Además de la corrupción, el Instituto Nacional Electoral enfrenta diversos desafíos: el salvaje recorte presupuestal del 24% que le será aplicado, el desmantelamiento de sus estructuras ciudadanas, el creciente malestar laboral entre los empleados de sus módulos de credencialización, los evidentes conflictos de interés en la toma de decisiones y la enorme distancia que existe entre los consejeros electorales y la realidad que los circunda. La actual crisis de credibilidad amenaza con convertirse en una crisis más profunda que deteriore la confianza ciudadana en el conjunto de instituciones, reglas y procedimientos mediante los cuales elegimos a nuestros representantes. Ella podría expandirse cuando la corrupción, la impunidad, el financiamiento ilegal, el uso patrimonial de los recursos públicos y la captura de las instituciones incrementen la percepción –o la evidencia- de que actualmente la competencia política en México no se desarrolla en condiciones de libertad, equidad e imparcialidad.
Las elecciones no pierden legitimidad solamente cuando se sospecha que los votos fueron manipulados. También la pierden cuando el dinero ilegal, los abusos de poder, la impunidad o la corrupción hacen que la ciudadanía deje de confiar en las instituciones. La democracia no comienza ni termina el día de las elecciones. No basta con instalar casillas, contar votos y anunciar resultados. Para que una elección sea verdaderamente democrática, la ciudadanía necesita tener confianza de que su voto cuenta, que todas las fuerzas políticas compiten bajo las mismas reglas y que las autoridades electorales actúan con independencia e imparcialidad. Cuando la sociedad comienza a dudar de las instituciones, procedimientos y condiciones bajo las que se eligen a sus representantes, el problema ya no consiste en saber quién ganó, sino en preguntarse si el proceso fue limpio, justo y confiable. La credibilidad se pierde cuando las autoridades responden a intereses políticos, no son transparentes o la ciudadanía percibe que la ley se aplica de manera diferente según sea el beneficiario o el afectado.
El riesgo es que esta vez la nueva crisis del sistema electoral no se referirá al ganador de las elecciones, sino directamente a la integridad del procedimiento que permitió establecer quien obtuvo el derecho a gobernar. La credibilidad electoral descansa en la equidad de la competencia, la confianza ciudadana y la integridad institucional. Si se deterioran más, la legitimidad democrática del sistema político en su conjunto quedaría comprometida. Esta situación derivaría en la posibilidad de modificar profundamente el diseño institucional del INE, lo cual permitiría abrir la eventualidad de su extinción como ya ocurrió con otras instituciones constitucionalmente autónomas. La tentación sería grande porque en materia
electoral la corrupción tiene una doble incidencia sobre quienes detentan el poder: debilita la confianza en quienes gobiernan y pone en duda la transparencia de los mecanismos mediante los cuales se llega al gobierno.
Aquí aparece el problema del populismo electoral. No toda crítica a las autoridades electorales es populista, ni toda exigencia de transformación institucional representa un peligro para la democracia. Cuestionar los privilegios, denunciar irregularidades y exigir que las instituciones sean más eficientes forma parte de la vida democrática. La crisis de credibilidad también puede ser aprovechada por liderazgos políticos que presentan a las instituciones como la causa de todos los problemas. Por esto, la democracia contemporánea enfrenta una paradoja: nunca se invoca tanto al pueblo como en aquellos momentos en que los actores políticos pretenden hablar en su nombre sin reconocer su pluralidad.
La voluntad popular se convierte en una poderosa fuente de legitimidad, que también puede ser utilizada como argumento para descalificar a los adversarios, cuestionar a las instituciones o debilitar los mecanismos constitucionales que limitan el ejercicio del poder. La democracia no consiste en eliminar las mediaciones institucionales. Consiste precisamente en organizar la diversidad social mediante procesos transparentes de representación, deliberación, competencia y control del poder.