Durante buena parte del siglo XX mexicano, el matrimonio funcionó como una de las instituciones centrales para ordenar la vida privada y, a través de ella, una parte importante de la vida social. Era, además de una figura jurídica y religiosa, una forma de organizar expectativas, trayectorias vitales y responsabilidades. Casarse significaba, en muchos casos, iniciar una vida en común, formar un hogar, tener hijos y establecer una red relativamente estable de obligaciones familiares. Esa secuencia podía incumplirse, por supuesto, pero constituía el horizonte normativo dominante. Lo que muestran los datos recientes es que ese orden se ha modificado de manera profunda.
De acuerdo con el INEGI, en 2025 se registraron en México 491,640 matrimonios y 155,254 divorcios. La relación equivale a 31.6 divorcios por cada 100 matrimonios registrados en ese año. Como indicador de transformación histórica, su significado es innegable. En el año 2000 la relación era cercana a 7.5 divorcios por cada 100 matrimonios; de forma que estamos frente a una modificación sustantiva del régimen de la nupcialidad en México
En esa lógica, importa saber por qué aumentaron los divorcios, pero, sobre todo, conocer el conjunto de condiciones que hicieron posible que la disolución matrimonial pasara de ser un fenómeno relativamente excepcional a convertirse en una trayectoria frecuente y socialmente reconocible. En esa transformación convergen procesos jurídicos, demográficos, culturales y económicos: cambios en las legislaciones estatales, ampliación de la autonomía de las mujeres, modificación de las expectativas respecto de la vida en pareja, incremento de la escolaridad, transformaciones en los mercados laborales y una creciente secularización de las decisiones íntimas.
Pero si se observa únicamente el divorcio, la lectura queda incompleta. Entre 2020 y 2025 también cambió la estructura conyugal del país. La proporción de población casada disminuyó, mientras la unión libre mantuvo un peso significativo y la población divorciada aumentó. Al mismo tiempo, la edad promedio al matrimonio continuó elevándose. Las mujeres y los hombres se casan cada vez más tarde. Estudiar, trabajar, abandonar el hogar de origen, formar pareja, tener hijos y contraer matrimonio ya no ocurren necesariamente en el mismo orden ni bajo los mismos tiempos.
Puede sostenerse al respecto que el cambio estructural quizá se encuentra en la forma en que la sociedad organiza el tiempo de la vida. Durante décadas, las instituciones familiares ofrecieron una suerte de cronología social: había edades, momentos y transiciones esperables. Hoy la vida conyugal puede comenzar sin matrimonio; la maternidad o la paternidad pueden ocurrir fuera de él; una pareja puede convivir sin compartir todos los dispositivos jurídicos del vínculo; una separación puede anteceder durante años al divorcio legal.
La fecundidad confirma esta transformación. Entre 2020 y 2025 disminuyó el número promedio de hijos nacidos vivos entre las mujeres de 12 años y más, y las estimaciones recientes de la tasa global de fecundidad muestran niveles notablemente bajos. Tener menos hijos modifica la economía doméstica, la organización del cuidado, la relación entre generaciones y las necesidades de vivienda. También altera el sentido mismo del hogar, porque una casa con seis o siete integrantes responde a una lógica social distinta de otra integrada por una pareja sin hijos o por una sola persona.
En efecto, los hogares mexicanos también están cambiando. Entre 2020 y 2025 aumentó su número total, pero disminuyó su tamaño promedio y crecieron los hogares unipersonales. Esta combinación resulta reveladora: hay más hogares, pero menos personas dentro de cada uno. La expansión de la vida unipersonal constituye uno de los signos más claros de la transformación contemporánea, pues muestra que vivir solo dejó de ser una situación marginal para convertirse en una posibilidad social cada vez más frecuente.
Esta transformación tampoco debe idealizarse. Una mayor libertad para entrar y salir de las relaciones no elimina las desigualdades que atraviesan la vida doméstica. El acceso a vivienda, empleo, ingresos, redes de cuidado y protección frente a la violencia sigue distribuyéndose de manera profundamente desigual. En ese sentido, el divorcio puede ser al mismo tiempo una expresión de autonomía y un indicador de vulnerabilidad.
El hogar, por ello, no puede comprenderse como una simple unidad residencial. Es el espacio donde se distribuyen cuidados, afectos, recursos, autoridad, tiempo y vulnerabilidad. Allí se define quién trabaja fuera, quién cuida dentro, quién puede estudiar, quién dispone de ingresos propios y quién depende de otros. Si esa arquitectura cambia, cambian también las condiciones bajo las cuales una sociedad se reproduce.
Entre 2020 y 2025, los datos disponibles muestran que México continúa alejándose de un régimen en el que el matrimonio organizaba de manera casi obligatoria la vida familiar. El tránsito no es lineal ni homogéneo, y no ocurre al mismo ritmo en todas las regiones ni en todos los grupos sociales. Pero la dirección general parece clara: las trayectorias conyugales se diversifican, los hogares se reducen, la fecundidad disminuye y la vida familiar se desacopla progresivamente de una sola institución, abriéndose a una pluralidad y diversidad inéditas en nuestra historia.
Comprender este proceso exige comprender que el debate no se encuentra en definir si las familias están mejor o peor que antes, sino de reconocer que son legítimamente distintas. Y esa diferencia importa porque la sociedad no existe al margen de los hogares, sino que se produce y reproduce en ellos. Cuando cambia la forma en que las personas se unen, se separan, tienen hijos, envejecen, cuidan y viven juntas, cambia también la estructura profunda de la sociedad.
Investigador del PUED-UNAM