Para un gobierno que ha hecho de la recuperación salarial una de sus principales banderas, una protesta de trabajadores plantea una exigencia particular. Hay una expectativa fundada en lo que ese mismo gobierno defiende, que el trabajo alcance para vivir mejor y que quienes lo realizan tengan voz en las decisiones que les afectan. La inconformidad del personal del IMSS debe leerse dentro de esa relación. Sus demandas interpelan a un proyecto político que reconoce en los trabajadores una parte central de su razón de ser.
La recuperación salarial que hemos defendido por muchos años tiene que llegar a quienes sostienen nuestros servicios públicos de salud y esa defensa tiene por necesidad nombres y ocupaciones: la enfermera del turno nocturno, el camillero que traslada pacientes, la asistente médica que recibe los reclamos por una cita, el médico que termina su jornada con la sala de espera todavía llena. Todos tienen gastos familiares, compromisos y expectativas de una vida mejor. Su inconformidad merece ser examinada desde esa realidad. La propuesta inicial contemplaba 2.9% al salario tabular y 3.9% al Concepto 11, la ayuda para renta; mientras que el acuerdo anunciado el 21 de octubre elevó ambos componentes a 4%, para un incremento global de 8%.
Hay una mejora que debemos reconocer, conseguida después de que los trabajadores expresaron su desacuerdo. Ahora bien, explicar un aumento requiere hablar del dinero que efectivamente llegará a cada hogar y de sus efectos sobre las prestaciones. El porcentaje global puede resultar atractivo en un comunicado y dejar preguntas muy concretas en una clínica: cuánto recibiré, cuánto se descontará, cómo cambiarán mi aguinaldo y mis demás prestaciones. Preguntas completamente legítimas y que a las que debemos dar respuesta. Incluso la comparación con la inflación necesita considerar el conjunto del ingreso; tomar únicamente el aumento al tabulador resulta entonces una lectura incompleta. La política salarial gana credibilidad cuando sus resultados pueden entenderse en el recibo de pago y comprobarse al hacer las compras. Ahí se juega buena parte de la confianza de los trabajadores.
La consulta del 14 de octubre tuvo una consecuencia que vale la pena detenernos a pensar: la mayoría de los participantes rechazó la propuesta y la dirigencia sindical regresó a negociar. Quienes durante años hemos defendido la participación de los trabajadores podemos reconocer en ese episodio un ejercicio de poder colectivo. Los representantes recibieron una respuesta distinta de la que esperaban y tuvieron que actuar sobre ella. Ese es el sentido de consultar, también explica por qué merece atención la decisión posterior de dar por concluida la revisión sin someter el nuevo acuerdo a otra votación.
La mejora económica tiene valor propio; queda abierta la discusión sobre la manera en que los trabajadores participan en el cierre de una negociación que ellos mismos ayudaron a reabrir. Un sindicato representa a personas con opiniones distintas, con categorías laborales diferentes y con necesidades que tampoco son idénticas. Su tarea incluye explicar lo conseguido, responder por lo pendiente y conservar la interlocución con quienes siguen inconformes. Para una tradición política como la nuestra, formada en la defensa de los derechos laborales y las libertades democráticas, la autonomía sindical compromete tanto al gobierno, que debe respetarla, como a las dirigencias, que deben ejercerla con responsabilidad ante sus integrantes. La cercanía con un proyecto político puede facilitar el diálogo; también vuelve más exigente la obligación de acreditar a quién se representa cuando se ocupa una silla en la mesa de negociación.
Hay otra parte de esta situación que toca directamente a los derechohabientes. En la negociación aparecieron compromisos sobre plazas, medicamentos, insumos y condiciones de trabajo. Quien ha trabajado en un hospital sabe cuánto tiempo puede perderse tratando de conseguir un material, localizar un equipo disponible o cubrir una ausencia. Ese tiempo sale de algún lado: de la atención al paciente, del descanso del personal o de una jornada que termina por alargarse. Por eso debemos escuchar con cuidado las demandas que nacen de las unidades médicas; pues contienen información sobre el funcionamiento cotidiano del Instituto que difícilmente cabe completa en un informe administrativo. Una enfermera puede explicar en qué momento del turno resulta insuficiente la plantilla; el personal de farmacia conoce los obstáculos que encuentra una receta antes de ser surtida. Incorporar ese conocimiento a las decisiones tiene un valor público. Además, hay que ser precisos con la relación entre salario y servicio, pues un aumento contribuye a mejorar las condiciones del personal, mientras que el abasto, la contratación y el mantenimiento necesitan recursos y decisiones específicas.
El gobierno tiene aquí la responsabilidad particularmente delicada de actuar como interlocutor laboral y responde por una institución de la que dependen los asegurados y sus familias. La dirigencia sindical, por su parte, debe defender a sus integrantes y explicar los alcances de lo que acuerda. Los trabajadores aportan su experiencia y tienen derecho a organizarse; los derechohabientes necesitan continuidad, información y atención.
Construir acuerdos entre esos intereses exige oficio político, recursos y confianza. La disposición de las autoridades a revisar la primera propuesta permitió mejorar el acuerdo y mostró que había espacio para responder a la inconformidad. Veremos su alcance al conocer los compromisos que acompañan al incremento. Desde una posición comprometida con la transformación del país, podemos reconocer ese esfuerzo y sostener una discusión exigente sobre lo pendiente.
Quienes defendemos un proyecto político comprometido con los trabajadores tenemos que prestar atención cuando ellos expresan inconformidad. Su respaldo implica expectativas y obliga a responder.
En el IMSS, después de esta negociación, corresponde explicar con claridad lo acordado, cumplir los compromisos y mantener abierta la conversación en las unidades médicas, donde pueden apreciarse sus resultados.
Escuchar supone aceptar que una enfermera, un camillero o una asistente médica conocen problemas que merecen llegar a la mesa donde se toman las decisiones. También supone reconocer su derecho a discrepar, a pedir cuentas y a esperar una vida mejor después de años de servicio.
Hay una responsabilidad compartida entre autoridades y representantes sindicales: cuidar la confianza de quienes sostienen diariamente al Instituto. Esa confianza necesita razones para mantenerse. La próxima vez que un trabajador exprese una carencia, debería poder señalar qué cambió gracias a que fue escuchado. Ahí podemos empezar a medir cuánto de nuestras convicciones políticas está llegando a la vida de la gente.