Inició formalmente el proceso electoral 2026-2027 por lo que resulta necesario reflexionar sobre la importancia, el papel y las funciones que desempeñarán los titulares de los derechos ciudadanos en la renovación de gobernantes y representantes políticos. La ciudadanía es la institución constitucional que determina quién forma parte del pueblo, qué derechos corresponden a sus miembros y quién puede participar en el autogobierno. No obstante, las democracias casi nunca consiguen establecer una frontera completamente clara entre ciudadanos y no ciudadanos. De aquí surge una tensión permanente entre inclusión y exclusión. La democracia proclama la igualdad de quienes integran al pueblo, pero siempre enfrenta la pregunta previa de quién cuenta como parte del pueblo.
Recordemos que toda democracia establece fronteras entre ciudadanos y no ciudadanos. Esta distinción no es solamente administrativa porque ella determina quién participa en el autogobierno colectivo y quién queda fuera o en posición subordinada. Las constituciones, junto con las leyes, jurisprudencia y normas administrativas, establecen buena parte de las condiciones de pertenencia. Aunque debemos aclarar que muchas constituciones no definen claramente qué es la ciudadanía, pese a que ésta resulta fundamental para determinar quién posee determinados derechos políticos y civiles. Por eso, la ciudadanía es simultáneamente, un estatus jurídico, una forma de pertenencia política, un conjunto de derechos y obligaciones, así como una condición para participar en el gobierno democrático.
Al respecto, en la Ciudad de México aparece una cuestión particularmente fértil, porque la Constitución Política capitalina ya concibe una ciudadanía mucho más amplia que la ciudadanía electoral tradicional, aunque aún persiste una distancia entre el reconocimiento jurídico de derechos y su ejercicio efectivo. La máxima norma jurídica de la CDMX define la ciudadanía como un “vínculo existente entre las personas y la comunidad a la que pertenecen” para el goce de los derechos constitucionales. Además del sufragio, la Constitución también reconoce espacios de participación y de construcción de ciudadanía. Esto es importante porque modifica la concepción clásica de ciudadanía que se focalizaba en la garantía del voto cada cierto número de años, y la sustituye por una nueva lógica política que integra a la ciudadanía en una línea de continuidad que va de la pertenencia a la comunidad, a tener derechos, participar, incidir y controlar al poder público.
La Ciudad de México posee una de las concepciones constitucionales existentes más amplias de ciudadanía, reconociendo derechos políticos, participación, democracia directa, gobierno abierto, intervención territorial y sectorial, derechos de grupos prioritarios y mecanismos de control ciudadano. En el artículo 25 de su Constitución Política establece expresamente que las autoridades deben garantizar la democracia participativa como el derecho de las personas a incidir individual y colectivamente en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control de la función gubernamental. Adicionalmente, y esto es muy importante, la Constitución reconoce la ciudadanía social.
La Constitución Política de la CDMX afirma que los derechos pueden ejercerse individual o colectivamente y que tienen una dimensión social. También obliga a las autoridades a eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria. No basta con que una persona tenga credencial para votar. La ciudadanía democrática requiere condiciones materiales mínimas para participar en igualdad. De aquí la tesis de que no hay ciudadanía real cuando solo existen derechos formales, también son necesarias ciertas capacidades para ejercerlos efectivamente. La conciencia de esta problemática permite pasar de una ciudadanía meramente igualitaria en abstracto, a una ciudadanía sensible a las desigualdades reales.
La ciudadanía democrática no consiste únicamente en poseer derechos, sino en contar con las condiciones materiales, sociales, culturales y políticas necesarias para ejercerlos. La ciudadanía no termina en las urnas, comienza verdaderamente allí donde las personas pueden decidir sobre aquello que afecta sus vidas.