Hoy concluye el debate público que convocó a 130 jefes de Estado y de Gobierno en el contexto de la Semana de Alto Nivel de la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En ese evento se tuvo la oportunidad de escuchar diferentes posturas políticas respecto a los conflictos armados que actualmente afectan a la comunidad internacional. El evento, además, permitió reafirmar que la ONU atraviesa una de las crisis de autoridad más profundas de su historia reciente. El problema no consiste solamente en que sus resoluciones sean ignoradas o en que su Consejo de Seguridad permanezca bloqueado por las rivalidades entre las grandes potencias. El verdadero problema que se observa es mucho más profundo dado que lo que está en juego es la propia capacidad del sistema multilateral para establecer límites efectivos al ejercicio de la fuerza.
Existen momentos en la historia en los que la guerra se convierte en una prueba para las instituciones, el derecho internacional y la conciencia de la humanidad. Gaza es actualmente una de esas pruebas. Por ello, llama la atención la retórica de Benjamín Netanyahu quien abiertamente reconoció haber cometido crímenes de guerra, impulsando la evolución de la política exterior israelí hacia posiciones de creciente confrontación con el resto del planeta. Su discurso ante la ONU no se limitó a Gaza. Incorporó a Irán y a otros actores regionales dentro de la misma narrativa de victimismo y amenaza existencial. Su mensaje fue claro: Israel no acepta que la comunidad internacional establezca unilateralmente el significado de sus acciones. Es una política de defensa frente a lo que su gobierno considera una campaña de deslegitimación derivada del genocidio que ejecuta en Palestina.
Refleja también un desplazamiento de la política exterior israelí desde la diplomacia tradicional hacia nuevas alianzas ideológicas, sobre todo con países gobernados por la ultraderecha más radical. Netanyahu está buscando nuevos interlocutores entre gobiernos nacionalistas, populistas y sectores de la derecha internacional. Entre ellos destacan Marruecos, India, Argentina, Serbia o Azerbaiyán. También aparecen pequeños países como Naru, una isla de 12 mil habitantes en el Pacífico Sur, el cual anunció que será el noveno país en abrir su embajada en Jerusalén y no en Tel Aviv donde tradicionalmente se asientan la mayoría de las representaciones que reconocen el estatus especial de esa ciudad, reclamada por Palestina e Israel y donde la misma ONU aprobó la resolución 478 sobre neutralidad diplomática, instando a los países a mantener sus embajadas fuera de Jerusalén para no afectar los acuerdos de paz.
Incluso, el gobierno hebreo ha iniciado a establecer vínculos con distintas organizaciones políticas como el Partido de la Libertad de Austria, fundado por antiguos colaboradores del nazismo y acusado en el pasado por sus discursos abiertamente antisemitas. Lo mismo sucede con el derechista Partido Vox en España, que facilitó la incorporación del Partido Likud de Netanyahu como miembro observador del grupo europeo Patriotas por Europa. Hace unas semanas los gobiernos de Reino Unido, Francia y Canadá vetaron el comercio con los asentamientos judíos de Cisjordania por la violencia que ejercen los colonos judíos contra las poblaciones civiles en los territorios palestinos. La respuesta fue anunciar relaciones con el nuevo gobierno nacionalista de derecha de Eslovenia, que anunció mayores ventas de armas a Israel y revertir el reconocimiento del Estado palestino realizado por sus predecesores.
Esta situación adquiere una dimensión especial porque este próximo 27 de octubre, Israel acudirá a las urnas en las que serían las primeras elecciones nacionales desde que inició la guerra contra los palestinos. Este proceso electoral no solamente determinará quién encabezará el nuevo gobierno. También definirá qué lugar pretende Israel ocupar en el mundo. Esto es importante porque una nación puede ganar guerras y, contemporáneamente, perder su horizonte moral.