cada peso adicional para la seguridad significa un peso que debe obtenerse mediante mayores ingresos, endeudamiento o reasignaciones.
Además, gastar más no equivale necesariamente a construir seguridad. Si los recursos se canalizan sin controles democráticos, indicadores verificables y mecanismos eficaces contra la corrupción, México podría profundizar la militarización sin reducir la capacidad territorial de las organizaciones criminales. Podríamos desplegar más soldados y, simultáneamente, conservar municipios capturados, fiscalías impotentes y mercados ilícitos protegidos políticamente. De este modo, la verdadera suficiencia presupuestal no debe medirse sólo por el volumen del gasto, sino por su capacidad para reconstruir instituciones civiles y romper las redes económicas y gubernamentales que hacen posible al crimen organizado.
La dimensión económica tampoco puede separarse de la seguridad. En 2025, el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos alcanzó aproximadamente 871 mil 600 millones de dólares. Esa integración hace improbable una ruptura total, pero también proporciona a Washington una capacidad extraordinaria de presión. Inspecciones fronterizas más lentas, mayores requisitos de trazabilidad, revisiones extraordinarias a exportadores o la vinculación política entre narcotráfico y comercio pueden elevar costos logísticos, interrumpir cadenas manufactureras y desalentar inversiones.
El lenguaje de la seguridad se ha convertido, de ese modo, en instrumento de negociación económica. Aquí reside otra de las amenazas más profundas: que la revisión permanente del gobierno mexicano determine aún más las decisiones comerciales, migratorias y fronterizas. La relación bilateral puede entrar en una etapa de condicionalidad acumulativa, en la cual cada expediente sirva para presionar en los demás. Trump no necesita romper la integración norteamericana; le basta con explotar su asimetría. La interdependencia redistribuye el poder de forma desigual y lo hace especialmente eficaz cuando una de las partes depende en mayor medida del acceso al mercado de la otra.
Es importante decir adicionalmente que la coincidencia de la determinación que se analiza, con la conmemoración del Día de la Independencia en México, produce, aun sin haber sido planeada, una imagen política con implicaciones simbólicas relevantes: mientras México representa ceremonialmente su independencia, Washington se arroga el derecho de calificar la suficiencia de sus instituciones, de su presupuesto y de su ejercicio de la soberanía.
La respuesta mexicana no debería ser la indignación retórica ni la obediencia silenciosa. El realismo exige reconocer que Estados Unidos posee recursos de presión muy superiores a los nuestros; pero también que enfrenta costos enormes si desestabiliza a su principal socio manufacturero y uno de sus mayores mercados. México necesita combatir con mucha mayor eficacia a los cárteles, no porque Trump lo ordene, sino porque esas organizaciones destruyen comunidades, capturan gobiernos, extorsionan economías y convierten a miles de personas en víctimas. Al mismo tiempo, debe insistir en una responsabilidad bilateral que incluya el tráfico de armas desde Estados Unidos, el lavado de dinero y la demanda de drogas que alimenta el mercado criminal.
La soberanía contemporánea no consiste en negar la interdependencia, sino en evitar que ésta se transforme en subordinación. La determinación de Trump es una advertencia abierta: el combate al narcotráfico se está convirtiendo en el lenguaje desde el cual Washington reorganiza sus relaciones hemisféricas. México deberá responder con instituciones más fuertes, diplomacia estratégica y resultados verificables, pero también con un límite inequívoco: cooperar no significa aceptar que una potencia extranjera determine unilateralmente cuánto debe gastar el país o cómo debe emplear sus fuerzas de seguridad.
Investigador del PUED-UNAM