La hegemonía y legitimidad de un movimiento político en espacios urbanos de alta complejidad obliga a priorizar el nivel básico de la administración pública: el territorio.
Ese espacio no es únicamente delimitación geográfica, sino el lugar donde la política adquiere sentido y las decisiones de gobierno se traducen en condiciones de vida.
Desde la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, impulsa una estrategia de descentralización encaminada a robustecer las periferias, un mecanismo orientado a sustituir la intermediación política tradicional por una presencia institucionalizada.
En ese contexto, la solicitud de licencia del diputado Pedro Haces Lago para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Tlalpan incorpora un factor disruptivo en un espacio donde la construcción de hegemonía política requiere presencia, capacidad de articulación y reconocimiento de las distintas realidades comunitarias.
La frase pronunciada por Brugada en la alcaldía Gustavo A. Madero, durante la rendición de cuentas del alcalde Jeancarlo Lozano —“que nadie lo olvide, venimos desde muy lejos, venimos de los movimientos sociales, de los barrios, de las luchas históricas del pueblo”— constituye la definición de una identidad colectiva cuya principal referencia no está en las estructuras partidistas, sino en su arraigo comunitario.
La memoria de esas luchas se refrenda mediante respuestas concretas a las demandas sociales. Para el geógrafo, antropólogo y teórico social marxista británico David Harvey, los gobiernos usan la construcción de obras públicas e infraestructura para darle estabilidad al entorno social. Antonio Gramsci señalaba que el poder real no se logra a la fuerza, sino ganándose el apoyo y la confianza a través de las ideas, la cultura y las organizaciones sociales.
Desde estas dos visiones, el movimiento político disruptivo se fortalece cuando logra el respaldo social de sus ideas y, al mismo tiempo, lo demuestra construyendo obras que revolucionan la vida diaria en las comunidades.
A nivel macro y micro, la orientación del gasto público respalda materialmente esta proyección territorial. Las políticas de la Presidenta Claudia Sheinbaum se tradujeron en un incremento del 8% en la inversión pública al tercer trimestre del año, con un impacto distributivo acentuado en rubros como la educación y la salud.
Esta correspondencia se hace evidente en agendas locales y en el trabajo legislativo. En Azcapotzalco, bajo la conducción de la alcaldesa Nancy Núñez, el gasto público se ha orientado prioritariamente a mitigar las carencias del entorno inmediato. De igual manera, en Gustavo A. Madero se han priorizado obras hidráulicas y tecnología para la seguridad. Prioridades impulsadas desde el Congreso local y evidenciadas en sus avances en la rendición de cuentas de la diputada Leonor Otegui.
El despliegue de esta gestión de proximidad muestra alcances equivalentes en geografías tradicionalmente complejas y fragmentadas. En Álvaro Obregón, caracterizada por fracturas socioeconómicas y una accidentada topografía, el alcalde Javier López Casarín —quien rindió su informe el 27 de octubre— enfrenta la tarea de aplicar soluciones de conectividad, movilidad y vigilancia urbana bajo criterios de segmentación territorial específicos.
Punto común entre las demarcaciones son los avances en seguridad. Aunque falta por hacer, hay una alineación con la política desplegada por el gobierno federal y encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
De cara a los desafíos de 2027, las tres directrices delineadas por Brugada —disciplina de las estructuras internas, alineación con la agenda del ejecutivo federal y movilización comunitaria de base— dotan al movimiento de resiliencia organizativa.
Esta estructura todo terreno cuenta con la capacidad de amortiguar el desgaste natural derivado del ejercicio gubernamental prolongado.